De los $1,101.5 millones solicitados, $1,008.9 millones son gasto de funcionamiento: sueldos, primas, jubilaciones y la maquinaria administrativa. Los $92.6 millones restantes, la inversión, son la parte que en teoría cambia algo sobre el terreno. Más de nueve de cada diez dólares del presupuesto sostienen la operación de una institución que primero se paga a sí misma y después, con lo que sobra, intenta resolver el problema para el que fue creada.
La deuda por primas de antigüedad asciende a $65.3 millones y alcanza a 8,650 funcionarios: 5,421 de la Policía Nacional, 1,119 del Senafront, 891 del Senan, 673 del Servicio Nacional de Migración, 459 de la sede ministerial y 87 del SUME. El Ministerio afirma haber pagado ya $27.4 millones a 3,608 de ellos y dispone de $10.7 millones en el presupuesto de 2027 para seguir amortizando, más $2 millones de un traslado adicional y $2.1 millones en ahorros. A ese ritmo, la deuda no se cierra: se administra.
Mientras tanto, la planilla de jubilados —9,102 funcionarios, con un costo anual de $109 millones— sigue creciendo: otros 978 se incorporarán este año. Entre primas atrasadas y jubilaciones, el Estado paga a su propia fuerza de seguridad con un pasivo que se renueva más rápido de lo que se salda.
Frente a esa contabilidad de planillas, el Ministerio exhibió su otro activo: los números de la lucha contra el crimen organizado. Desde julio de 2024 reporta 62 operaciones antipandillas, con 22 en lo que va de 2026 y la expectativa de superar las 27 de 2025. Las pandillas identificadas bajaron de 180 a 121, hay 2,339 integrantes ubicados y el Senafront reporta 204,828 kilogramos de cocaína decomisados, 3,904 armas incautadas y más de 96,300 aprehensiones. Ninguna de esas cifras responde a la pregunta que dominó la comisión: cuánto de ese dinero evita que un adolescente termine reclutado.
La partida que no aparece diferenciada
Esa fue, en esencia, la objeción del diputado de la coalición Vamos, Luis Duke, quien sostuvo que los panameños siguen sintiéndose inseguros y cuestionó que los retenes, por sí solos, resuelvan el problema. San Miguelito, Belisario Frías, Omar Torrijos, Arnulfo Arias y Belisario Porras aparecieron una y otra vez en la discusión, no como puntos de un mapa operativo sino como corregimientos donde la ciudadanía mide la seguridad por lo que ocurre al salir a la calle, no por el nombre de un plan. La prevención que Duke reclamó no aparece diferenciada en ningún renglón del presupuesto.
El desglose de homicidios usado en la sesión —402 casos, con 76 los sábados y 76 los domingos frente a 64 los jueves, 61 los viernes y 59 los lunes— sirvió para cuestionar si el despliegue policial coincide con los momentos de mayor violencia. El ministro Frank Ábrego defendió el aumento de la presencia policial como herramienta que reduce parcialmente la actividad delictiva; citó una operación desarrollada junto a la alcaldesa de San Miguelito y sostuvo que más agentes en las calles disminuyeron los delitos, aunque reconoció que no los eliminan.
Las propias autoridades identificaron la deserción escolar y la vulnerabilidad de los hogares como elementos que alimentan el reclutamiento: un niño que abandona la escuela queda expuesto a la búsqueda de un sentido de pertenencia que las pandillas —organizadas en ocho grandes corrientes criminales que subcontratan logística, sicariato y control territorial a estructuras locales— aprovechan. El diagnóstico salió de la misma presentación que exhibió los decomisos.
El debate no es nuevo: San Miguelito ya fue escenario de programas de reinserción como el que reunió a 67 mujeres de La Esmeralda en el Plan Libertad. El Ministerio de Seguridad Pública llega a 2027 con un presupuesto que crece, una deuda de primas que se paga a plazos y una planilla de jubilados que se expande. Lo que no llegó a la comisión con la misma nitidez es la cifra que separa perseguir pandillas de impedir que existan.