Los hechos que motivan la investigación se remontan a la noche del martes 1 de septiembre, sobre las 20.15 horas, en la avenida Artzubia de Azpeitia. Según la reconstrucción policial difundida por el departamento de Seguridad, un hombre efectuó varios disparos con un arma corta de fuego contra otro individuo, que resultó ser el taxista de 31 años, y huyó a continuación en un vehículo. La víctima falleció en el propio lugar de los hechos a causa de la gravedad de las heridas.
La Ertzaintza activó de inmediato un dispositivo de búsqueda. Esa misma noche, hacia las 23.25 horas, los agentes localizaron el vehículo presuntamente utilizado por el sospechoso en otro punto del casco urbano de Azpeitia. Tanto ese automóvil como el de la víctima fueron trasladados a dependencias de la Policía Científica de la Ertzaintza para someterlos a inspecciones oculares que pudieran aportar indicios sobre la autoría y las circunstancias del disparo.
Desde ese momento, el caso quedó en manos del SICTG, la unidad especializada en delitos graves en el territorio. Durante los días siguientes, los investigadores practicaron entradas y registros en distintos puntos de Azpeitia y en otras localidades cercanas en busca de indicios que permitieran identificar y localizar al presunto autor. La detención no llegó hasta que el propio sospechoso decidió entregarse cinco días después, presentándose a las 5.30 horas de este sábado en la comisaría de Ondarroa con un arma de fuego corta que los agentes le incautaron en el acto.
A partir de ahí, la Ertzaintza procedió a su detención formal como presunto autor de un delito de homicidio cometido con arma de fuego. El detenido, según ha precisado el departamento de Seguridad, cuenta con tres detenciones previas por delitos contra la salud pública. Ese historial no altera su posición procesal actual: por el momento figura como investigado por el homicidio, sin que se haya formulado acusación formal ni celebrado ninguna vista judicial sobre los hechos del martes.
Del atestado al juzgado de guardia
Tras su detención, el hombre ha sido trasladado a dependencias policiales, donde se practican las diligencias oportunas antes de su puesta a disposición judicial. Será el juzgado de instrucción de guardia del partido judicial correspondiente el que reciba el atestado policial y decida sobre su situación personal, pudiendo acordar prisión provisional, libertad con medidas cautelares o libertad sin cargos, en función de los indicios y el riesgo de fuga apreciado.
Una eventual prisión preventiva, de decretarse, no equivaldría a una declaración de culpabilidad. Esta medida cautelar responde a la valoración judicial sobre el riesgo de fuga, reiteración delictiva u ocultación de pruebas, y no prejuzga el fondo del asunto. El detenido conserva la presunción de inocencia hasta que, en su caso, recaiga sentencia firme tras la instrucción y el eventual juicio oral.
El procedimiento seguirá la vía ordinaria prevista para los delitos de homicidio en el ordenamiento español: instrucción a cargo del juzgado competente, con práctica de diligencias como la autopsia, el análisis balístico del arma incautada y las inspecciones oculares ya realizadas sobre ambos vehículos. Si el instructor entiende que existen indicios racionales de criminalidad, el investigado pasaría a la condición de procesado, paso previo a la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, tribunal competente para enjuiciar los homicidios dolosos conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El caso se inscribe en un tipo de suceso estadísticamente poco frecuente en el País Vasco, comunidad que registra un reducido número de homicidios con arma de fuego al año en comparación con otras regiones, según los balances de criminalidad que publica periódicamente el Ministerio del Interior. La entrega voluntaria de un sospechoso tras varios días de búsqueda tampoco es la norma en este tipo de investigaciones, en las que la detención suele producirse mediante dispositivos policiales.
La consejería de Seguridad del Gobierno vasco no ha ofrecido, por el momento, detalles sobre el móvil del ataque ni sobre la relación previa, si la hubiera, entre el fallecido y el ahora detenido. El departamento se ha limitado a señalar que la investigación permanece abierta y que las diligencias continúan para esclarecer extremos que todavía no han trascendido, como el origen del arma incautada o las circunstancias exactas del encuentro entre ambos hombres en la avenida Artzubia.
Está por ver si, en su declaración ante el juez, el detenido aporta una versión de los hechos que module la calificación jurídica provisional de homicidio, o si los indicios recabados durante la instrucción —incluidos los resultados de las pericias sobre los vehículos y el arma— refuerzan la hipótesis policial inicial. Hasta que el atestado quede cerrado y remitido al juzgado, y conforme al principio de presunción de inocencia que rige todo el proceso penal español, el hombre entregado en Ondarroa sigue siendo, jurídicamente, solo un investigado.
