El procedimiento arrancó cuando los investigadores tuvieron constancia de una red que introducía droga a través del Estrecho de Gibraltar mediante medios aéreos no tripulados. Tres hombres de origen árabe fueron los primeros encausados, en una causa que la autoridad judicial mantuvo reservada durante meses mientras se identificaba al resto de la estructura. Según la Udyco, sus miembros manipulaban, transportaban y ocultaban el dron empleado para el traslado de estupefacientes, un aparato de ala fija que carecía de placa identificativa o troquelado que permitiera rastrear su procedencia.
El dron había sido modificado en su zona central con un añadido de fibra de carbono diseñado para transportar la sustancia e incorporaba un mecanismo accionado por servomotor que permitía liberar la carga durante el propio vuelo, sin necesidad de aterrizar. El informe policial lo describe como una aeronave cuadricóptera de ala fija con capacidad aproximada de 20 kilos, capaz de superar los 100 kilómetros por hora y de completar el cruce del Estrecho en cuestión de minutos. Esa velocidad y la reducción del tiempo de exposición explicarían, según los investigadores, el atractivo del método frente a las tradicionales narcolanchas o «gomas».
La Udyco fue ampliando el círculo de investigados a medida que avanzaban las escuchas. La estructura contaba con personas dedicadas a la vigilancia y custodia del material y con otros integrantes encargados de planificar el traslado de partidas de droga hacia el norte de España una vez cruzado el Estrecho. Las pesquisas no han permitido establecer si la totalidad de la droga movida por la red llegó mediante drones o si se combinó con otros métodos de transporte.
Uno de los investigados fue detenido el 12 de mayo de 2026 en Malpartida de Plasencia (Cáceres) cuando circulaba hacia Vitoria con 19,9 kilos de hachís y 1,4 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo de su vehículo. Según la investigación, había cobrado 2.500 euros por ese transporte, un dato que ilustra la compartimentación habitual en estas organizaciones, donde los porteadores suelen desconocer la identidad de los cabecillas.
Las comunicaciones intervenidas revelaron que la organización también disponía de narcolanchas y que varios de sus miembros cruzaban con regularidad a Marruecos por el paso fronterizo del Tarajal, en Ceuta. El destino final del hachís era Francia, donde la red esperaba obtener mayores márgenes con la venta al por mayor, según las mismas fuentes. Para evitar su localización, el dron se trasladaba en una furgoneta y permanecía oculto entre operaciones: llegó a pasar varios días guardado en un trastero de uno de los investigados en Puerto Banús, en Marbella. El aparato no había vuelto a utilizarse desde el 26 de diciembre de 2025, según la investigación, por temor de la organización a perderlo.
El operativo final, desplegado a finales de mayo de 2026, permitió localizar el dron en el garaje de uno de los detenidos en Algeciras. En el domicilio de otro de los investigados, el que eludió la detención, se hallaron baterías compatibles con las utilizadas por el aparato. La Policía Nacional emitió contra él una orden internacional de detención por los presuntos delitos de organización criminal y contra la salud pública.
Una tendencia al alza en el Estrecho
La Policía Nacional ha detectado una actividad creciente en el empleo de vehículos no tripulados para introducir droga en España, tanto por vía aérea como mediante drones semisumergibles que navegan bajo la superficie del mar. Según la investigación de la Udyco de Algeciras, estos sistemas reducen las necesidades logísticas de las redes y, por su dificultad de detección con los medios de vigilancia convencionales, aumentan sus posibilidades de éxito frente a las narcolanchas rápidas. El fenómeno se inscribe en una escalada de sofisticación tecnológica del narcotráfico que las autoridades vienen observando en la zona, coincidiendo con el refuerzo de los dispositivos de vigilancia marítima y radar en el Campo de Gibraltar.
La tensión que rodea estas rutas se ha traducido también en episodios de violencia directa contra las fuerzas de seguridad. En fechas recientes, diez presuntos miembros de una organización de narcotraficantes fueron detenidos en Huelva tras un ataque a tiros contra una patrullera de la Guardia Civil, un indicio del nivel de enfrentamiento que caracteriza el tráfico de hachís en el sur peninsular. El Estrecho, con apenas 14 kilómetros en su punto más angosto entre Tarifa y la costa marroquí, es desde hace décadas la principal puerta de entrada del hachís marroquí a Europa, ya sea mediante embarcaciones neumáticas, dobles fondos en vehículos o, ahora, aeronaves no tripuladas.
La incorporación de drones supone un salto respecto a los métodos que dominaron la comarca desde los años noventa, cuando las lanchas rápidas y los planeadores acuáticos se convirtieron en el símbolo del contrabando en el Campo de Gibraltar. La respuesta institucional cristalizó en el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, activado por el Ministerio del Interior en 2018 para reforzar medios humanos y técnicos frente a las organizaciones asentadas en la zona.
El caso, instruido en un juzgado de la demarcación de Algeciras, se encuentra en fase de investigación judicial, en la que deberá determinarse el grado de participación de cada detenido y del investigado en busca y captura. Ninguno ha sido procesado ni juzgado y todos mantienen la presunción de inocencia mientras no exista resolución judicial firme, garantía consagrada en el artículo 24 de la Constitución.
La orden internacional de detención emitida contra el investigado huido activa los mecanismos de cooperación policial y judicial europea, entre ellos la posible emisión de una orden europea de detención y entrega si se localiza su paradero en un país de la Unión. El desenlace del procedimiento, su calificación definitiva y la eventual apertura de juicio oral dependerán de las diligencias que aún debe completar el juzgado instructor.
