Hay una forma de protesta que consiste en no ir a un lugar, y otra que consiste en no ir a ese lugar pero acudir a otro, el mismo día, para hablar precisamente de lo que se supone que no le interesa a uno. Cepeda ha optado por la segunda. El senador no dijo que se apartaría del debate nacional; dijo que estará en Barranquilla para «expresarme con relación a los planteamientos que haga el señor De La Espriella comenzando este periodo de gobierno». La agenda del presidente que dice no reconocer termina, así, marcando la suya.
El senador defendió que su decisión responde a una postura de principio: «No voy a asistir a la posesión de Abelardo De La Espriella el próximo 7 de agosto. Dada mi posición de desconocimiento de su legitimidad como presidente de la república (…), el próximo 7 de agosto estaré en la ciudad de Barranquilla», expresó. Y calificó el acto que protagonizará como una manifestación de «desobediencia civil»: «Esa demostración será, como lo hemos hecho siempre, pacífica, pero será una clara posición de desobediencia civil», enfatizó el congresista.
La categoría merece un examen frío. La desobediencia civil, en su formulación clásica, se define por el desacato deliberado a una norma percibida como injusta, asumiendo las consecuencias jurídicas de ese desacato. Cepeda, sin embargo, no anuncia el incumplimiento de ninguna norma: ejerce, con la protección institucional que le da su curul, el derecho a realizar un acto público pacífico en otra ciudad. No hay sanción que enfrentar ni deber legal que quebrantar, de modo que el rótulo describe más una postura política que un acto de desacato en sentido estricto.
La coherencia del senador con su propio relato no está en discusión: ha sido consistente en cuestionar el proceso, incluso después de que la Registraduría certificara los resultados y de que actores internacionales avalaran la transparencia de los comicios. Otra cosa es la lógica de la maniobra. No reconocer a un mandatario y, a la vez, diseñar un evento cuya materia prima será rebatirlo en tiempo real produce menos una ausencia que una presencia desplazada: el desconocimiento se ejerce con la radio prendida y el micrófono listo.
De un desconocimiento simbólico a un acto sin efectos jurídicos
El marco constitucional es, en esto, inflexible. La Carta exige que el presidente electo tome posesión ante el Congreso en pleno, con la asistencia de una mayoría simple de los legisladores, un requisito que no depende de la voluntad individual de ningún congresista de asistir o no. La ausencia de Cepeda no altera, por tanto, la validez jurídica del acto: es un gesto dirigido, sobre todo, a un público que ya comparte su lectura de los hechos.
A ese cuadro se suma un trámite todavía abierto. La próxima semana el Congreso deberá estudiar una proposición sobre el eventual traslado del lugar de la investidura, de modo que aún no está definido dónde jurará De La Espriella. La incertidumbre sobre la sede convive con la certeza calendárica del acto paralelo: la posesión no tiene lugar fijo, pero la contraprogramación ya tiene ciudad y fecha.
Del otro lado, el mandatario electo no requiere jurídicamente la aquiescencia de su rival para investirse: la mayoría simple que exige la Constitución no depende del segundo lugar en las urnas ni de su bancada. Pero la política no se agota en los quórums. Una posesión con ausencias notorias de la oposición —por más que sea plenamente legal— alimenta relatos enfrentados: al gobierno entrante, el de una resistencia infundada frente a un resultado certificado; a la oposición, el de un cuestionamiento no zanjado.
Ninguna de las dos narrativas se sostiene por sí sola. Los organismos electorales, las instituciones del país y observadores internacionales validaron el proceso y destacaron el papel de la Registraduría, y ese es el hecho verificable del que parte cualquier análisis. Al mismo tiempo, la abstención de un segundo lugar en una posesión no carece de peso político en la historia reciente. Ambas afirmaciones son ciertas a la vez, y ese es el terreno incómodo desde el que conviene juzgar el episodio.
El país no es ajeno a estos pulsos por la legitimidad de las urnas. En la campaña presidencial de 2018 se libró un choque intenso sobre la limpieza del proceso y la financiación de las campañas, sin que ninguno de esos reproches alterara el calendario constitucional ni impidiera la posesión en la fecha prevista. La diferencia hoy es de estatura política: quien cuestiona no es un actor marginal, sino el aspirante que ocupó el segundo lugar, con capital dentro de la bancada del Pacto Histórico.
Lo que queda claro, mirando el calendario, es que el 7 de agosto habrá dos actos, dos públicos y dos relatos, pero una sola Constitución que exige que uno de ellos —la posesión— ocurra con independencia de lo que suceda en el otro. Mientras un abogado jura como presidente ante el Congreso, un senador que no lo reconoce estará, con micrófono en mano, anunciando que tampoco piensa quedarse callado.
Ahí está el nudo del episodio: no se desconoce a alguien con tanta atención. Cepeda ha convertido la ausencia en un formato de presencia alternativa, más cercano a la oposición mediática que a la desobediencia civil que invoca. El país seguirá pendiente de dos definiciones concretas: dónde jurará finalmente De La Espriella, que dependerá de lo que resuelva el Congreso en los días previos, y si alguna de las dos plazas —la del Legislativo o la de Barranquilla— logrará decir algo que la otra no sepa ya de memoria.
