El señalamiento recae sobre un sistema penitenciario que arrastra desde hace años denuncias de hacinamiento, falta de personal custodio y deficiencias en la infraestructura de los centros de reclusión, administrados por el Ministerio de Gobierno a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario.
La fuga masiva ocurrida meses atrás generó un amplio debate público sobre los controles de seguridad en los centros penales, con cuestionamientos dirigidos tanto a las autoridades penitenciarias como a los mecanismos de supervisión existentes. El episodio reavivó un reclamo sostenido: desde hace más de una década, distintos gremios profesionales y organizaciones de derechos humanos han advertido sobre el deterioro de la infraestructura carcelaria, particularmente en recintos como La Joyita y el Complejo Penitenciario La Joya, que concentran buena parte de la población reclusa del país.
El Colegio Nacional de Abogados, que agrupa a los profesionales del derecho y con frecuencia se pronuncia sobre institucionalidad y debido proceso, ha mantenido en el pasado una postura activa frente a decisiones del Órgano Judicial y del Ministerio Público relacionadas con el sistema de justicia penal. Su presidenta planteó que el tiempo transcurrido desde la fuga no se ha traducido en avances medibles.
La advertencia se suma a los señalamientos que distintos sectores han hecho sobre la lentitud de las reformas penitenciarias, un asunto que trasciende a un solo Gobierno y que suele reaparecer en las vistas presupuestarias que anualmente se realizan en la Asamblea Nacional para fiscalizar la asignación de recursos al sistema penitenciario y a los ministerios de Gobierno y de Seguridad Pública.
Panamá ha enfrentado episodios similares de tensión en sus centros penitenciarios en décadas anteriores, con motines y fugas que en su momento motivaron promesas de modernización de la infraestructura carcelaria que, según gremios como el de abogados, no siempre se tradujeron en resultados sostenidos.
El reclamo se produce en un periodo de atención mediática hacia distintos frentes de gestión gubernamental, desde la agenda internacional del mandatario, que viajaría a Reino Unido el 3 de diciembre para reunirse con el rey Carlos III, hasta controversias internas como la del caso Ueno Bank. El señalamiento del Colegio Nacional de Abogados queda como el elemento más reciente en la discusión pública sobre el estado de las cárceles, cinco meses después de la fuga.