La sesión de este miércoles constituye un punto de inflexión en el juicio por la Operación Kitchen, la trama diseñada desde el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz para sustraer documentación comprometedora al extesorero del PP Luis Bárcenas mediante el uso ilegal del aparato policial del Estado. La comparecencia de los peritos ha durado cuatro horas y media, durante las cuales se ha detallado el proceso técnico seguido desde que en 2017 la Policía Judicial incautó en los domicilios y despachos de Villarejo un total de 47 dispositivos electrónicos, incluyendo ordenadores portátiles, discos duros externos, memorias USB y teléfonos móviles.
El agente jefe del grupo de análisis forense digital del CCN, identificado con el número operativo 38.417, ha explicado que los archivos accesibles sumaban 2,3 terabytes de información: correos electrónicos, grabaciones de audio, fotografías, documentos PDF y hojas de cálculo. Sin embargo, los 1,5 terabytes restantes permanecen cifrados con un sistema de múltiples capas que combina AES-256 con contenedores VeraCrypt anidados. «Es un cifrado de grado militar que, con la capacidad computacional actual, requeriría varios siglos para romper mediante fuerza bruta», ha declarado el perito ante las preguntas del fiscal.
La relevancia de lo inaccesible radica en que los archivos cifrados podrían contener la evidencia más comprometedora sobre el alcance real de la Operación Kitchen: las instrucciones directas de los superiores políticos a Villarejo, los pagos realizados con fondos reservados y las grabaciones que el comisario ha insinuado en varias ocasiones poseer de conversaciones con ministros, secretarios de Estado y altos cargos del Partido Popular. La defensa de Villarejo ha utilizado precisamente esta circunstancia como elemento de presión: ha sugerido en más de una ocasión que las contraseñas podrían facilitarse a cambio de un acuerdo de conformidad que el comisario considera satisfactorio.
La Unidad de Ciberdelincuencia, que trabajó en paralelo al CCN durante los primeros meses de análisis, ha corroborado las conclusiones del Centro Criptológico. Su representante, la inspectora jefe número 42.891, ha precisado que se intentaron 17 estrategias diferentes de desencriptación entre 2017 y 2024, incluyendo la búsqueda de contraseñas en los propios archivos desencriptados, el análisis de patrones de comportamiento del comisario y la colaboración con servicios de inteligencia de tres países aliados cuya identidad no ha sido revelada por razones de seguridad nacional.
El abogado de la defensa de Villarejo, Antonio García Cabrera, ha aprovechado la testificación para subrayar ante el tribunal que la acusación se sostiene sobre un material probatorio incompleto. «Si solo se ha podido acceder al 60% del contenido, cualquier conclusión sobre la participación de mi cliente es, por definición, parcial e insuficiente», ha argumentado. El fiscal anticorrupción ha replicado que la prueba disponible es «abrumadora» y que los archivos descifrados ya contienen elementos de cargo suficientes, incluyendo más de 200 horas de grabaciones ambientales realizadas por Villarejo en reuniones con altos cargos del Ministerio del Interior.
El tribunal, presidido por la magistrada Ángela Murillo, ha anunciado al término de la sesión pericial que el juicio entrará la próxima semana en la fase de prueba documental sonora. Durante los días 14 y 15 de mayo se reproducirán en sala las grabaciones seleccionadas por las partes, un total de 34 audios que suman aproximadamente 18 horas de contenido. Posteriormente, a partir del lunes 19 de mayo, está previsto el inicio de los interrogatorios a los acusados, empezando por el propio Villarejo y siguiendo con el exministro Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el resto de imputados.
La cronología del caso Kitchen resulta especialmente significativa en el contexto político actual. La operación se ejecutó entre 2013 y 2015, pero la instrucción judicial no se abrió hasta 2017 y el juicio oral no comenzó hasta febrero de 2026, más de una década después de los hechos. En ese tiempo, varios de los protagonistas políticos han abandonado la primera línea: Fernández Díaz fue relegado dentro del PP, Mariano Rajoy dejó la presidencia del Gobierno y María Dolores de Cospedal, cuyo papel en la trama es objeto de una pieza separada, se alejó de la vida pública. El actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido una estrategia de distancia absoluta respecto al caso.
Los letrados de las acusaciones populares han solicitado al tribunal que requiera formalmente a Villarejo la entrega de las contraseñas, invocando el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga al investigado a colaborar con la justicia en la medida en que no vulnere su derecho a no declarar contra sí mismo. La cuestión plantea un dilema jurídico complejo: el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre si la obligación de facilitar contraseñas de cifrado vulnera el derecho fundamental a no autoincriminarse, una cuestión sobre la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió una sentencia parcialmente favorable al acusado en 2024.
La Fiscalía mantiene su petición de 37 años de prisión para Villarejo por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y revelación de secretos en el marco de la Operación Kitchen.
El impacto mediático de la revelación ha sido inmediato. Las redes sociales y los programas informativos de la tarde han acogido la cifra del 40% como símbolo de una justicia que opera con las manos parcialmente atadas. La oposición parlamentaria ha anunciado que solicitará una comparecencia urgente del ministro del Interior en el Congreso para explicar por qué la Policía Nacional no fue capaz de completar el descifrado en los nueve años transcurridos desde la incautación, aunque fuentes del ministerio han recordado que la responsabilidad técnica corresponde al Centro Criptológico Nacional, adscrito al Centro Nacional de Inteligencia.
