En un comunicado, las familias acusaron al gobierno de Guerrero de indiferencia ante la crisis de desapariciones y de incumplir obligaciones previstas en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y en la Ley General de Víctimas. Sostuvieron que financiar las búsquedas con recursos propios agrava su situación económica y pone en riesgo su salud física, mental y su patrimonio, mientras las autoridades responsables de localizar a las personas no ofrecen respuestas.
"Han negado el apoyo necesario para llevar a cabo el trabajo de la Brigada Nacional de Búsqueda en el estado de Guerrero. Nuevamente, somos las familias las que tenemos que poner el cuerpo y alma y cubrir los gastos de las búsquedas de nuestros familiares", señaló la Red de Enlaces Nacionales en un comunicado.
La brigada se desarrollará en seis ejes: búsqueda en campo, búsqueda en vida, actividades en escuelas, acercamiento con iglesias, sensibilización social e identificación de personas desaparecidas. Colectivos locales y organizaciones civiles de Guerrero prepararon las condiciones para recibir a las familias llegadas de distintas entidades, en una labor que combina el rastreo de posibles restos humanos con el acercamiento a comunidades escolares y religiosas para obtener información que permita localizar a las víctimas.
Las familias explicaron que la brigada busca impulsar la participación ciudadana y reconstruir vínculos comunitarios afectados por la violencia y el desplazamiento en Acapulco, Chilpancingo y Atoyac de Álvarez, tres zonas del estado golpeadas por la violencia. La Red de Enlaces Nacionales planteó las brigadas también como una forma de exigir a las instituciones que cumplan con su responsabilidad de investigar, localizar a las víctimas y garantizar justicia.
"Para las autoridades crece la cifra de las desapariciones, para nosotros es un núcleo familiar roto, una nueva tragedia familiar y nacional", expresaron los colectivos en el comunicado.
Los colectivos recordaron que México enfrenta más de 135,000 casos de personas desaparecidas y exigieron a los tres niveles de gobierno asumir sus responsabilidades en materia de prevención, búsqueda, verdad y justicia. También invocaron el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas para reclamar la intervención de mecanismos internacionales ante la magnitud de la crisis.
La jornada se inscribe en una práctica consolidada desde 2016, cuando colectivos de todo el país realizaron la primera Brigada Nacional de Búsqueda en Veracruz ante el vacío de respuesta oficial. El episodio se suma a otros casos recientes de búsqueda ciudadana en el país, como los hallazgos de indicios humanos en Huitzilac, Morelos.
La VIII Brigada Nacional de Búsqueda comenzará actividades en Guerrero el domingo 15 de noviembre y concluirá el viernes 27, con la participación de colectivos de distintas regiones del país. Las familias afirmaron que continuarán organizándose y realizando búsquedas independientes mientras no existan respuestas suficientes de las autoridades.
"Las familias nos unimos, nos organizamos y autogestionamos para realizar las tareas de esta Brigada porque es nuestra prioridad encontrar a nuestros desaparecidos, ante la indolencia del Estado", señaló la Red de Enlaces Nacionales.
