Entre las víctimas fatales está el escolta Andrés Machín, funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien, según el relato de la Consejería del Pueblo Nasa, reaccionó al ataque y resultó herido de muerte; su fallecimiento se confirmó minutos después. La organización indígena también reportó la muerte de un comunero de apellido Machín y heridas en otro funcionario de la UNP, identificado como Jhon Lemus. La Policía del Valle, por su parte, ratificó el balance de dos muertos y dos heridos.
La Consejería de Gobierno Propio del Pueblo Nasa, filial del Consejo de Gobierno Propio Nasawe'sx Dxi'j2, emitió un comunicado en el que alertó «a la comunidad nacional e internacional» sobre lo que calificó como un riesgo de «exterminio físico» contra ese pueblo indígena. La comunidad nasa tiene presencia histórica en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, una zona atravesada por disputas territoriales entre estructuras armadas ilegales, cultivos de uso ilícito y corredores hacia el Pacífico.
Un despliegue anunciado para la posesión en Cali
El atentado se produjo cuando la Gobernación del Valle del Cauca había anunciado un blindaje de seguridad que calificó de histórico para tratar de garantizar la posesión de De la Espriella en Cali, un evento inédito por realizarse fuera de Bogotá. Según la propia gobernación, el operativo contempla más de 11.000 uniformados de la Fuerza Pública, vigilancia aérea en puntos estratégicos y «una articulación sin precedentes entre el departamento y la nación».
Florida figura entre los municipios priorizados dentro de ese plan, junto con Buenaventura, Jamundí, Yumbo, Dagua, Restrepo, Candelaria, Palmira y Pradera, corredores donde las autoridades buscan establecer rutas seguras y reforzar la vigilancia. El alcalde de Cali, Alejandro Éder, pidió colaboración ciudadana en el marco de esos preparativos: «Estamos trabajando desde ya para blindar a Cali también contra el terrorismo. Necesitamos el apoyo de la ciudadanía con información que nos ayude a prevenir cualquier acción», señaló, y habilitó una línea telefónica para recibir reportes.
La alcaldía de Cali y la gobernación anunciaron de manera conjunta una recompensa de hasta $500 millones para quienes aporten información anticipada sobre amenazas contra la seguridad del evento, incluidas alertas sobre vehículos o drones sospechosos, según explicó la gobernadora del Valle del Cauca. El ataque en Florida quedó así en el centro de la agenda de seguridad previa a la posesión.
Un esquema de protección puesto a prueba
La UNP, entidad adscrita al Ministerio del Interior encargada de proteger a líderes sociales, defensores de derechos humanos y personas en riesgo, no se ha pronunciado oficialmente sobre la muerte de su escolta en Florida. El hecho reabre el interrogante sobre la capacidad del esquema de protección estatal frente a atentados directos contra sus funcionarios en zonas rurales de alta conflictividad, donde la escolta es a menudo la primera barrera ante un ataque armado.
La Fiscalía General de la Nación es la entidad competente para investigar los hechos, determinar la autoría del atentado y esclarecer si el ataque se dirigió específicamente contra la Autoridad Mayor del resguardo o si los demás heridos y fallecidos resultaron afectados de manera colateral. La atribución del homicidio de un servidor público en ejercicio de sus funciones agrava la conducta penal frente a la de un homicidio simple.
El ataque contra comuneros y autoridades del pueblo nasa se inscribe en un patrón de agresiones contra líderes indígenas en el suroccidente colombiano, región donde las organizaciones del movimiento indígena han denunciado de forma reiterada homicidios selectivos, amenazas y desplazamientos forzados vinculados al control territorial de grupos armados ilegales. La guardia indígena y las autoridades propias han sido blanco frecuente de estas estructuras.
El norte del Cauca y el sur del Valle han sido escenario histórico de violencia contra comunidades indígenas desde antes de la firma del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las antiguas Farc. Aquel pacto, que condujo a la desmovilización de la extinta guerrilla, no desactivó por completo la presencia de disidencias ni las economías ilegales que se disputan esos corredores estratégicos, un vacío que ha alimentado la reconfiguración de la violencia en el suroccidente del país.
En los próximos días se concentrará en Cali el despliegue de seguridad anunciado para la posesión presidencial, en un contexto en el que las autoridades departamentales y municipales enfrentan la presión de garantizar el orden público tras el atentado de Florida. La investigación de la Fiscalía y el eventual pronunciamiento de la UNP marcarán el rumbo inmediato del caso, mientras persiste la incógnita sobre el estado de salud de Julián Mauricio Gutiérrez.
