La ponencia de Marchena, que según las fuentes consultadas alcanza las 183 páginas en su versión actual, ha sido distribuida a los cuatro magistrados restantes de la Sala esta misma tarde mediante el sistema electrónico seguro del Tribunal Supremo, un gesto que indica que el ponente considera que el texto está listo para ser discutido y que la deliberación del lunes no será un mero trámite de inicio sino una sesión sustantiva en la que los magistrados debatirán los puntos más controvertidos de la sentencia. Las fuentes judiciales consultadas por El Hemiciclo, que exigen anonimato absoluto dado que la revelación del contenido de una ponencia antes de la sentencia constituye un delito de revelación de secretos, coinciden en tres datos fundamentales: primero, que la ponencia no incluye la absolución de ninguno de los tres principales acusados, lo que significa que Marchena propone condenas para Ábalos, Koldo y Aldama, aunque las penas propuestas podrían diferir de las solicitadas por Anticorrupción; segundo, que la ponencia acepta la mayor parte del relato de hechos de la acusación pero modifica la calificación jurídica de algunos de los delitos, lo que podría reducir las penas respecto a los 24 años que Anticorrupción pide para Ábalos; y tercero, que el debate más intenso se producirá en torno a la responsabilidad de Ábalos como autor o como cooperador necesario, una distinción técnica que tiene consecuencias penológicas enormes.
La posición de Anticorrupción, que el fiscal Alejandro Luzón ha mantenido invariable durante las 14 sesiones de vista oral, es que Ábalos es autor directo de un delito de cohecho agravado, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, con una pena conjunta de 24 años de prisión; que Koldo García Izaguirre es cooperador necesario en los mismos delitos, con una pena solicitada de 19 años y medio; y que Víctor de Aldama es inductor y beneficiario principal del esquema de comisiones, con una pena de 7 años. Las defensas, por su parte, han mantenido la petición de absolución para los tres acusados, alegando que las comisiones no están acreditadas documentalmente, que los contratos de mascarillas se adjudicaron conforme a la legislación de emergencia y que las conversaciones interceptadas por la UCO han sido interpretadas fuera de contexto. El debate en la Sala Segunda se centrará previsiblemente en cuatro puntos: la admisibilidad de los audios grabados por la UCO en el despacho de Koldo — cuya legalidad ha sido cuestionada por la defensa —, la determinación del momento en que Ábalos tuvo conocimiento de las comisiones, la cuantificación exacta del perjuicio patrimonial para el Estado, y la eventual aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, dado que el caso ha tardado cinco años en llegar a juicio.
La sentencia del caso Koldo tendrá repercusiones políticas que trascienden con mucho el ámbito judicial. Si el Tribunal Supremo condena a Ábalos a una pena cercana a los 24 años, el PSOE se enfrentará a la peor crisis de credibilidad desde los escándalos de los GAL en los años noventa: un exministro de Transportes, hombre de confianza de Pedro Sánchez durante años, condenado por corrupción en la gestión de una pandemia que mató a más de 100.000 españoles. La condena proporcionaría al PP y a Vox el argumento definitivo para solicitar la dimisión de Sánchez o, en su defecto, para presentar una moción de censura que, aunque aritméticamente imposible sin los votos de los partidos minoritarios, serviría como plataforma mediática para erosionar al Gobierno. Si, en cambio, la Sala reduce significativamente las penas o modifica la calificación de los delitos — por ejemplo, degradando el cohecho agravado a cohecho simple o eliminando la malversación —, el PSOE dispondría de margen para argumentar que «la Justicia ha confirmado que no hubo un caso de corrupción sistémica sino de irregularidades individuales», una narrativa que la máquina de comunicación de Moncloa ya tiene preparada en tres versiones distintas según el grado de condena.
El caso Kitchen, que comparte Sala con el caso Koldo aunque es sustancialmente distinto, ha experimentado esta semana un giro procesal que podría retrasar la sentencia varios meses. Los abogados de José Manuel Villarejo han presentado esta mañana un recurso de nulidad contra los registros practicados en su domicilio y en tres trasteros de su propiedad en noviembre de 2017, alegando que la cadena de custodia de los documentos incautados fue «sistemáticamente vulnerada» durante los nueve años que los documentos han permanecido en dependencias policiales. El recurso, de 87 páginas, incluye un informe pericial de un experto en documentoscopia que señala «indicios de manipulación» en tres de los discos duros incautados: marcas de acceso posteriores a la fecha de sellado, discrepancias en los hashes criptográficos y la ausencia de dos discos duros que figuran en el acta de registro original pero que no han sido presentados como prueba en el juicio. La defensa de Villarejo no acusa directamente a la policía de fabricar pruebas — una acusación que requeriría una querella separada —, pero sugiere que el paso del tiempo y la falta de un protocolo riguroso de custodia han contaminado la fiabilidad de las pruebas documentales hasta el punto de hacerlas inadmisibles.
El tribunal que juzga el caso Kitchen, presidido por la magistrada Susana Polo, ha decidido dar traslado del recurso a las acusaciones por un plazo de diez días, lo que en la práctica significa que la fase documental del juicio queda suspendida hasta que las partes se pronuncien y el tribunal resuelva. Si el recurso prospera — algo que los procesalistas consultados consideran improbable pero no descartable —, la prueba documental quedaría anulada y la acusación tendría que sostenerse exclusivamente en las declaraciones de los testigos y en las grabaciones telefónicas, un escenario que debilitaría significativamente la posición de la Fiscalía contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. La coincidencia temporal entre el recurso de Villarejo y la convocatoria de la deliberación del caso Koldo no es casual: ambas defensas están coordinadas por el bufete Urdangarín-Marcos, que representa simultáneamente a Villarejo en Kitchen y a uno de los acusados menores en el caso Koldo, y la estrategia de crear ruido procesal en un caso para desviar la atención mediática del otro es una técnica clásica de la litigación penal de alto perfil.
El tercer frente judicial — el caso Begoña Gómez — ha registrado esta semana un desarrollo que, aunque menos espectacular que los otros dos, tiene implicaciones políticas igualmente profundas. El juez Juan Carlos Peinado ha confirmado esta mañana, mediante auto de 12 páginas, que el juicio contra la esposa del presidente del Gobierno se celebrará con jurado popular, desestimando el recurso de la defensa que solicitaba que la causa fuera juzgada por un tribunal profesional. La decisión de Peinado se basa en que los delitos imputados — tráfico de influencias y corrupción en los negocios — están incluidos en el catálogo de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, y que la inclusión posterior de los delitos de malversación y apropiación indebida no modifica la competencia porque estos últimos son conexos a los primeros. La Fiscalía, que ha reiterado esta misma semana su petición de archivo de la causa por «ausencia de indicios racionales de criminalidad», ha anunciado que recurrirá el auto ante la Audiencia Provincial de Madrid, pero los plazos procesales hacen improbable que el recurso se resuelva antes de septiembre, lo que significa que la sombra del juicio con jurado pesará sobre la presidencia de Sánchez durante todo el verano.
La coincidencia de los tres frentes judiciales en la semana posterior al 17-M no es un accidente del calendario sino el resultado de una confluencia de plazos procesales que los propios tribunales han intentado gestionar con la máxima discreción. Marchena retrasó deliberadamente la convocatoria de la deliberación del caso Koldo hasta después de las elecciones andaluzas, una decisión que fuentes de la Sala justifican por la necesidad de «evitar que la sentencia interfiera en el proceso electoral» pero que la oposición denuncia como una concesión al Gobierno. Peinado, por su parte, aceleró la resolución del recurso sobre el jurado popular precisamente para que la decisión se conociera antes del 17-M, una estrategia que las fuentes de la judicatura interpretan como un intento del juez instructor de reforzar su posición frente a las acusaciones de parcialidad que el PSOE ha mantenido durante toda la instrucción. Y los abogados de Villarejo eligieron este viernes de jornada de reflexión para presentar su recurso de nulidad, sabiendo que la prensa estaría centrada en las elecciones y que el impacto mediático de un recurso que cuestiona la integridad de las pruebas policiales sería menor un viernes de reflexión que un martes de actividad parlamentaria plena.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo que deliberará el lunes sobre el caso Koldo es una de las formaciones judiciales más experimentadas de Europa: Marchena tiene 35 años de carrera judicial, Ferrer fue la primera mujer en presidir la Audiencia Provincial de Barcelona, Magro es catedrático de Derecho Penal, Polo fue letrada del Tribunal Constitucional y Puente dirigió durante una década la Escuela Judicial. Los cinco magistrados han juzgado juntos el caso del procés, el caso de los ERE y el caso Bankia, y su capacidad para alcanzar ponencias unánimes o casi unánimes es bien conocida en los círculos judiciales. Las fuentes consultadas anticipan que la deliberación del caso Koldo podría completarse en una sola sesión si los magistrados aceptan la ponencia de Marchena con modificaciones menores, o prolongarse durante dos o tres sesiones si algún magistrado presenta un voto particular. La sentencia, una vez deliberada y votada, necesitaría entre cinco y diez días adicionales para ser redactada en su forma definitiva, lo que sitúa su publicación a finales de mayo o principios de junio, en plena resaca postelectoral y a las puertas de la cumbre extraordinaria de la UE sobre aranceles.
A las 18:30 de este viernes, los tres frentes judiciales que han estado en pausa durante las últimas semanas se preparan para despertar simultáneamente el lunes, creando una tormenta judicial que coincidirá con la tormenta política del post-17-M y con la tormenta literal que la AEMET ha anunciado para mañana. La imagen del lunes será la de un país que amanece con un resultado electoral que analizar, una deliberación del Supremo que seguir, un recurso de nulidad que evaluar y un juicio con jurado que digerir, todo ello mientras el Gobierno gestiona una crisis diplomática con Israel, una guerra comercial con Estados Unidos y una emergencia sanitaria en un crucero de la Antártida. España ha vivido semanas más tranquilas, pero pocas en las que la convergencia de lo judicial, lo electoral y lo internacional haya sido tan completa y tan simultánea. El triple veredicto que se avecina — el veredicto de las urnas el domingo, el veredicto de Marchena la semana siguiente y el veredicto de la opinión pública sobre la gestión de todas estas crisis — definirá el horizonte político de España hasta fin de año.
