La declaración de Aldama del miércoles 29 de abril quedará registrada en los anales de la jurisprudencia española como una de las más largas, más detalladas y más políticamente explosivas que se hayan producido nunca ante un tribunal del más alto nivel. Durante seis horas y catorce minutos, el empresario madrileño — que llegó a la sala esposado y con un traje gris que contrastaba con la solemnidad de las togas y los tapices — desgranó ante el magistrado instructor una versión de los hechos que, si se confirma con pruebas documentales, dibujaría una estructura de corrupción que penetra hasta los niveles más altos del poder ejecutivo. Aldama presentó su papel en la trama como el de un intermediario que facilitaba los contactos entre las constructoras y promotoras que aspiraban a contratos públicos y los responsables políticos que tenían la capacidad de adjudicarlos. Según su relato, los pagos no se realizaban de forma directa sino a través de una red de sociedades instrumentales radicadas en Panamá, Dubái y las Islas Vírgenes Británicas que canalizaban los fondos hacia cuentas controladas por testaferros vinculados a Koldo García y a personas del entorno de Ábalos. La cifra total que Aldama atribuyó a los dos acusados principales — entre 3,4 y 5 millones de euros — incluye, según su declaración, tanto comisiones directas por la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia como pagos posteriores vinculados a obras de infraestructura ferroviaria y portuaria que se adjudicaron entre 2020 y 2023.
Pero fue la mención de Pedro Sánchez lo que provocó el momento de mayor tensión en la sala. Aldama, respondiendo a una pregunta de su propio abogado sobre quién dirigía en última instancia la estructura que él describe como una organización criminal, pronunció las palabras que han dominado todos los informativos desde anoche: «El número uno era el presidente. Él lo sabía todo, él daba las órdenes, él decidía qué contratos se adjudicaban y a quién. Koldo y Ábalos no eran más que ejecutores de una voluntad que venía de más arriba. Mucho más arriba.» La Fiscalía pidió inmediatamente al tribunal que hiciera constar que Sánchez no está imputado en la causa y que las declaraciones de un coacusado que busca beneficios penales deben ser valoradas con extrema cautela. El magistrado aceptó la observación pero permitió que Aldama continuara su relato, en el que detalló tres supuestas reuniones entre Sánchez, Ábalos y representantes de las constructoras que se habrían producido en La Moncloa entre septiembre de 2020 y marzo de 2021. Moncloa emitió un comunicado a las 19:47 del miércoles en el que calificaba las declaraciones de Aldama de «invenciones de un delincuente confeso que intenta arrastrar a todo el mundo con él para reducir su propia condena» y anunciaba que el Gobierno se reserva el derecho a ejercer acciones legales contra Aldama por calumnias contra el presidente.
La declaración de Aldama contenía otro elemento que ha pasado más inadvertido pero que podría tener consecuencias políticas igualmente devastadoras. El empresario afirmó que tanto Koldo García como Ábalos le habían trasladado en varias ocasiones la necesidad de que las constructoras beneficiarias de los contratos colaborasen con lo que denominó «la financiación del partido», en referencia explícita al PSOE. Según Aldama, las contribuciones no se realizaban como donaciones formales sino como pagos a fundaciones y asociaciones vinculadas al partido que emitían facturas por servicios de consultoría y asesoramiento que nunca se prestaban. La acusación, que la Fiscalía ha calificado de «extremadamente grave y que requiere investigación independiente», abriría un frente completamente nuevo en la causa si se confirma con documentación bancaria o testigos adicionales, porque trasladaría la responsabilidad del ámbito individual al institucional y situaría al PSOE como organización ante la posibilidad de una imputación por financiación ilegal. El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, negó anoche cualquier vinculación del partido con pagos irregulares y recordó que «las cuentas del PSOE son auditadas anualmente por el Tribunal de Cuentas y no ha habido nunca ninguna irregularidad».
La estrategia procesal de Aldama es, en opinión de los juristas consultados por El Hemiciclo, un ejemplo de manual del dilema del prisionero aplicado al derecho penal. Aldama sabe que, si se limita a negar los hechos, se enfrentará a una condena que podría superar los veinte años de cárcel. Pero si colabora con la Fiscalía y ofrece información que permita ampliar la causa a otros responsables políticos, puede aspirar a una reducción sustancial de la pena en virtud de los artículos 376 y 579 bis del Código Penal, que contemplan atenuantes por colaboración eficaz con la justicia. El problema, como han señalado varios catedráticos de Derecho Penal en las últimas horas, es que la colaboración eficaz requiere que la información proporcionada sea verificable y conduzca a resultados concretos — imputaciones, pruebas, condenas —, no basta con acusar verbalmente al presidente del Gobierno sin aportar pruebas documentales que sostengan la acusación. Aldama anunció que pondría a disposición del tribunal «documentación bancaria, correos electrónicos y grabaciones» que respaldan su versión, pero hasta el cierre de la sesión del miércoles no había entregado ninguno de esos materiales. La credibilidad de Aldama dependerá, en última instancia, de que sus palabras se acompañen de pruebas que el tribunal pueda verificar de forma independiente.
En este contexto, la declaración de Koldo García que se producirá esta mañana adquiere una importancia estratégica que va más allá de su propio caso. Koldo es, según la acusación, el eslabón que conecta el nivel operativo de la trama — las adjudicaciones, las comisiones, los pagos — con el nivel político — Ábalos, el Ministerio, el partido —. Su testimonio puede confirmar, matizar o desmentir la versión de Aldama, y cada una de esas opciones tiene consecuencias procesales y políticas radicalmente distintas. Si Koldo confirma que Ábalos participó en la trama pero niega la implicación de Sánchez, el caso se limitaría al exministro y su asesor. Si confirma también la conexión con Sánchez, la causa podría derivar en una querella contra el presidente que paralizaría la legislatura. Y si Koldo niega todo y se acoge a su derecho a no declarar contra sí mismo, la única versión que quedará sobre la mesa será la de Aldama, cuya credibilidad como coacusado interesado es intrínsecamente débil. Las fuentes jurídicas consultadas por El Hemiciclo apuntan a que la defensa de Koldo ha preparado una declaración intermedia: reconocer hechos menores — las reuniones, los contactos, los viajes — pero negar cualquier participación en el cobro de comisiones y presentarse como un subordinado que cumplía órdenes sin conocer el alcance de la trama.
La referencia de Koldo García a Jésica — cuya identidad completa el tribunal ha protegido para preservar su intimidad — añade una dimensión personal al caso que ilustra la complejidad de las relaciones humanas dentro de las tramas de corrupción. Según Koldo, Jésica habría presionado a Ábalos amenazando con revelar «cosas personales» si no accedía a determinadas peticiones relacionadas con contratos y adjudicaciones. La defensa de Koldo ha utilizado esta revelación para presentar a su cliente como una pieza más de un engranaje de presiones cruzadas en el que los protagonistas se chantajeaban mutuamente para proteger sus intereses, un argumento que busca diluir la responsabilidad individual en una red de complicidades recíprocas. La Fiscalía, sin embargo, ha rechazado esta narrativa argumentando que las presiones personales no eximen de responsabilidad penal y que Koldo García no era un subordinado ingenuo sino un operador político con plena conciencia de la ilegalidad de sus actos, como demuestran las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil en las que Koldo negocia directamente con Aldama los porcentajes de las comisiones.
La Audiencia Nacional ha añadido un elemento adicional de presión al citar a Aldama y Koldo para una declaración separada en los días posteriores al cierre del juicio en el Supremo. La citación, que se produjo el lunes 28 y que fue notificada a las defensas el martes 29, está vinculada a la investigación paralela que la Audiencia Nacional mantiene abierta sobre la extensión de la trama a Baleares y que fue documentada en el informe de la UCO presentado la semana anterior. Esta doble jurisdicción — Supremo y Audiencia Nacional — complica enormemente la estrategia de las defensas porque las declaraciones ante un tribunal pueden ser utilizadas como prueba en el otro, y cualquier contradicción entre ambas comparecencias sería explotada por la acusación para cuestionar la credibilidad de los declarantes. Los abogados de Koldo y Aldama han solicitado que las declaraciones ante la Audiencia Nacional se aplacen hasta que el Supremo dicte sentencia, pero el juez instructor ha rechazado la petición argumentando que la investigación balear tiene entidad propia y no puede quedar subordinada al calendario del juicio principal.
Ábalos afronta la declaración de esta tarde con una estrategia que su defensa ha preparado durante meses y que pivota sobre dos ejes fundamentales. El primero es la negación rotunda de cualquier participación en el cobro de comisiones: Ábalos dirá que nunca recibió dinero de Aldama ni de ningún empresario, que su patrimonio es coherente con sus ingresos declarados como diputado y ministro, y que las acusaciones de Aldama son fabricaciones destinadas a obtener una reducción de pena. El segundo eje es la distancia respecto a Koldo García: Ábalos reconocerá que Koldo fue su asesor de confianza pero argumentará que desconocía las actividades paralelas que su subordinado realizaba al margen de sus funciones oficiales. La Fiscalía anticipó ayer que rebatirá esta versión con documentación que demuestra que Ábalos participó directamente en al menos cuatro reuniones con representantes de las constructoras en las que se discutieron los términos de las adjudicaciones, y que las órdenes de pago interceptadas por la UCO contienen referencias expresas a «el ministro» como destinatario final de una parte de las comisiones. La pena de veinticuatro años que solicita la Fiscalía se desglosa en doce años por pertenencia a organización criminal, ocho por cohecho continuado y cuatro por tráfico de influencias, más una multa de 3,8 millones de euros que equivale, según la acusación, al beneficio económico obtenido por Ábalos a lo largo de tres años de participación en la trama.
El impacto político de las declaraciones de hoy trasciende con mucho los límites de la sala de vistas del Tribunal Supremo. El PSOE se enfrenta a la peor crisis judicial de su historia reciente en un momento en el que la legislatura pende de un hilo y la campaña electoral andaluza del 17 de mayo está a punto de comenzar. La estrategia del partido ha sido hasta ahora la de establecer un cortafuegos entre Ábalos — expulsado del grupo parlamentario hace meses — y la dirección del PSOE, presentando al exministro como un caso aislado de conducta individual que no compromete al conjunto de la organización. Pero las declaraciones de Aldama del miércoles han dinamitado ese cortafuegos al vincular la trama con la financiación del partido y al señalar directamente a Sánchez. El PP ha exigido una sesión extraordinaria del Congreso para que el presidente comparezca y explique su relación con los hechos descritos por Aldama, una petición que Moncloa ha rechazado argumentando que las declaraciones de un coacusado no generan obligación alguna de comparecencia parlamentaria. Feijóo ha declarado esta mañana desde la sede de Génova que «España no puede tener un presidente señalado por un testigo ante el Supremo como líder de una organización criminal» y ha anunciado que el PP estudiará la presentación de una moción de censura si las pruebas documentales que Aldama ha prometido confirman su relato.
Los juristas consultados por El Hemiciclo coinciden en que la jornada de hoy será determinante para el desenlace del juicio pero advierten contra las lecturas precipitadas. Las declaraciones de los acusados son un elemento más del acervo probatorio que el tribunal deberá valorar en conjunto, y la experiencia judicial demuestra que los giros dramáticos en sala no siempre se traducen en sentencias igualmente contundentes. Lo que sí es seguro es que, al cierre de esta jornada, el mapa judicial y político de España habrá cambiado de forma irreversible: o bien Koldo y Ábalos habrán confirmado parte del relato de Aldama, abriendo la puerta a una ampliación de la causa que podría alcanzar a Moncloa, o bien lo habrán desmentido, dejando a Aldama como un acusado aislado cuyas acusaciones contra el presidente carecen de corroboración. En ambos escenarios, el caso Koldo ha dejado de ser un asunto de mascarillas y comisiones para convertirse en una crisis institucional que pone a prueba la separación de poderes, la independencia judicial y la capacidad del sistema democrático para procesar judicialmente la corrupción en los niveles más altos del poder ejecutivo.
