Que el Estado panameño convierta a mujeres privadas de libertad en cuadrilla de aseo urbano tiene una lectura amable y otra menos cómoda, y ambas caben en la misma jornada. La amable es la que ofreció el director general del Sistema Penitenciario, Chanan Singh, al entregar los implementos de trabajo. La menos cómoda es que un país mida el éxito de su reinserción en kilómetros de acera barrida.
"Muchachas, esta es una gran oportunidad que ustedes tienen, no la desechen, es un paso para su libertad", expresó Chanan Singh, director general del Sistema Penitenciario, al dirigirse a las participantes.
Barrer calles es trabajo digno, y las mujeres que el jueves abordaron los buses de la AAUD lo hicieron, según el relato oficial, con la convicción de estar demostrando algo. Iorlenis Figueroa, una de las participantes, lo resumió sin ironía: "Nos dan la oportunidad de volver a soñar, de prepararnos, aprender y demostrar que sí podemos ser parte de una sociedad mejor".
El dato que sostiene todo el andamiaje del Plan Libertad es este: cuatro mujeres que participaron en ediciones anteriores ya están siendo contratadas formalmente por la Autoridad de Aseo. El director de la AAUD, Ovil Moreno, lo presentó como una puerta abierta a las actuales 67 participantes: "Quién quita que las que están aquí desarrollen bien su trabajo, cumplan con las reglas y también puedan ser parte formalmente del personal de la Autoridad de Aseo".
Cuatro contrataciones como prueba de concepto
Cuatro contrataciones son una prueba de concepto, no una política pública consolidada. No se trata de restarle mérito a esas mujeres, que probablemente hicieron su trabajo mejor que muchos con contrato indefinido. Se trata de preguntar si el Estado construye una política de reinserción con presupuesto y metas medibles, o si está fotografiando una escoba y llamándola política pública. El material del Ministerio de Gobierno no ofrece cifras de reincidencia ni de egresadas empleadas, el indicador que de verdad importaría.
La reinserción por trabajo comunitario no es nueva en el país: el Sistema Penitenciario ha sostenido programas de redención de pena por trabajo y estudio amparados en el régimen penitenciario panameño, que permite descontar días de condena a cambio de labores acreditadas. El Plan Libertad se inscribe en esa lógica, pero su continuidad ha dependido de reactivaciones periódicas más que de una asignación estable en el Presupuesto General del Estado.
Carlos Sánchez, residente de la comunidad de 9 de Enero, aportó el testimonio que cierra el círculo que el Ministerio de Gobierno quiere contar: "Cuando ellas estaban anteriormente todo esto estaba limpio, no había ningún problema". Las calles limpias, el vecino contento, la privada de libertad con un propósito por unas horas. Todo funciona, hasta preguntar qué ocurre cuando el bus de la AAUD las regresa a La Esmeralda y el ciclo penitenciario sigue intacto.
Figueroa pidió que el programa "sea más que un proyecto", que se convierta en "una semilla de esperanza para muchas vidas porque todas merecemos una oportunidad para comenzar de nuevo". Es la frase que debería incomodar a quien diseña políticas de rehabilitación: la diferencia entre un proyecto que se reactiva con fotografías institucionales y una política de Estado con presupuesto sostenido, seguimiento de egresadas y metas de empleabilidad que no dependan de la buena voluntad de un director de turno.
Detrás de cada escoba, como apuntó el propio comunicado oficial, hay una historia. La pregunta que Panamá todavía no responde es si detrás de cada historia hay, además, una política pública con memoria más larga que una jornada de trabajo.