«El hecho de que muera gente y que eso parezca irrelevante y que haya partidos políticos que prefieren tirarse los platos a la cabeza en lugar de hablar de la catástrofe humana que representa la muerte de docenas y docenas de personas o el abandono de centenares de menores», afirmó Junqueras, que situó ese elemento por encima de los reproches cruzados entre formaciones como el eje que debería centrar el debate público sobre Ceuta.
El dirigente de ERC matizó su posición al señalar que los gobiernos tienen, al mismo tiempo, «la obligación de velar por sus fronteras» y por el control de los flujos migratorios, combinando la exigencia humanitaria con el reconocimiento de las competencias estatales en seguridad fronteriza. Esas competencias están atribuidas al Ministerio del Interior en el marco de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
La crisis en Ceuta ha reabierto el debate sobre la gestión de menores no acompañados y las llegadas irregulares a la ciudad autónoma, un asunto que atañe simultáneamente al Gobierno central —competente en fronteras y asilo— y a las comunidades y ciudades autónomas, que asumen la tutela de los menores conforme a la Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor. Ese reparto competencial ha sido fuente recurrente de fricciones institucionales, como ocurrió en la crisis de Ceuta de mayo de 2021, cuando la entrada de miles de personas en pocas horas desató un choque entre administraciones sobre la acogida.
En ese contexto, Vox ha instado a la Fiscalía a iniciar el procedimiento para la expulsión de inmigrantes en Ceuta, mientras el Colegio de Médicos de Melilla ha reclamado medidas «urgentes» ante la situación derivada de las llegadas. Ambas posturas ilustran la diversidad de respuestas institucionales que las crisis migratorias en las ciudades autónomas del norte de África vienen generando.
Junqueras defendió de nuevo que Cataluña asuma competencias plenas en materia de inmigración, una reivindicación histórica del independentismo que choca con el marco constitucional vigente. El artículo 149.1.2 de la Constitución de 1978 reserva al Estado la competencia exclusiva sobre nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. «Por eso somos independentistas: cuantas más competencias, mejor», resumió el presidente de ERC.
El líder republicano vinculó esa reivindicación a los límites demográficos y de recursos de Cataluña, al señalar que «es evidente que no se dan las circunstancias adecuadas para que Cataluña tenga muchos más habitantes de los que ya tiene», en alusión a las «muchas limitaciones» que enfrentan el país y la sociedad catalana, sin precisar cifras.
Rechazo a Aliança Catalana
Preguntado por si, como otros dirigentes independentistas, considera inviable un pacto con Aliança Catalana de cara a un eventual proceso soberanista, Junqueras fue tajante: «No se puede hacer nada bueno ni serio con cualquier grupo político o social o de cualquier tipo que predica el odio contra su propio país y contra su propia sociedad». Ahondó en la idea al sostener que «el odio es incompatible, sobre todo el odio dirigido a tu propio país y tu propia sociedad, con la construcción de un futuro compartido».
Esa posición distancia a Esquerra Republicana de la formación liderada por Sílvia Orriols, que ha irrumpido en el mapa político catalán con un discurso centrado en la inmigración. La estrategia de ERC hacia Aliança Catalana se enmarca en un debate más amplio dentro del soberanismo sobre las alianzas necesarias para reactivar un proceso que permanece estancado desde el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la posterior aplicación del artículo 155 de la Constitución. Junts per Catalunya y la CUP también han mantenido distancias con la formación de Orriols.
Junqueras confirmó además su asistencia a la manifestación unitaria independentista convocada para la Diada del 11 de septiembre en Barcelona, fecha que conmemora la caída de la ciudad en 1714 durante la Guerra de Sucesión Española, el mismo episodio histórico que centró su intervención académica en Prada de Conflent. «Iremos a todas partes», afirmó, y recordó que la edición del año pasado se vio deslucida por la lluvia, que le impidió participar.
La Universitat Catalana d'Estiu de Prada de Conflent, que se celebra desde 1968 en el Rosellón francés, constituye uno de los foros de referencia para el catalanismo durante el verano y ha servido tradicionalmente de escaparate para que dirigentes de distintas sensibilidades soberanistas fijen posición ante el curso político que arranca tras la Diada de septiembre.
El próximo hito será precisamente esa manifestación del 11 de septiembre, primera cita colectiva del independentismo tras el verano, en la que las distintas formaciones —ERC, Junts, la CUP y la propia Aliança Catalana— medirán su respaldo en la calle y perfilarán la relación entre ellas de cara al nuevo curso parlamentario.
