En el video, Rincón sostuvo que la mujer se encuentra en poder de las autoridades desde el pasado domingo, cuando —según su versión— la familia la entregó en la estación de Policía de Meléndez tras encontrar indicios de su presunta participación en los hechos. Posteriormente, dijo, funcionarios de la Fiscalía la trasladaron para continuar con las diligencias judiciales correspondientes a la fase de investigación. «La Fiscalía ya la tiene a ella, a la culpable, la que era mi pareja. La tiene en custodia, la tiene en su poder. Nosotros mismos se la entregamos el domingo cuando nos dimos cuenta de que ella tuvo algo que ver en ese hecho que ha conmocionado a toda la ciudad de Cali», afirmó.
De acuerdo con su relato, la Fiscalía les habría solicitado guardar reserva sobre el procedimiento para no entorpecer la investigación, en la que —según sugirió— se buscaría identificar a otros posibles implicados. El hombre indicó que rompió ese silencio porque considera insuficientes las medidas de protección otorgadas a él y a su familia frente a las amenazas que aseguran haber recibido, al punto de que —dijo— habrían sido intimidados para abandonar su vivienda. «Por motivos de seguridad, la Fiscalía dijo que no dijéramos todavía nada. La Fiscalía tampoco ha salido a decir que ellos la tienen para no entorpecer la investigación porque parece ser que hay más implicados en la desaparición», señaló.
Rincón relató que el día de la desaparición de María Camila Potosí desconocía por completo lo ocurrido, y que solo al día siguiente, cuando comenzaron a circular en redes sociales videos de cámaras de seguridad relacionados con el caso, empezó a cuestionar a quien entonces era su pareja sentimental sobre lo sucedido.
En un pasaje delicado de su testimonio, Rincón se presentó también como víctima de la situación. Aseguró que la mujer le había hecho creer que estaba embarazada de una hija suya, al punto de que la pareja realizó una revelación de género y de que tanto él como su familia estuvieron ilusionados durante meses con la llegada de la bebé. «Quiero aclarar en este video que yo también soy una víctima de ella. Nosotros hicimos un video de revelación de género; mi familia y yo estábamos muy ilusionados, íbamos a tener una bebé en casa», declaró.
El hombre añadió que sería la segunda vez que la mujer afirmaba estar en embarazo sin que existiera un registro médico que lo confirmara. «Nosotros ya empezamos a tener nuestras dudas de que si está o no está embarazada de mí. Quiero aclarar que esta ya es la segunda vez. La primera vez también estuvo en embarazo y supuestamente lo perdió, pero nunca hubo registro del bebé», precisó, y agregó que la relación sentimental había terminado dos meses antes de los hechos, aunque la mujer continuaba residiendo temporalmente en la vivienda familiar debido al presunto embarazo.
Rincón insistió en que ni él ni ningún miembro de su familia tuvo participación en la desaparición de la joven, y reiteró que la familia colaboró con las autoridades desde el momento en que surgieron las sospechas. «Nunca pensé eso de ella, nunca le di una pizca de maldad. Mi familia está en riesgo, mi vida también y yo no tengo nada que ver. Nosotros mismos la entregamos a las autoridades apenas nos dimos cuenta de que ella tenía algo que ver», puntualizó.
Hasta el momento, la Fiscalía General de la Nación no ha emitido pronunciamiento oficial que confirme la captura descrita por Rincón, ni se ha referido públicamente a la eventual existencia de otras personas investigadas por el crimen. La reserva institucional es habitual en las primeras fases de una indagación cuando, como sugiere el testimonio, podría estar en curso la identificación de más implicados. Ninguna de las afirmaciones del video ha sido corroborada por el ente investigador.
Cómo avanza el proceso penal
En el sistema penal acusatorio colombiano, vigente desde la entrada en operación de la Ley 906 de 2004, la captura de un sospechoso debe ser puesta a disposición de un juez de control de garantías dentro de las 36 horas siguientes para la audiencia de legalización y, en su caso, la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento. La calificación jurídica de los hechos y la eventual acusación ante un juez penal del circuito corresponden a la Fiscalía una vez agotada la etapa de investigación. La condición de mujer en estado de embarazo, de confirmarse, constituye una causal de agravación punitiva contemplada en el Código Penal para los delitos contra la vida.
El caso se inscribe en una preocupación persistente por la violencia contra las mujeres en el país. Casos de alto impacto como el de Rosa Elvira Cely, asesinada en Bogotá en 2012, impulsaron la tipificación autónoma del feminicidio a través de la Ley 1761 de 2015 —conocida como Ley Rosa Elvira Cely—, que endureció las penas para los homicidios cometidos contra mujeres por razón de su género. La calificación definitiva de los hechos en el proceso de Cali dependerá de los elementos materiales probatorios que reúna la Fiscalía.
Las autoridades judiciales del Valle del Cauca no han fijado plazos públicos para nuevas actuaciones en el proceso. La denuncia de amenazas formulada por Rincón podría, de ser puesta en conocimiento formal, derivar en la evaluación de un esquema de protección o en una actuación paralela de la propia Fiscalía, entidad competente para valorar el riesgo de testigos y familiares vinculados a procesos penales en curso. El siguiente hito relevante será el pronunciamiento oficial del ente acusador, que hasta ahora ha mantenido silencio sobre el estado real de las diligencias.
