Según el reporte de la Secretaría de Seguridad de Bogotá difundido este viernes, cuando los uniformados ingresaron hallaron a los menores presuntamente consumiendo cerveza, aguardiente, ron y whisky. Uno de ellos habría presentado un estado avanzado de embriaguez y fue trasladado a un centro médico para su atención, mientras el resto quedó bajo la custodia de las autoridades para la verificación de su identidad y su situación familiar.
El hallazgo no se limitó al licor. Durante la intervención, la Policía incautó también sustancias estupefacientes, armas cortopunzantes y derivados del tabaco, elementos que —de acuerdo con el reporte oficial— quedaron registrados durante el procedimiento y que agravan el cuadro de riesgo al que, según las autoridades, estaban expuestos los menores.
La mayoría de los 47 niños, niñas y adolescentes fueron entregados a sus padres o acudientes tras la verificación correspondiente. Los demás fueron trasladados a centros zonales del ICBF, entidad que, según el reporte, deberá adelantar el proceso administrativo de restablecimiento de derechos contemplado en el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y determinar las medidas de protección que sean necesarias.
Un establecimiento con cuatro cierres previos
Lo que distingue este caso de otros operativos similares es el historial del local. Según las verificaciones realizadas por la Policía durante la intervención, el establecimiento registra cuatro cierres previos por comportamientos contrarios a la convivencia, sancionados en aplicación de la Ley 1801 de 2016, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que regula las medidas correctivas contra bares y sitios de consumo.
Pese a las clausuras impuestas en ocasiones anteriores, el sitio habría continuado operando bajo nuevas razones sociales. De acuerdo con las autoridades, sus administradores habrían recurrido al cambio de razón social para evadir los controles administrativos sin cesar su actividad real. En este caso, la denominación como aparente sede sindical habría servido de fachada para sortear las restricciones vigentes.
La Alcaldía Local de Teusaquillo impuso, como resultado del operativo, una nueva medida correctiva: la suspensión temporal de la actividad del establecimiento durante diez días. El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana faculta a los alcaldes locales para imponer medidas que van desde la multa hasta la suspensión o el cierre definitivo de los establecimientos que incumplan las normas de convivencia, entre ellas la prohibición de vender o permitir el consumo de alcohol a menores de edad, conducta tipificada también en el Código de la Infancia y la Adolescencia.
El seguimiento a convocatorias difundidas por redes sociales fue, según el reporte oficial, lo que permitió identificar el lugar y desplegar el operativo. La Seccional de Protección y Servicios Especiales venía monitoreando la circulación de esos mensajes, una práctica que las autoridades distritales han señalado como recurrente en establecimientos que operan bajo figuras legales distintas a las de bares o discotecas para reducir la vigilancia de las inspecciones.
El precedente más notorio de intervención por venta de licor a menores en la capital se remonta a los operativos masivos desplegados durante las administraciones distritales de comienzos de la década pasada, cuando la entrada en vigor de la Ley 1801 de 2016 dotó a los alcaldes locales de un catálogo de medidas correctivas que reemplazó al antiguo Código Nacional de Policía de 1970, vigente durante casi medio siglo. Desde entonces, los cierres por reincidencia y el cambio de razón social han sido problemas identificados de manera reiterada por las autoridades bogotanas.
La Fiscalía General de la Nación no se había pronunciado sobre una eventual apertura de investigación penal contra los administradores del establecimiento. El hallazgo de estupefacientes y armas cortopunzantes durante el operativo podría derivar en actuaciones judiciales, dependiendo de lo que arroje la verificación de los elementos incautados. Tampoco los administradores del local se han pronunciado públicamente sobre los hechos ni sobre los cierres previos que registra el establecimiento.
Para las próximas semanas se espera que el ICBF determine el estado de cada uno de los 47 menores identificados y defina, en los casos que lo requieran, las medidas de restablecimiento de derechos correspondientes. La Alcaldía Local de Teusaquillo deberá decidir, al término de los diez días de suspensión, si autoriza la reapertura del establecimiento o adopta una sanción definitiva ante la reincidencia registrada.
