La referencia a Ceuta se ha colado en un documento de alcance más amplio, dedicado a las llamadas amenazas híbridas: campañas de desinformación, ciberataques, injerencias electorales y la instrumentalización de flujos migratorios con fines de presión política. En ese catálogo, el PPE ha situado la avalancha de mayo de 2021, cuando alrededor de 10.000 personas cruzaron a nado o a pie la frontera del enclave español en apenas dos días, ante la pasividad de la gendarmería marroquí.
El uso de los términos "ataque" e "invasión" eleva el tono respecto a la posición habitual de las instituciones europeas, que suelen recurrir a fórmulas más neutras como "presión migratoria". Al calificar los hechos como amenaza híbrida, la Eurocámara los sitúa en el mismo plano que las operaciones de desestabilización atribuidas a terceros Estados, un marco que Bruselas ha aplicado en los últimos años a la frontera entre Bielorrusia y Polonia.
El concepto de instrumentalización de la migración se ha consolidado en el derecho europeo precisamente a raíz de esos episodios. La UE aprobó un reglamento específico para responder a situaciones en las que un país tercero empuja a migrantes hacia las fronteras exteriores para desestabilizar a un Estado miembro, un mecanismo que permite activar medidas excepcionales de gestión fronteriza.
El PPE ha defendido en una propuesta paralela que cuestionar la soberanía española sobre Ceuta resulta "incompatible" con la condición de socio asociado a la UE, en una alusión directa a Marruecos, país vinculado al bloque comunitario mediante un estatuto avanzado de asociación desde 2008. El grupo popular exige así que Rabat asuma consecuencias por la crisis de 2021.
La avalancha de Ceuta coincidió con el enfriamiento diplomático entre Madrid y Rabat tras la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para ser tratado de covid. La crisis se prolongó hasta la primavera de 2022, cuando el Gobierno español giró su posición sobre el Sáhara Occidental y respaldó el plan marroquí de autonomía, un movimiento que reabrió la relación bilateral pero mantiene abierta la controversia política.
La instrumentalización de fronteras figura entre las principales preocupaciones de seguridad de la Unión, como reflejó la propia alta representante Kaja Kallas al instar a los socios de Ucrania a no dejarse intimidar frente a las presiones híbridas en el flanco oriental. El informe aprobado ahora extiende esa lógica al flanco sur y a la frontera con Marruecos.
La condena de la Eurocámara tiene carácter político y no vinculante: los informes de amenazas híbridas orientan la posición del Parlamento, pero corresponde a la Comisión Europea y a los Estados miembros decidir cualquier medida hacia terceros países. La exigencia de una "investigación independiente" sobre lo ocurrido en Ceuta queda así como un mandato dirigido a las instituciones, sin instrumento coercitivo automático.
