La primera jornada de deliberación del caso Koldo se extendió durante cuatro horas, de diez de la mañana a dos de la tarde, y se centró exclusivamente en el primero de los tres grandes bloques de la ponencia: el cargo de organización criminal. Según fuentes jurídicas consultadas por El Hemiciclo — que hablan bajo estricta condición de anonimato y cuyo testimonio debe interpretarse con la cautela que exige el secreto de las deliberaciones —, los cinco magistrados dedicaron la sesión matinal a revisar la ponencia sección por sección, párrafo por párrafo, en un ejercicio de minuciosidad que revela la trascendencia del caso.
El cargo de organización criminal es, con diferencia, el más complejo y el más contestado por las defensas. Anticorrupción sostiene que Ábalos, Koldo García y al menos otros cuatro acusados operaban como una estructura estable, jerárquica y con reparto de funciones cuyo objetivo era desviar fondos públicos de los contratos de mascarillas hacia cuentas controladas por el entramado societario del empresario Víctor de Aldama. Las defensas replican que los contratos fueron legales, que los intermediarios actuaban por cuenta propia y que no existía la coordinación ni la permanencia que exige el tipo penal de organización criminal según la jurisprudencia del propio Supremo.
Lo que las fuentes transmiten es un cuadro de matices. Hay «consenso amplio» — la expresión exacta que utilizan — sobre la existencia de una trama organizada que operó de forma coordinada para obtener beneficios ilícitos de la contratación pública de emergencia durante la pandemia. Pero hay discrepancias sobre el grado de participación de Ábalos. Algunos magistrados consideran que las pruebas documentales — los mensajes de WhatsApp, las transferencias bancarias, los correos electrónicos intervenidos — demuestran que el exministro era el «arquitecto» de la trama. Otros prefieren una calificación más matizada que distinga entre conocimiento, aquiescencia y autoría directa.
Marchena, cuya experiencia en la dirección de deliberaciones complejas quedó acreditada en el juicio del procés, conduce el debate con un método que los letrados del tribunal conocen bien: expone la sección de la ponencia, abre turno de intervenciones por orden de antigüedad, permite réplicas cruzadas y, cuando percibe que los argumentos se repiten, formula una propuesta de redacción alternativa que somete a votación informal. El objetivo no es forzar unanimidades sino acotar discrepancias, de modo que al final de la deliberación las diferencias entre los magistrados se traduzcan en votos particulares razonados y no en bloqueos.
La ponencia de 183 páginas — redactada por el magistrado ponente cuya identidad permanece bajo secreto — está estructurada en tres bloques. El primero aborda la organización criminal y ocupa 67 páginas. El segundo se centra en los delitos de malversación y prevaricación, con 82 páginas que detallan la mecánica de los contratos, las comisiones y el destino final de los fondos. El tercero, de 34 páginas, analiza las responsabilidades civiles y las penas propuestas. Si la deliberación mantiene el ritmo del primer día, el bloque de organización criminal podría quedar cerrado el martes por la mañana.
El calendario judicial que manejan las fuentes apunta a una sentencia para finales de mayo, probablemente entre el jueves 22 y el viernes 23, si la deliberación no se enquista en ningún punto. El precedente más reciente — la sentencia del procés en octubre de 2019 — requirió cuatro días de deliberación para un caso de mayor complejidad jurídica pero menor complejidad fáctica. El caso Koldo tiene la ventaja de una prueba documental sólida y un relato fáctico menos discutido, pero la desventaja de una calificación jurídica que obliga a navegar entre la organización criminal, la asociación ilícita y la simple coautoría.
Los abogados de Ábalos no esperan al fallo. Según fuentes de la defensa, el equipo jurídico del exministro ha preparado ya un borrador de recurso ante el Tribunal Constitucional que denuncia vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por la forma en que el instructor desestimó las pruebas de descargo. El recurso, que se presentaría en las horas siguientes a la notificación de la sentencia, no suspendería la ejecución pero abriría una vía de impugnación que podría prolongarse durante meses.
El impacto político de la deliberación es inseparable de la crisis interna del PSOE. En Ferraz, donde esta noche se celebra la ejecutiva federal convocada por Sánchez para analizar la debacle del 17-M, la sombra del caso Koldo planea sobre cada conversación. Si la sentencia confirma los 24 años de prisión para Ábalos — o una cifra cercana —, el PSOE tendrá que gestionar simultáneamente una derrota electoral histórica en Andalucía y una condena judicial contra un exministro del Gobierno. La coincidencia temporal no es casual: la justicia no consulta el calendario político, pero la política no puede ignorar el calendario judicial.
Marchena ha fijado la reanudación de la deliberación para mañana martes a las 10:00. Si el bloque de organización criminal queda cerrado, la sesión del martes abordará los delitos de malversación y prevaricación, el corazón económico del caso. Las fuentes anticipan que este segundo bloque generará menos discrepancias porque la prueba documental es más concluyente: los flujos de dinero, las facturas, las cuentas en el extranjero dejan menos espacio para la interpretación que el concepto jurídico de organización criminal.
A las 14:00 del lunes, cuando los cinco magistrados abandonaron la Sala Segunda por la puerta trasera que conecta con el aparcamiento subterráneo del Supremo, ninguno hizo declaraciones. Pero la imagen de cinco togados saliendo del edificio más vigilado de la carrera judicial española el mismo día en que el PSOE celebra su ejecutiva más difícil en años condensa como ninguna otra la doble pinza que asfixia al partido que gobernó España durante más de la mitad de la democracia.
