Empecemos por lo que no es opinable. La ANLA revisó el Sistema de Información de Licencias Ambientales (SILA) y no halló reporte de inicio de explotación ni comunicación de la empresa avisando que la maquinaria se pondría en marcha. Un año de silencio administrativo, en un asunto donde ese silencio no es gratuito: el Estado autorizó un aprovechamiento que nadie ejecuta.
La ANM aportó un dato que merece subrayado: el Contrato de Concesión No. HGV-12391X, modificado en 2014, no contempla etapa de construcción y montaje. Cero años, según la propia agencia, con un año de exploración y 27 de explotación. De modo que Holcim no incumple al no construir, porque nunca tuvo que hacerlo. Lo que el contrato preveía era explotar, y ahí es donde el expediente se detiene.
La misma ANM admite que autorizó una suspensión temporal de las obligaciones contractuales entre el 6 de junio de 2024 y el 6 de junio de 2025, invocando factores técnicos, económicos, sociales y eventos de fuerza mayor o caso fortuito alegados por la empresa. Un año de pausa oficial para una compañía que aún no había comenzado a operar cuando se le concedió el respiro.
Y no contenta con esa tregua, Holcim radicó el 25 de marzo de 2026 una nueva solicitud, esta vez para reducir los volúmenes de explotación autorizados. La empresa la atribuye, según la ANM, a «condiciones transitorias de carácter técnico y económico que dificultan el inicio de las operaciones». La agencia la estudia. Cabe preguntarse cuántas transitoriedades consecutivas hacen falta para dejar de llamarlas transitorias.
El reloj que no ha empezado a correr
La normativa ambiental resulta, en este caso, curiosamente protectora del titular: una licencia solo puede perder vigencia por inactividad si transcurren cinco años desde su ejecutoria sin inicio de construcción. Como aquí no hay obligación de construir, ese reloj ni siquiera ha comenzado a correr. La ANLA aclaró que, antes de adoptar cualquier decisión, deberá requerir formalmente a Holcim para que explique la inactividad. Falta, pues, el primer acto de un procedimiento que tardaría años en desembocar en algo.
Mientras las entidades esperan que el reloj arranque, el Programa de Trabajos y Obras (PTO), aprobado en 2023, proyecta sobre el papel una producción anual de 124.444 metros cúbicos de arena y 97.778 metros cúbicos de grava. Cifras precisas de un proyecto que no ha movido material. La ANM reconoció que no puede calcular cuánto ha dejado de recibir el Estado por regalías, porque estas solo se generan con producción efectiva reportada por el titular minero. Sin explotación no hay regalía que contar, y sin regalía que contar no hay pérdida que cuantificar. Una contabilidad que no obliga a rendir cuentas de nada.
Lo llamativo es que las obligaciones ambientales sí siguen vigentes, aunque la explotación no exista. Holcim debe invertir el 1 % para la recuperación de la cuenca del Bajo Saldaña, compensar 115,04 hectáreas de ecosistemas naturales en el Tolima Grande y adelantar acciones de relacionamiento con las comunidades del área de influencia. El marco exige responsabilidad ambiental a una empresa que todavía no genera el impacto que esa responsabilidad debería mitigar: se compensa el daño antes de causarlo.
Los habitantes de la zona, según manifestaron, esperan con más urgencia que las entidades. Ven en el proyecto una fuente de empleo y un motor para la economía local, algo comprensible en una región donde las oportunidades escasean. Pero su expectativa choca con una empresa que pide más plazo y unas autoridades que, atadas por su propio marco normativo, no pueden exigir celeridad porque el contrato no las obliga a hacerlo. Holcim, por su parte, sostiene que las condiciones técnicas y económicas transitorias le impiden por ahora iniciar operaciones.
La minería de materiales de arrastre en ríos colombianos no es un fenómeno nuevo ni excepcional: el país acumula décadas de licencias otorgadas, suspendidas, modificadas y renegociadas, en un patrón donde el trámite avanza más rápido que la maquinaria. El caso del Saldaña no rompe esa tradición; la confirma con pulcritud administrativa.
Lo inusual es la combinación de piezas: una licencia que no caduca porque la ley protege incluso a quien no actúa, un contrato que nunca exigió construcción, una suspensión concedida antes de operar y una nueva solicitud de reducción de volúmenes cuando los originales ni siquiera se han probado. Todo legal, todo documentado y todo estático.
La ANLA y la ANM han respondido, hasta ahora, lo que se les pregunta con precisión notarial. Pero responder no es resolver, y el expediente de Holcim en el Saldaña ilustra esa diferencia: las entidades explican el limbo con exactitud sin que ese limbo deje de serlo para todos los efectos prácticos.
El próximo paso corresponde a la ANLA, que deberá formalizar el requerimiento a Holcim para que justifique la inactividad, y a la ANM, que sigue estudiando la solicitud de reducción de volúmenes radicada en marzo de 2026. Hasta que esas dos piezas se muevan, el río Saldaña seguirá corriendo igual que antes de julio de 2024: sin arena extraída, sin grava contabilizada y sin que ninguna de las partes tenga prisa por cambiarlo.
