Torres es identificado en departamentos del Caribe como el líder de un grupo de barones políticos conocido extraoficialmente como el «Clan Torres», caracterizado por operar con bajo perfil en la contratación pública. Su nombre ganó notoriedad por el respaldo que dio a la candidatura presidencial de Petro y por los señalamientos sobre presuntos favores recibidos durante esa administración.
El empresario es propietario de un conglomerado que, según testimonios, concentraría concesiones millonarias en los sectores de energía y transporte. Entre esos negocios figuraría el Sistema de Control y Vigilancia en Colombia, el esquema que recauda y vigila trámites de tránsito y que el gobierno de Abelardo De La Espriella pretende revocar.
Los entes de control rastrean movimientos de empresas ligadas a Torres en el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), donde se investigan presuntas irregularidades en la asignación de contratos durante el gobierno de Petro. De acuerdo con denuncias, cientos de millones de pesos estarían involucrados en esas operaciones, aún objeto de indagación.
La controversia sobre el papel de Torres llegó al Congreso. Ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, el empresario rindió una declaración —revelada por la revista Semana— en la que rechazó cualquier vínculo con una estructura política organizada.
«No hago parte de ningún clan político y mucho menos dirijo el supuesto Clan Torres. Esa narrativa, que ha sido creada de forma malintencionada, ha tratado de vincularme con escenarios que no corresponden con mi actividad empresarial, pues mi ejercicio económico ha estado apartado del campo político», declaró Euclides Torres ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
En esa misma comparecencia, Torres admitió su participación en la campaña presidencial de Petro mediante un evento realizado el 10 de septiembre de 2021, aunque circunscribió su papel a labores logísticas y negó cualquier entrega de recursos.
«Yo decidí colaborar, sin interés alguno, en aspectos generales de logística: nunca entregué dinero a Petro, ni a su hijo Nicolás, ni en general a ningún miembro de su familia», afirmó el empresario ante la misma comisión.
El episodio se inscribe en un ambiente de tensión entre el Congreso y el Ejecutivo por la gestión de contratos y entidades estatales, en un momento en que se han elevado cuestionamientos similares contra otras entidades, como reflejan las reacciones al pedido de renuncia del presidente de Colpensiones tras su paso por la Comisión Séptima.
La revocatoria de la visa por parte del Departamento de Estado no implica, según lo notificado, cargo penal alguno en territorio estadounidense contra Torres, cuyo caso queda bajo el escrutinio de los entes de control colombianos que ya adelantaban indagaciones sobre sus contratos con el Estado.
