La auditoría forense examinó 147 terabytes de información, además de computadores, teléfonos celulares y otros dispositivos de la DNI, según las revelaciones periodísticas a las que reaccionó Luna. El informe señaló presuntas irregularidades en el manejo de información reservada, en los gastos de inteligencia y en operaciones de contrainteligencia, incluidos posibles seguimientos a opositores, periodistas y funcionarios.
Luna recordó que, durante aquel debate de control político, interrogó a González sobre la existencia de equipos de inteligencia, un supuesto software para interceptar comunicaciones de WhatsApp y el arrendamiento de inmuebles cerca de las viviendas de periodistas. El entonces director de la DNI negó esas acusaciones bajo juramento.
"Le pregunté por equipos de inteligencia, por un software para interceptar WhatsApp, por inmuebles arrendados cerca de las casas de periodistas y por la información que se estaba recopilando sobre opositores y críticos del Gobierno. Carlos Ramón González negó todo bajo juramento", advirtió David Luna, exsenador.
El exsenador añadió que también preguntó por la información que, según sus denuncias de entonces, se estaría recopilando sobre opositores y críticos del gobierno Petro, y sostuvo que aquel debate incomodó al Ejecutivo hasta el punto de que, según su versión, se intentó sabotear la citación.
"Esta persecución no la viví desde la barrera. Me pasó a mí", aseguró Luna.
Luna enmarcó su citación a González dentro de una serie de debates de control político que, según denunció, el Gobierno habría intentado frenar por las implicaciones de las preguntas sobre seguimientos e interceptaciones a críticos y periodistas. El episodio se suma a otros frentes de tensión entre el Congreso y la Casa de Nariño en los que la oposición ha recurrido a la figura del debate de control político para exigir explicaciones sobre el manejo de los organismos de inteligencia del Estado.
El debate de control político es una herramienta constitucional que permite a las cámaras citar a ministros y altos funcionarios para responder por su gestión; de él puede derivarse, en el caso de los ministros, una moción de censura. Las denuncias sobre uso indebido de la inteligencia estatal tienen antecedentes en Colombia: entre 2007 y 2009 estalló el escándalo de las "chuzadas" del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que realizó seguimientos ilegales a magistrados de las altas cortes, periodistas y opositores, y que condujo al cierre de la entidad en 2011 y a la creación de la DNI como su reemplazo.
El exsenador, que ya había cuestionado la gestión de la DNI, vinculó las nuevas revelaciones con la necesidad de que el Ejecutivo rinda cuentas ante las instituciones competentes para investigar el manejo de la entidad.
"Yo advertí lo que estaba pasando, lo negaron y ahora Gustavo Petro tiene que responder", concluyó Luna en su pronunciamiento, en el que reclamó una respuesta directa del presidente sobre los hallazgos de la auditoría a la DNI.
