La crónica roja se ha vuelto, en este país, un género con convenciones fijas: el lugar —una calle, un corregimiento, un puesto de venta—, la cifra de heridos, los aprehendidos y el silencio posterior sobre el motivo. Santa Clara entra en esa plantilla con la misma naturalidad con la que entraron antes otros nombres de calle convertidos en dato. No se trata de reclamar escándalo donde solo hay hecho policial, sino de notar que la violencia armada contra comerciantes informales rara vez pasa de ser titular de un día.
Lo que no se sabe pesa tanto como lo confirmado. No consta, según los primeros informes, cuál fue el móvil del ataque contra dos personas dedicadas a la venta de pescado, un oficio que no suele figurar en los perfiles de riesgo de la criminología convencional. Esa ausencia de motivo declarado confiesa que ni siquiera las autoridades tienen, por ahora, un relato cerrado que ofrecer.
La aprehensión de dos personas da sensación de caso resuelto, o casi. Pero aprehender no es condenar, y condenar no es explicar por qué dos vendedores de pescado terminaron, un día cualquiera, en el extremo equivocado de una balacera. Corresponde al Ministerio Público, titular de la acción penal pública en el sistema acusatorio panameño, dirigir la investigación que llene ese vacío, una instrucción que avanzará a un ritmo difícil de seguir para el ciudadano.
Vender pescado en una calle de Santa Clara no figura en ningún manual de profesiones peligrosas. No hay, hasta donde permite saber el material disponible, una estadística nacional que mida cuántos comerciantes informales han sido víctimas de violencia armada mientras trabajan. Esa carencia es una forma de invisibilidad: lo que no se mide difícilmente se previene, y lo que no se previene tiende a repetirse con otro nombre de calle y otro oficio cualquiera.
Panamá discute estos días el presupuesto de $35,111 millones para 2027 sin que conste, entre las partidas cuestionadas, un plan de inversión claro en seguridad para el comercio informal, el que no tiene cámaras, ni vigilante, ni seguro. Los vendedores de pescado de Santa Clara no aparecen en las vistas presupuestarias ni en los discursos de la Asamblea Nacional. Aparecen en la crónica roja, que no pide refrendo del contralor ni pasa por tercer debate: simplemente ocurre.
El material disponible marca el límite de lo que puede afirmarse: un herido estable, otro recién operado sin parte médico actualizado, dos aprehendidos cuyo destino judicial se decidirá en los próximos días fuera del radar informativo que los hizo noticia por unas horas. Es el recorrido habitual de estos sucesos: iluminan un instante y luego regresan a la sombra, convertidos otra vez en estadística sin nombre, hasta que algún otro episodio los reclame como antecedente.
Si algo merece quedar de este episodio no es el escándalo, que no corresponde fabricar donde no lo hay, sino la pregunta incómoda de por qué sorprende cada vez menos. Dos vendedores de pescado heridos a tiros en una calle de Santa Clara: la frase se lee, se archiva y se olvida con la misma velocidad con la que, según los primeros informes, se disparó el arma.
