La iniciativa apunta a los episodios en los que un tercer Estado orquesta o tolera la llegada masiva de personas hacia las fronteras exteriores de la UE con fines de presión política, un fenómeno que Bruselas encuadra bajo el término de "instrumentalización". En esos casos, según el planteamiento de Von der Leyen, los Estados miembros podrían suspender temporalmente la tramitación de las solicitudes de asilo y activar mecanismos de devolución acelerada.
El anuncio conecta con una línea que el PPE, la familia política de la propia Von der Leyen, viene defendiendo desde hace meses en la Eurocámara. El grupo popular reclama endurecer la respuesta comunitaria a la presión migratoria en las fronteras exteriores, un debate que resurgió tras el asalto a Ceuta y que llevó a PPE y S&D a rechazar revisar los fondos europeos a Marruecos.
El derecho a solicitar asilo está reconocido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y en la Convención de Ginebra de 1951, que consagra el principio de no devolución: ningún Estado puede expulsar a una persona a un territorio donde su vida o libertad corran peligro. Cualquier norma que habilite la suspensión de la tramitación deberá encajar con ese marco jurídico, lo que anticipa un intenso escrutinio en el Parlamento Europeo y ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La UE ya afrontó situaciones de este tipo. En 2021, la llegada de miles de migrantes a las fronteras de Polonia, Lituania y Letonia desde Bielorrusia fue calificada por Bruselas como un ataque híbrido orquestado por el régimen de Aleksandr Lukashenko. Aquel episodio impulsó las primeras propuestas comunitarias sobre instrumentalización, que no llegaron a cerrarse entonces por las reservas sobre las garantías de los solicitantes.
El asalto a Ceuta ha vuelto a situar la frontera sur en el centro del debate migratorio europeo. El Parlamento Europeo condenó el "ataque" y pidió una investigación independiente, mientras que Interior devolvió al primer migrante 47 días después del asalto, un ciudadano marroquí que había entrado en Ceuta antes del 30 de julio.
La propuesta de la "ley de emergencia" deberá seguir ahora el procedimiento legislativo ordinario, con la negociación entre el Parlamento Europeo y el Consejo. La presión migratoria sobre las fronteras exteriores se produce en un contexto de descenso general de las llegadas: Frontex cifró en 74.000 las entradas irregulares a la UE hasta agosto, un 35% menos que en el mismo periodo del año anterior.
