El acuerdo homologado por el despacho contempla compromisos de reparación hacia TransMilenio, aunque el material disponible no detalla el monto ni el plazo de cumplimiento. La diligencia se surtió en el marco del proceso que la justicia adelanta contra Barrera Rojas por los daños a estaciones y buses del sistema durante jornadas de disturbios en la capital.
Durante su intervención, la empresaria aludió a su intención de "hacer las cosas bien", frase recogida en la audiencia del miércoles. El despacho dio su aval al acuerdo reparatorio, un paso que en la práctica judicial colombiana suele anteceder a decisiones sobre el cumplimiento de las obligaciones pactadas dentro de procesos penales o de responsabilidad civil derivada del delito.
Barrera Rojas, dedicada a productos de belleza capilar y figura de amplio reconocimiento en redes sociales, ha enfrentado varios procesos relacionados con daños a bienes públicos durante protestas. El material disponible no precisa si la reclusión en Ibagué corresponde a este caso puntual o a otro proceso en curso contra ella.
La aprobación judicial del acuerdo con TransMilenio marca un paso dentro del expediente, pues este tipo de pactos requiere el visto bueno del despacho que lleva el caso para surtir efectos dentro del proceso penal. En Colombia, los acuerdos de reparación entre un procesado y la entidad afectada no eximen automáticamente de responsabilidad penal, pero pueden incidir en beneficios procesales o en la valoración judicial posterior, según la fase del caso.
El sistema TransMilenio ha sido blanco de daños materiales en distintas jornadas de movilización social en Bogotá, episodios que han derivado en procesos judiciales contra varias personas señaladas de participar en los hechos. La situación de Barrera Rojas se ha convertido en una de las más visibles de este tipo de litigios, dado su perfil público y el seguimiento mediático de sus comparecencias ante la justicia.
Mientras avanza este proceso, la Fiscalía General de la Nación mantiene activos otros expedientes por hechos de violencia y afectación a infraestructura pública en Bogotá, como el que condujo recientemente a la captura de dos señalados por el homicidio del intendente Edilberto Pinilla en la capital. Ambos casos reflejan la carga de litigios que enfrenta el sistema judicial bogotano en materia de orden público y seguridad ciudadana.
El despacho a cargo del caso de Barrera Rojas no ha fijado, según el material disponible, una nueva fecha de audiencia tras la diligencia del miércoles, en la que quedó formalizada la aprobación del acuerdo reparatorio con TransMilenio.
