La ruptura, según el relato del embajador, se produjo porque la parte colombiana argumentó que no podía transferir dinero a empresas rusas sancionadas por Estados Unidos, lo que empujó al Ministerio de Defensa a buscar alternativas. Tavdumadze afirmó que la compañía estadounidense finalmente contratada para el mantenimiento de la flota carecía de certificación y de personal calificado, y aun así recibió recursos públicos.
"Esa compañía no tenía ni características, ni certificación, ni repuestos, ni personal calificado para realizar el mantenimiento de los helicópteros; aun así, transfirieron el dinero público. Claramente fallaron, y ustedes lo saben porque ahora los responsables están bajo investigación, acusados de corrupción", sostuvo Nikolay Tavdumadze, embajador de Rusia en Colombia.
El diplomático vinculó ese episodio con el proceso judicial que enfrentan los responsables de la contratación, señalados por presunta corrupción en el manejo de los recursos destinados a los MI-17. Sobre el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, el embajador dijo que la decisión de no acudir a las entidades rusas certificadas fue política antes que técnica, y que el exministro "probablemente, siguió órdenes que recibió en ese sentido y no quiso exponerse".
Consultado sobre el monto, Tavdumadze precisó que existirían US$3 millones por trabajos ya ejecutados y no pagados, más otros US$5 o US$6 millones por labores contratadas que no se completaron porque Colombia no envió los motores de los helicópteros a Rusia. La suma total, según el embajador, rondaría los US$9 millones. El diplomático planteó que hay centros de mantenimiento autorizados por los fabricantes rusos en Perú, India y Sudáfrica como vía alternativa, aunque insistió en que la postura de Moscú es que los trabajos los realicen productores rusos autorizados.
El embajador advirtió sobre las consecuencias de mantener en vuelo aeronaves sin certificación: dijo que la falta de mantenimiento certificado podría derivar en accidentes con pérdida de vidas entre el personal del Ejército que opera esos equipos, un riesgo que, a su juicio, no debería asumirse. La solución, planteó, pasaría por que Colombia gestione ante Washington una excepción a las sanciones que permita operar los helicópteros.
Cambio de gobierno y relación con Moscú
Tavdumadze se refirió también al cambio de gobierno en Colombia tras el triunfo del presidente Abelardo De La Espriella, y señaló que para Rusia la llegada de una nueva administración representa una oportunidad para fortalecer las relaciones bilaterales, con independencia de la orientación ideológica del mandatario. El embajador dijo que su país está dispuesto a cooperar en los ámbitos político, económico, cultural, deportivo y educativo.
La flota de MI-17 ha sido pieza central de la movilidad del Ejército y la Fuerza Aérea colombianos en operaciones contra grupos armados y en zonas apartadas, lo que explica la sensibilidad de una controversia que combina seguridad nacional, contratación pública y geopolítica. La compra de helicópteros rusos de la familia Mi se remonta a acuerdos de las décadas anteriores, cuando Rusia se consolidó como proveedor de equipos militares para varios países de América Latina.
El embajador evitó pronunciarse sobre si el gobierno de Petro habría usado la relación con Rusia como distracción frente a las investigaciones por corrupción, al considerar que no le correspondía opinar sobre decisiones de política interna colombiana. La controversia por los MI-17 se suma a otros episodios recientes de tensión en torno al manejo de contratos y recursos estatales, como los reportados en torno al Metro de Bogotá.