La alocución presidencial, emitida el lunes, se produjo dos semanas después del sismo que sacudió a varios departamentos del país y que obligó al Gobierno a activar protocolos de atención humanitaria y a diseñar una estrategia de reconstrucción para las zonas con mayor afectación. En su intervención, De La Espriella detalló algunas de las acciones puestas en marcha para atender a los damnificados y dio a conocer parte de la estrategia de reconstrucción, sin que hasta el momento se conozcan cifras oficiales consolidadas de vivienda, infraestructura o inversión comprometida por parte de la Presidencia de la República.
Petro, quien ha mantenido una posición crítica frente al manejo que la actual administración le ha dado a la emergencia, señaló en X que estudia acogerse al derecho de réplica que la ley colombiana reconoce a quienes se sienten aludidos o afectados por declaraciones difundidas en medios de comunicación. El expresidente indicó, además, que el Pacto Histórico, la coalición de la que continúa siendo la figura más visible, podría sumarse a esa misma solicitud institucional frente a la intervención presidencial.
La intención del exmandatario no se limitaría a cuestionar la gestión de la emergencia. Petro manifestó también su propósito de presentar públicamente una propuesta sobre las acciones que, a su juicio, deberían implementarse para mejorar la atención a los damnificados, en un ejercicio que buscaría trasladar el debate desde las redes sociales hacia los mecanismos institucionales previstos para la réplica mediática y el control político.
Qué ampara el artículo 20
El derecho de réplica en Colombia está reconocido en el artículo 20 de la Constitución Política y desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que en distintas sentencias ha establecido las condiciones bajo las cuales una persona aludida por un medio o por un funcionario en ejercicio de sus funciones puede exigir espacio equivalente para responder. La figura, poco utilizada por exmandatarios frente a alocuciones presidenciales, plantea un escenario inusual en la historia reciente del país, donde las confrontaciones entre gobiernos salientes y entrantes suelen dirimirse en el terreno de la opinión pública antes que en el de los mecanismos formales.
La reacción no se limitó al plano institucional. El presentador Hernán Orjuela, con presencia activa en redes sociales, cuestionó en X que los medios de comunicación sigan dando espacio a las declaraciones del expresidente. En su mensaje, publicado el 20 de agosto, Orjuela se preguntó por qué se le sigue dando «pantalla y sonido» a alguien que, según su apreciación, «sigue delirando en su perverso manejo real del gobierno pasado», y cerró con un llamado directo: «No más insultos e incoherencias, Gustavo».
El intercambio se produce en un momento de particular sensibilidad para la opinión pública, con comunidades todavía a la espera de soluciones habitacionales y de infraestructura tras el sismo del 10 de agosto. La politización de la respuesta a las emergencias no es un fenómeno nuevo en Colombia: desastres de gran magnitud, como la avalancha de Armero en 1985 o el terremoto de Armenia y el Eje Cafetero en 1999, dejaron también estelas de disputas políticas sobre la gestión de la reconstrucción, en algunos casos con repercusiones judiciales y de control fiscal por parte de la Contraloría General de la República.
La coordinación de la respuesta institucional ante fenómenos de esta naturaleza corresponde a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entidad encargada de articular la atención a los damnificados conforme a los protocolos establecidos.
El Pacto Histórico no ha confirmado de manera oficial si acompañará la solicitud de derecho de réplica que su principal referente estudia presentar. En el terreno legislativo, la vía habitual para exigir cuentas al Ejecutivo es el debate de control político en el Congreso de la República, mecanismo mediante el cual las bancadas pueden citar a los ministros responsables de la atención de la emergencia; hasta el momento no se ha radicado formalmente una citación de ese tipo sobre la reconstrucción.
El episodio se inserta en una dinámica de tensión entre el expresidente y el actual Gobierno desde la transición de mando, marcada por señalamientos cruzados sobre la herencia administrativa y fiscal dejada al término del cuatrienio anterior, periodo al que Petro alude cuando defiende su gestión y al que Orjuela se refiere en tono crítico en su mensaje en X.
De cara a los próximos días, el debate podría trasladarse al Congreso, donde las comisiones competentes tienen la facultad de citar a funcionarios del Gobierno para rendir cuentas sobre el estado de la reconstrucción. La eventual formalización del derecho de réplica por parte de Petro, de concretarse, abriría un precedente sobre el uso de esta figura por parte de expresidentes frente a alocuciones de sus sucesores, un terreno hasta ahora poco explorado en la práctica institucional colombiana.
