Maduro y Flores llevan recluidos desde enero en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, adonde fueron trasladados tras su captura el 3 de enero en el Palacio de Miraflores durante una incursión militar estadounidense que se saldó con más de un centenar de muertos. Aquella operación precipitó la salida de Maduro del poder y la asunción de la hasta entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como presidenta encargada de Venezuela.
Los nuevos cargos, presentados apenas unos días antes de la vista, se suman a la causa que la justicia estadounidense mantenía abierta contra Maduro desde 2020 por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos relacionados con armas. El expediente de aquel año ya situaba al entonces mandatario como cabecilla de una presunta red de narcotráfico con ramificaciones en las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia de Venezuela, pero hasta la operación de enero Washington carecía de custodia física sobre el acusado.
Un sistema de represión con torturas
El pliego de cargos del Distrito Sur de Nueva York describe un entramado de detenciones arbitrarias y torturas dirigido contra opositores políticos y ciudadanos estadounidenses en territorio venezolano. Según ese documento, Maduro no se limitaba a tolerar los abusos, sino que llegaba a sugerir técnicas concretas, como la privación de sueño, y se burlaba de los relatos de las víctimas sobre los tratos recibidos en los centros de detención.
«Sistema de represión que incluía detenciones arbitrarias y torturas contra la oposición política y ciudadanos estadounidenses», según el pliego de cargos de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Esta imputación añade una capa distinta a la causa original: mientras los cargos de 2020 se centraban en el narcotráfico y el terrorismo, los nuevos apuntan a crímenes cometidos desde el aparato del Estado venezolano, una categoría que en el derecho internacional remite a los tribunales que juzgaron crímenes similares en los Balcanes o Ruanda durante los años noventa.
Antes de que el proceso pudiera avanzar hacia la lectura de cargos, el Departamento de Estado y la Fiscalía estadounidense instaron al propio juez Hellerstein a rechazar cualquier petición de inmunidad presentada en nombre de Maduro y Flores. El argumento de Washington es doble: Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo desde las elecciones de 2018, cuestionadas por buena parte de la comunidad internacional; y sostiene que los delitos imputados eluden el amparo de los actos oficiales de Estado.
Esa estrategia jurídica recuerda a la seguida ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en el proceso contra Slobodan Milošević, iniciado en 2002, donde se argumentó igualmente que ciertos crímenes graves no quedan cubiertos por la inmunidad que protege a los jefes de Estado en ejercicio. La diferencia sustancial es que Maduro y Flores no comparecen ante un tribunal internacional, sino ante la justicia federal ordinaria de Estados Unidos, en un proceso penal doméstico con las garantías procesales propias de ese sistema.
La causa abierta desde 2020
La acusación por narcoterrorismo que pesa sobre Maduro desde 2020 fue formulada por la misma Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Aquella imputación lo señalaba como pieza de una presunta red que, según la acusación, habría introducido cocaína en territorio norteamericano con la connivencia de altos mandos militares venezolanos. La vista de este jueves no es, por tanto, el inicio del proceso, sino una fase de una causa que se prolonga desde hace más de seis años y que solo ha podido avanzar hacia una lectura formal de cargos tras la detención física del acusado en enero.
La asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada tras la salida de Maduro ha abierto un periodo de transición institucional en Venezuela cuyos contornos siguen definiéndose. El contexto regional atraviesa además tensiones añadidas, en un momento en que otros focos de inestabilidad marcan la agenda internacional, como ilustran las protestas estudiantiles que han sacudido Tirana en las últimas semanas.
El MDC de Brooklyn, donde permanecen recluidos Maduro y Flores desde enero, es el mismo centro federal que ha acogido históricamente a otros acusados de alto perfil en procesos vinculados al crimen organizado transnacional, lo que subraya el carácter excepcional de mantener bajo custodia estadounidense a quien ejerció como jefe de Estado de un país suramericano durante más de una década.
La comparecencia ante el juez Hellerstein tiene un alcance procesal concreto: la lectura formal de los cargos imputados y la fijación de los siguientes pasos, incluida la eventual presentación de alegaciones por parte de la defensa. No se trata todavía de una vista de fondo sobre la culpabilidad, sino del trámite que en el sistema procesal estadounidense abre formalmente la fase posterior a la imputación.
El pliego de cargos sostiene que Maduro participaba activamente en la estructura represiva descrita, un extremo que la Fiscalía deberá sostener con pruebas a lo largo del proceso. La vista está fijada para este jueves a las 11.00 horas en la sala 26A del tribunal federal Daniel Patrick Moynihan, en Manhattan, según la orden firmada el miércoles por el juez Alvin K. Hellerstein.
