El primer paso para quienes perdieron total o parcialmente su casa o apartamento es verificar si la propiedad contaba con una póliza de seguro que incluyera cobertura de terremoto, un amparo que en Colombia no viene incluido automáticamente en todas las pólizas de hogar y que suele requerir una cláusula adicional expresamente contratada. Quienes tengan créditos hipotecarios vigentes deben revisar además la póliza de seguro que exigen las entidades financieras al desembolsar el crédito, que normalmente cubre incendio y terremoto como condición del contrato. En esos casos la entidad prestamista figura como beneficiaria del seguro, por lo que la reclamación involucra tanto al propietario como al banco.
Para los vehículos, la cobertura depende del tipo de póliza contratada. Un seguro todo riesgo suele incluir eventos catastróficos como terremotos, mientras que las pólizas básicas de responsabilidad civil no cubren este tipo de daño. Los propietarios de automotores afectados deben contactar directamente a su aseguradora para iniciar la inspección y el avalúo de los daños, y documentar el estado del carro con fotografías antes de cualquier intervención o remolque.
En cuanto a las personas reportadas como desaparecidas tras el sismo, las autoridades de gestión del riesgo —entre ellas organismos de socorro y la Policía Nacional— habilitaron líneas de atención para que los familiares reporten casos y consulten listados de personas rescatadas o atendidas en centros de salud. La Cruz Roja Colombiana, con experiencia en este tipo de emergencias desde sismos como el de Popayán, en 1983, y el del Eje Cafetero, en 1999, suele coordinar puntos de encuentro familiar y bases de datos de búsqueda en episodios de esta naturaleza.
El precedente de Armenia y el Forec
El terremoto de Armenia, ocurrido el 25 de enero de 1999 y que dejó más de mil muertos según las cifras oficiales de la época, marcó un antes y un después en la política de gestión de desastres del país. De esa experiencia surgió el Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero (Forec), un mecanismo que centralizó recursos públicos y privados para la reconstrucción de vivienda y que sirvió de modelo para protocolos posteriores de atención a damnificados. Más recientemente, la avalancha que afectó a Mocoa, en 2017, volvió a poner a prueba los esquemas de respuesta del Estado en el sur del país.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), creada tras la reforma institucional que siguió a la ola invernal de 2010 y 2011, es la entidad llamada a coordinar la respuesta interinstitucional en un evento sísmico de esta magnitud, articulando a alcaldías, gobernaciones y organismos de socorro bajo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, regulado por la Ley 1523 de 2012.
Respecto al alojamiento temporal, las alcaldías de las zonas afectadas son las responsables directas de habilitar albergues provisionales, generalmente en coliseos, colegios o polideportivos, mientras se evalúa la habitabilidad de las viviendas dañadas. El Departamento para la Prosperidad Social, junto con las secretarías de gestión del riesgo locales, suele complementar esta atención con ayudas humanitarias de emergencia que incluyen kits de aseo, alimentación y elementos de dormida.
Las personas cuyas viviendas resulten inhabitables por orden de una autoridad competente —usualmente tras una inspección técnica de curadores urbanos o de la oficina de planeación municipal— pueden acceder a subsidios de arrendamiento temporal, un mecanismo que el Gobierno nacional ha utilizado en emergencias anteriores a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Para las reclamaciones de seguros, la Superintendencia Financiera de Colombia es la entidad de vigilancia a la que los usuarios pueden acudir en caso de que una aseguradora se niegue de manera injustificada a cubrir un siniestro amparado por la póliza contratada. La normativa vigente establece plazos máximos para que las compañías respondan a las reclamaciones una vez presentados todos los documentos requeridos. Los propietarios que no cuenten con seguro contra terremoto quedan en una situación distinta, dependiente en mayor medida de los programas de reconstrucción que activen el Gobierno nacional o las administraciones locales, en la línea de los implementados tras el sismo de Armenia.
La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, en episodios anteriores de gestión de desastres, han insistido en la vigilancia sobre el manejo de los recursos públicos destinados a la reconstrucción, un antecedente que cobra relevancia ante cualquier anuncio de fondos especiales para atender la emergencia.
En los próximos días se espera que las autoridades locales y nacionales precisen el balance oficial de daños, el número de familias afectadas y los montos destinados a la atención humanitaria, información que hasta el momento no ha sido consolidada públicamente. La Cruz Roja y los organismos de socorro continúan las labores de búsqueda y verificación de personas reportadas como desaparecidas en las zonas de mayor afectación.
