El nombramiento llega en un momento en que el Gobierno nacional viene ajustando su relación con las universidades públicas, luego de la crisis institucional que se desató en 2024 alrededor de la elección rectoral de la Universidad Nacional. En esa ocasión, el CSU había designado inicialmente al profesor Ismael Peña como rector, una decisión que, según relató Torres, el Ejecutivo de entonces no habría respetado en su totalidad.
Torres calificó lo ocurrido en ese episodio como un "rompimiento muy peligroso del Estado de derecho". En su relato, la entonces ministra de Educación y el viceministro de Educación Superior de la época, Alejandro Álvarez Gallego, habrían actuado por orden directa del presidente Petro para intentar revertir la decisión tomada por el órgano de gobierno universitario. "Hicieron todo para que se cometieran ilegalidades", afirmó el profesor.
Un órgano de gobierno de composición mixta
El CSU es el máximo órgano de gobierno de la Universidad Nacional, con funciones equivalentes a las de una junta directiva: define políticas académicas, administrativas y financieras, y tiene la potestad de elegir al rector. Su composición mixta —con representantes del Gobierno, de los profesores, de los estudiantes, de los exrectores y del sector productivo— ha sido, históricamente, motivo de tensión cuando coinciden procesos electorales internos con calendarios políticos nacionales.
La designación de representantes presidenciales en los consejos superiores de las universidades públicas es una atribución del Ejecutivo contemplada en la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior en el país. Esa norma establece la composición de los CSU y otorga a la Presidencia la facultad de nombrar directamente a sus delegados, sin que medie un proceso de elección interna como sí ocurre con los representantes profesorales o estudiantiles.
Torres defendió la legalidad de la designación de Peña como rector, en contraposición a lo que llamó una "narrativa" que buscó separar los conceptos de legalidad y legitimidad. "Lo legítimo es aquello que es legal", sostuvo, en una crítica a los sectores que, según él, intentaron deslegitimar el proceso electoral universitario apelando a esa distinción. El profesor relató, además, que su postura le representó un costo personal alto, incluida la necesidad de un esquema de seguridad. Según explicó, la propia Universidad Nacional, bajo la rectoría de Peña, asumió ese acompañamiento con apoyo psicosocial y medidas de protección, un respaldo que agradeció explícitamente.
El nuevo consejero insistió en que la relación entre la Universidad Nacional y el Gobierno de turno —sea cual sea su signo político— es estructural y no depende de coyunturas. Recordó que, según la exrectora Dolly Montoya, la institución "ha trabajado con más de 46 presidentes en su historia", lo que ilustra su papel como órgano consultor del Estado a lo largo de gobiernos de distinto color político. Con ese argumento buscó despejar cualquier lectura de contradicción entre su llegada al CSU como representante presidencial y las críticas que formuló en 2024: subrayó que los profesores de la Nacional son convocados de manera recurrente para apoyar labores de investigación y asesoría en ministerios y entes territoriales, con independencia de la administración.
La crisis de 2024 en la Universidad Nacional no fue un hecho aislado en la historia reciente de la educación superior pública. Episodios de tensión entre gobiernos nacionales y consejos universitarios se han repetido en distintas instituciones del país, en particular durante procesos de elección rectoral, donde la composición mixta de los órganos de gobierno ha sido escenario recurrente de disputas por la injerencia política.
El caso también reabrió el debate sobre la autonomía universitaria, un principio consagrado en el artículo 69 de la Constitución Política de 1991 y objeto de pronunciamientos reiterados de la Corte Constitucional. El alto tribunal ha establecido que dicha autonomía no es absoluta, pero sí protege a las universidades públicas de interferencias indebidas del Ejecutivo en sus procesos internos de gobierno, incluida la elección de sus autoridades académicas.
La llegada de Torres al CSU se suma a otros movimientos recientes del Gobierno nacional en la designación de delegados ante consejos superiores de universidades públicas, en un contexto en que el Ejecutivo ha buscado consolidar presencia institucional en el sistema de educación superior estatal durante la actual administración. El material disponible no recoge, hasta el momento, una réplica de la actual cartera de Educación ni del exviceministro Álvarez Gallego a las afirmaciones de Torres sobre el episodio de 2024.
De cara a los próximos meses, el CSU de la Universidad Nacional deberá continuar atendiendo la agenda ordinaria de gobierno universitario —discusiones presupuestales, académicas y administrativas—, en un ambiente que, según el propio Torres reconoció, sigue marcado por la desconfianza que dejó la disputa rectoral de 2024, tanto al interior de la comunidad universitaria como en su relación con el Gobierno nacional.
