El expediente se encuentra en etapa de indagación ante la Fiscalía y no registra hasta el momento imputación formal contra ninguna de las señaladas, por lo que ambas conservan la condición de indiciadas. Bajo el procedimiento penal colombiano regido por la Ley 906 de 2004, el paso siguiente sería una eventual audiencia de imputación de cargos ante un juez de control de garantías, requisito previo a cualquier medida de aseguramiento o acusación formal.
Según los señalamientos de los empresarios denunciantes, Juliana Guerrero se habría encargado de adelantar las negociaciones dentro del Gobierno Petro, mientras que Verónica habría asumido la comunicación directa con los clientes. Un tercer hombre, David Trespalacios —descrito como un joven de Barranquilla y amigo de la familia—, se habría ocupado de la recolección del dinero, de acuerdo con las consignaciones bancarias que sustentan la denuncia.
Entre los proyectos mencionados figuran la construcción de un acueducto en el departamento del Cesar y programas de mejoramiento de vivienda en distintas regiones del país, financiados con presupuesto del Ministerio de Vivienda. Uno de los empresarios que habría entregado $200 millones para respaldar esas gestiones afirmó que las hermanas Guerrero ofrecían intermediación con el entonces viceministro de Agua y Saneamiento Básico: “Ellas nos ofrecían ayuda con el viceministro de Agua Potable, que él hacía adjudicar los dineros y agilizaba la viabilización de los proyectos”. Otro denunciante sintetizó su relación con las hermanas y el funcionario con una frase: “Trabajaba con ellos”.
El chat que contradice al exviceministro
Ese funcionario es Edward Libreros, quien ocupó el cargo entre septiembre de 2024 y octubre de 2025 y fue separado del Gobierno en un consejo de ministros transmitido públicamente por el presidente Gustavo Petro. Libreros se distanció de la controversia, negó actuaciones por fuera de la ley y aseguró que solo coincidió con Juliana Guerrero en espacios institucionales.
Un intercambio de mensajes fechado el 5 de febrero de 2025 pondría en entredicho esa versión. Ese día, según las conversaciones divulgadas, un empresario le reclamaba a Verónica Guerrero por los contratos en Vivienda. Ella respondió: “Ya estoy hablando con Edward”. El negociante replicó: “Dile que va Aguachica, el rural de Pailitas, Santa Rosa”, municipios del Cesar, y agregó: “Ganemos efectivo, jajaja”. Guerrero contestó: “Pa eso voy”.
Verónica adjuntó luego el pantallazo de su chat con el entonces viceministro. En él le escribió: “¿Qué tal estás de agenda? Necesitamos hablar contigo”. Libreros respondió que estaba “metido en DNP”, en alusión al Departamento Nacional de Planeación, y explicó que viajaría a Cúcuta y regresaría de Catatumbo el viernes. La cita quedó cerrada así, según los mensajes: “Mejor el viernes en la noche para hablar bien. Tenemos mucho que hablar”, escribió ella; “Dale, dale. El viernes entonces”, respondió él.
El caso reabre interrogantes sobre los controles internos en la asignación de recursos del Presupuesto General de la Nación destinados a vivienda rural y acueductos, un rubro que la Contraloría General de la República ha señalado como vulnerable a esquemas de intermediación en la adjudicación de contratos públicos. La viabilización de proyectos de agua potable, precisamente, pasa por decisiones técnicas y presupuestales que en su momento correspondían al despacho del viceministro señalado.
Un precedente en la contratación pública
Colombia registra antecedentes de escándalos por el uso de intermediarios en la contratación de obra social. El más recordado es el carrusel de la contratación en Bogotá, destapado en 2010, que derivó en la destitución e inhabilitación del entonces alcalde Samuel Moreno por parte de la Procuraduría General de la Nación y en condenas posteriores dictadas por la justicia ordinaria. Aquel episodio fijó un referente sobre el direccionamiento de adjudicaciones públicas a cambio de comisiones.
Voceros de la Casa de Nariño no se han pronunciado de manera oficial sobre el fondo de las acusaciones contra las hermanas Guerrero, aunque el propio presidente Petro ordenó la salida de Libreros del Ministerio de Vivienda. Hasta el momento no se ha informado sobre la apertura de una investigación disciplinaria paralela por parte de la Procuraduría contra los exfuncionarios mencionados.
La defensa de Juliana y Verónica Guerrero no ha entregado declaraciones públicas frente a las nuevas pruebas divulgadas. Tampoco se ha confirmado si ambas han sido notificadas formalmente de la indagación ni si cuentan ya con representación judicial ante la Fiscalía. Libreros, por su parte, mantiene la versión de que su vínculo con las hermanas fue estrictamente institucional.
El siguiente hito procesal dependerá de si la Fiscalía, tras valorar las evidencias documentales y testimoniales recaudadas, decide solicitar ante un juez de control de garantías la programación de audiencias de imputación. De avanzar el proceso, correspondería a la justicia penal ordinaria definir competencia y trámite, salvo que alguno de los eventuales implicados goce de fuero que radique la investigación en una instancia superior.
Mientras tanto, el caso se suma a las controversias sobre la ejecución de contratos en sectores sociales, en un escenario en el que la Contraloría y la Procuraduría han intensificado las auditorías a los ministerios encargados de programas de vivienda y agua potable en zonas rurales del país.
