El episodio que ha destapado el malestar acumulado ocurrió el 30 de julio, cuando dos vehículos empleados por el destacamento español en Saint-Louis resultaron incendiados. Según la información difundida por medios senegaleses, la Brigada de Investigación de esa ciudad localizó y detuvo a un presunto autor: un antiguo trabajador vinculado a la vigilancia del alojamiento que, presuntamente, habría actuado como represalia tras la finalización de su relación laboral.
La AUGC ha querido despejar cualquier lectura que vincule el suceso con un ataque a España o a la misión. "No se trató, por tanto, de un ataque contra España, ni contra la Guardia Civil como institución, ni de una reacción de la población de Saint-Louis frente a la misión que allí se desarrolla", señala la asociación, que subraya la diferencia entre "extraer lecciones del suceso y reforzar la protección de las personas y de los medios" y "convertir un episodio individual en la justificación de limitaciones estructurales sobre la vida cotidiana de quienes están comisionados".
El destacamento de Saint-Louis forma parte del dispositivo de cooperación que la Guardia Civil mantiene con Senegal, orientado al control de la migración irregular y a la vigilancia de las rutas atlánticas hacia Canarias, uno de los principales corredores de llegada de embarcaciones en los últimos ejercicios. Los agentes rotan en comisiones temporales de servicio, un formato que, según los testimonios recabados por la asociación entre guardias con experiencia en anteriores despliegues, habría provocado un desgaste acumulado en la infraestructura utilizada como alojamiento tras años de ocupación continuada por sucesivos relevos.
Ese cuadro de deterioro, según la AUGC, incluye deficiencias de mantenimiento y problemas de salubridad, entre ellos la presencia habitual de insectos, también en la cocina. La asociación difundió imágenes del suelo de las estancias como respaldo gráfico de las quejas. Los testimonios, precisa, proceden de agentes con experiencia acumulada en el despliegue de los últimos años, ajenos al personal actualmente comisionado, que quisieron aportar "una visión de conjunto sobre el funcionamiento del destacamento".
La asociación pone especialmente de relieve la particularidad de la gestión económica: son los propios comisionados quienes buscan, gestionan y sufragan el alojamiento con las cantidades que perciben durante la comisión, pero disponen después de un "margen muy reducido para decidir su ubicación o determinadas condiciones de su vida cotidiana dentro de él". Por eso reclama la fijación de "criterios objetivos, previamente conocidos y homogéneos".
La reivindicación, según ha trasladado la AUGC, no pasa por alojamientos individuales, un incremento del gasto público ni ningún trato de privilegio. "No se reclama alojarse por separado, ni un incremento del gasto público, ni privilegio alguno. Se plantea únicamente poder mejorar las condiciones de vida durante los meses que dura el despliegue, manteniendo al destacamento unido y sin alterar en absoluto el normal cumplimiento del servicio", remarca la asociación.
El cauce reglamentario
Para canalizar estas quejas, la AUGC ha elaborado un modelo de instancia dirigido a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, que pone a disposición de todos los agentes afectados, tanto los actualmente desplegados en Saint-Louis como quienes participaron en comisiones anteriores, para que sea cada uno quien decida, "si así lo estima oportuno", trasladar por conducto reglamentario las deficiencias detectadas y solicitar soluciones. Junto al modelo, ofrece el asesoramiento de sus servicios jurídicos a quien lo pida, tanto para adaptar el escrito a cada situación como para el seguimiento posterior de la respuesta.
Este mecanismo se enmarca en el derecho de petición y en la vía de queja administrativa que asisten a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El régimen del cuerpo distingue expresamente entre el ejercicio legítimo de esos derechos y las conductas que pudieran calificarse de indisciplina. La propia asociación recuerda que una "discrepancia razonable sobre condiciones de alojamiento no es indisciplina", y reclama que las reclamaciones se resuelvan por la vía administrativa ordinaria, sin consecuencias para quienes las formulen.
Las comisiones de servicio en el exterior, especialmente en países de origen o tránsito migratorio, han sido objeto en los últimos años de reclamaciones asociativas recurrentes de los cuerpos de seguridad españoles, relacionadas tanto con las condiciones materiales del despliegue como con las compensaciones económicas. La cooperación policial hispano-senegalesa en materia migratoria se remonta a la denominada crisis de los cayucos de 2006, cuando España reforzó su presencia en la costa occidental africana mediante acuerdos bilaterales para el patrullaje conjunto, un marco que ha mantenido de forma continuada desde entonces.
La Dirección General de la Guardia Civil no ha realizado, por el momento, pronunciamientos públicos sobre este caso concreto ni sobre las instancias anunciadas por la asociación.
El seguimiento de la reclamación dependerá ahora de la respuesta que la Dirección General dé a los escritos que vayan presentando los agentes por conducto reglamentario, un trámite sin plazo único que puede prolongarse en función del volumen de instancias recibidas y de las comprobaciones necesarias sobre el estado del inmueble en Saint-Louis. La AUGC ha señalado que continuará recabando testimonios y prestando asesoramiento jurídico a quienes decidan formalizar sus quejas.
