Hay una escena que resume el estilo del anuncio: un ministro de Defensa que aún no lo es —«designado», precisa el propio comunicado, con ese matiz que separa el nombramiento formal de la promesa de cargo— revela en X el rediseño de la arquitectura de seguridad bilateral con la principal potencia militar del planeta. No hubo debate de control político, no hubo comunicado conjunto de cancillerías, no hubo, hasta donde consta, más que un «documento de trabajo» del que se conocen fragmentos generosos en propósitos y parcos en detalles operativos.
El nombre no es casual. El Plan Patriota original fue la ofensiva militar del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), concebida para recuperar el control territorial frente a las FARC en el sur del país, apoyada en el andamiaje del Plan Colombia que Washington financia desde 1999. Que el nuevo gobierno bautice su apuesta como una secuela —«2.0»— fija un linaje explícito, y lo hace desde Washington antes de que el asunto se discuta en el Capitolio de Bogotá.
Conviene precisar qué se anunció exactamente. Según la publicación de Mora, el plan busca «recuperar capacidades, derrotar las amenazas narcoterroristas, fortalecer la autoridad legítima del Estado y contribuir a la estabilidad regional», y abre «una nueva etapa de cooperación, integración y acción conjunta en defensa y seguridad con los Estados Unidos». Son enunciados de propósito sin cifras: no hay presupuesto explícito, no hay plazo, no hay indicación de si el componente colombiano se cargará al Presupuesto General de la Nación o seguirá el modelo histórico de asistencia estadounidense canalizada por el Departamento de Estado y el Pentágono, como ocurrió con el Plan Colombia.
Sí figura, en cambio, un catálogo de capacidades: fortalecimiento de la flota de helicópteros, sistemas de protección contra drones, asesores en inteligencia y planeamiento, refuerzo de ciberdefensa y un nuevo programa de entrenamiento conjunto. La pieza central es la propuesta de instalar en Colombia un Centro Regional de Entrenamiento contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales, destinado a formar fuerzas de seguridad de la región con énfasis en interoperabilidad y preparación operacional. El documento suma inteligencia, vigilancia, reconocimiento, protección de infraestructura crítica, interdicción aérea, marítima y fluvial, e investigación criminal transnacional. Ambición legítima; pero toda ambición de seguridad exige responder quién paga, quién manda y qué se cede a cambio de qué.
Desde Washington la respuesta fue entusiasta. «Colombia es históricamente uno de los socios de seguridad y defensa más fuertes de EE. UU. Bajo el liderazgo del presidente entrante Abelardo De La Espriella, planeamos llevar esta asociación a nuevos niveles con el Plan Patriota 2.0», escribió Humire en X el mismo martes. El funcionario agregó que se sentían «orgullosos y honrados de haber recibido al designado ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora, en el Pentágono la semana pasada». La cortesía diplomática es moneda corriente entre socios estratégicos. Lo llamativo es que sustituya al protocolo: cuando el anuncio llega por hilo de red social y no por comunicado conjunto ni por informe a las comisiones segundas del Congreso, el rito institucional se salta etapas.
La memoria colombiana no es amable con los atajos en seguridad. El Plan Colombia, lanzado en 1999 bajo la presidencia de Andrés Pastrana y financiado mayoritariamente por Washington, dejó lecciones agridulces: debilitó capacidades de las FARC, pero arrastró cicatrices —los llamados «falsos positivos», las fumigaciones con glifosato cuestionadas por la Corte Constitucional, el desplazamiento forzado en zonas rurales— que las altas cortes y la JEP todavía procesan. Cualquier secuela que aspire a evitar esos errores necesita, como mínimo, el escrutinio que su antecesor tardó años en recibir.
Queda la pregunta institucional: ¿bajo qué figura jurídica se cierran estos «primeros lineamientos»? Un acuerdo que implique presencia de tropas extranjeras, bases o inmunidades exigiría en Colombia el paso por el Congreso y, muy probablemente, el examen de la Corte Constitucional. Existe precedente: en 2010 la propia Corte tumbó por vicios de trámite el convenio de cooperación militar que habilitaba el uso de bases por parte de fuerzas estadounidenses, al considerar que debía tramitarse como tratado y no como acuerdo simplificado. Que el anuncio anteceda a cualquier trámite formal no lo hace ilegal —es una declaración de intenciones—, pero invierte la secuencia: se vende el resultado antes de mostrar el proceso.
No es menor que el país tenga, hasta el 7 de agosto, un gobierno saliente que sigue siendo el interlocutor formal con Washington en materia de defensa. El material disponible no registra pronunciamiento de la administración en funciones sobre este anuncio paralelo, ni consta que el Ministerio de Defensa vigente haya sido consultado sobre una estrategia que compromete a una institucionalidad castrense que aún no ha cambiado de mando. La transición, que constitucionalmente se extiende hasta la posesión, parece correr dos discursos de seguridad en paralelo: uno formal y silencioso, otro anunciado y ruidoso.
Nada de esto implica que cooperar con EE. UU. contra el narcotráfico sea en sí objetable: Colombia lleva más de dos décadas haciéndolo, con resultados mixtos pero con una continuidad de Estado que ha sobrevivido a gobiernos de todos los signos. El punto no es la alianza; es la coreografía. Un país que se precia de tener bancadas, ponentes, debates de control político y una Corte Constitucional vigilante merece que sus compromisos de seguridad nazcan en esos espacios, no en un hilo redactado con el tono de quien celebra un fichaje deportivo.
Para cuando el nuevo gobierno tome posesión el 7 de agosto queda la tarea de convertir el entusiasmo binacional en documento, presupuesto y control. Si el Plan Patriota 2.0 aspira a ser algo más que una etiqueta con aprobación bipartidista en Washington, tendrá que pasar por el filtro que su antecesor esquivó durante años: el debate público en la plenaria, el control fiscal de la Contraloría sobre cualquier partida conjunta y la eventual revisión de constitucionalidad de las altas cortes si el acuerdo roza la soberanía territorial. El orden de los factores, en diplomacia, sí altera el producto: primero los 280 caracteres, después —quizá— el Diario Oficial.
