El texto radicado plantea un IVA del 19 % para conciertos, eventos deportivos y vehículos híbridos, además de mayores impuestos a cigarrillos y vapeadores y un incremento del gravamen a la gasolina y el diésel. También mantiene la tarifa del 19 % para los juegos de suerte y azar, elimina deducciones vigentes en el impuesto de renta de personas naturales y modifica el esquema del impuesto al patrimonio, según la enumeración del articulado difundida por las partes en el debate público.
Según trascendió, el proyecto guarda una estructura similar a la ley de financiamiento que el gobierno Petro ya había intentado tramitar en el Congreso. Esta nueva versión llega a pocos días de que el Ejecutivo cambie de manos, con la posesión presidencial prevista para el 7 de agosto, lo que reduce el margen para que la iniciativa surta su trámite completo antes del relevo.
El cruce en X entre Cabal y Petro
La primera reacción pública provino de Cabal, quien en su cuenta personal de la red social X escribió que el mandatario saliente radicaba «su última cuenta de cobro» y enumeró los principales puntos del articulado. La exsenadora añadió que el proyecto «elimina deducciones en el impuesto de renta de personas naturales y modifica el impuesto al patrimonio», y cuestionó que el gobierno, que ha defendido la transición energética como bandera, terminara gravando los carros híbridos. Sostuvo que la medida encarece «el combustible, el entretenimiento y la declaración de renta» para los sectores medios, y se refirió a Petro como «el mismo izquierdópata».
Petro respondió en la misma red. «Como siempre, se equivoca; los impuestos van sobre híbridos falsos que no generan mitigación de la crisis climática y lo dañan», escribió el mandatario, que defendió el objetivo de impulsar «vehículos cien por ciento eléctricos para que Colombia no sea un desierto». Añadió que las exportaciones colombianas de vehículos eléctricos «crecieron 170 %» durante su gobierno, cifra que no acompañó de fuente estadística ni del periodo exacto de comparación.
El presidente también defendió el gravamen sobre los conciertos, que dijo apunta a los eventos «de boleta de un millón de pesos». Afirmó que en algunos de esos casos existirían esquemas de lavado de dólares mediante la compra de boletería a los artistas, y mencionó al ciudadano uruguayo Sebastián Marset —señalado en investigaciones judiciales por presuntos vínculos con el narcotráfico— al que vinculó con la Fiscalía encabezada por Francisco Barbosa, en afirmaciones que no acompañó de sustento judicial en el intercambio. Petro empleó la expresión «narcocultura» para calificar el fenómeno como «fatal para nuestro pueblo».
El trámite pendiente y los tiempos legislativos
El proyecto deberá surtir el trámite legislativo que fija la Constitución para las iniciativas de origen tributario: primer debate en las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara de Representantes, seguido de los debates en las plenarias de ambas células, dentro de los plazos que establece el reglamento del Congreso. La radicación a menos de tres semanas del relevo presidencial limita el recorrido posible del articulado bajo el actual Ejecutivo.
La radicación revive un debate recurrente sobre las reformas tributarias tramitadas en el tramo final de un mandato. El precedente más citado es la reforma que impulsó el gobierno de Iván Duque en 2021, cuyo retiro tras semanas de protestas y la renuncia del entonces ministro de Hacienda marcó uno de los episodios de mayor tensión social de esa administración. También el gobierno de Juan Manuel Santos enfrentó dificultades para construir consensos con la reforma estructural de 2016, que elevó el IVA general del 16 % al 19 %.
El Centro Democrático, partido de Cabal, ha mantenido una posición crítica frente a las iniciativas tributarias del gobierno Petro desde 2022. Las reformas radicadas en los últimos meses de una administración suelen enfrentar mayores obstáculos, tanto por el desgaste político del Ejecutivo saliente como por la resistencia de las bancadas a comprometerse con un articulado que administrará, en la práctica, el siguiente gobierno.
El Ministerio de Hacienda ha planteado el recaudo adicional de $21,9 billones como el monto que considera necesario para garantizar recursos disponibles en el Presupuesto General de la Nación de 2027. La sostenibilidad de las cuentas públicas y el cumplimiento de la regla fiscal son materia de seguimiento del Banco de la República, la Contraloría General de la República y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal.
El gobierno electo de Abelardo De La Espriella no se ha pronunciado oficialmente sobre el contenido específico del proyecto. La transición de mando, que según la Constitución debe completarse el 7 de agosto, deja abierto el interrogante sobre si el nuevo Ejecutivo respaldará, modificará o retirará la iniciativa una vez asuma funciones, decisión que condicionará el curso del articulado en el Congreso durante las próximas semanas.
