El planteamiento de la cartera introduce en la agenda oficial un concepto con escaso desarrollo normativo previo en Colombia: la economía azul, entendida como la articulación entre los recursos y ecosistemas marinos —manglares, arrecifes coralinos, zonas de pesca artesanal— y una estrategia de desarrollo capaz de generar valor para las comunidades costeras sin comprometer el patrimonio natural del país. El Ministerio sostiene que esos ecosistemas deben considerarse activos ambientales y económicos, y no únicamente fuente de extracción de recursos.
El concepto se apoya en dos pilares que a primera vista resultan difíciles de conciliar: el desarrollo de proyectos de gas natural en aguas alejadas de la costa y la conservación de los ecosistemas que rodean esas mismas zonas. El Ministerio sostiene que ambos objetivos pueden coexistir si los proyectos energéticos incorporan, desde su diseño, medidas de prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales, además de procesos de participación comunitaria.
El papel del gas en la transición energética
El ministro Arjona defendió el papel del gas natural como combustible para avanzar hacia una matriz energética más limpia, pero insistió en que las decisiones deben tomarse con base en criterios científicos y sin poner en riesgo el abastecimiento energético del país. Según datos citados por el Ministerio con referencia a 2024, el gas natural representa cerca del 0,75 % de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, una proporción reducida frente a otras fuentes fósiles.
La cartera advierte que sustituir el gas natural por combustibles más intensivos en carbono podría generar hasta 27 millones de toneladas adicionales de dióxido de carbono equivalente, un incremento cercano al 10 % en el inventario nacional de emisiones. El argumento respalda la tesis oficial de que restringir el gas natural sin sustitutos limpios disponibles podría resultar contraproducente desde el punto de vista climático.
En la misma línea, el Ministerio señala que un 16 % de la industria del país habría migrado ya hacia sustitutos del gas natural considerados más contaminantes, lo que habría generado más de 164.000 toneladas adicionales de CO₂ equivalente. La cifra apunta a un fenómeno de sustitución energética que la política climática busca revertir mediante el aseguramiento del suministro de gas.
El Gobierno también puso sobre la mesa el papel del biogás y el biometano como fuentes complementarias. Según las proyecciones oficiales, estas fuentes podrían incrementar hasta en un 11 % la oferta de gas disponible en el país, un margen que, de materializarse, ayudaría a diversificar la matriz sin depender exclusivamente de nuevos yacimientos convencionales o de importaciones.
Comunidades costeras y marco de participación
El Ministerio subraya que los proyectos de gas offshore deberán acompañarse de procesos de participación con las comunidades pesqueras y organizaciones locales, además de medidas destinadas a evitar, mitigar y compensar los impactos ambientales. En Colombia, el licenciamiento ambiental corresponde a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, instancia que evalúa caso por caso el impacto de cada proyecto, mientras que el mandato constitucional de consulta previa protege a las comunidades étnicas afectadas por obras en sus territorios.
El precedente más cercano en la política ambiental colombiana es la discusión sobre los proyectos piloto de fracking, que dividió al país durante el debate público sobre la exploración de yacimientos no convencionales y que motivó pronunciamientos de las altas cortes en torno a las garantías ambientales exigibles. La economía azul se presenta ahora como un intento de encontrar un punto intermedio entre explotación y conservación en torno al gas offshore antes de que el debate escale de manera similar.
El anuncio no ha ido acompañado, hasta el momento, de un proyecto de ley o un decreto reglamentario que fije con precisión las obligaciones de las empresas operadoras en materia de economía azul, por lo que buena parte de los compromisos dependerán de cómo se traduzcan en los términos de referencia de las licencias ambientales y en los contratos que suscriba la Agencia Nacional de Hidrocarburos con los operadores.
Naturgas, gremio que reúne a las empresas del sector gasífero y anfitrión del encuentro con el ministro Arjona, no ha difundido públicamente una posición propia sobre el concepto de economía azul, más allá de la participación de sus asociados en la reunión, en la que también se discutió el papel del gas natural dentro de la transición energética. El material disponible no recoge una réplica de organizaciones ambientales ni de las comunidades costeras sobre la propuesta.
El siguiente paso pasará previsiblemente por el desarrollo reglamentario que anuncie el Ministerio de Ambiente para precisar qué proyectos offshore califican bajo el paraguas de la economía azul y qué garantías concretas exigirá a los operadores. Quedará por verse, además, si el Congreso de la República recoge el concepto en alguna iniciativa legislativa sobre transición energética, un frente en el que se han radicado proyectos en periodos legislativos anteriores sin que ninguno llegara a sanción presidencial.
