El primer debate en agenda involucra al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, citado por la Comisión Tercera del Senado a partir de una proposición del senador del Centro Democrático Christian Garcés. Junto al ministro deberá comparecer el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, en una sesión que busca establecer con qué cifras de déficit, presupuesto y endeudamiento asumió el control de las cuentas públicas la nueva administración.
El mecanismo de citación a debate de control político está previsto en el artículo 135 de la Constitución Política y desarrollado en la Ley 5ª de 1992, que faculta a las comisiones permanentes del Congreso para exigir la comparecencia de ministros y directores de entidades. No conlleva, por sí mismo, consecuencias jurídicas para el funcionario citado, a diferencia de la moción de censura, que exige mayoría absoluta en la plenaria respectiva y cuyo trámite es considerablemente más exigente.
Los citantes buscan que sea el propio Ejecutivo el que exponga, con respaldo técnico, el diagnóstico fiscal heredado, en momentos en que el Presupuesto General de la Nación y el nivel de deuda pública han sido objeto de discusión pública desde el cambio de gobierno. La Comisión Tercera no ha fijado aún fecha en firme para la sesión, que deberá acordar su mesa directiva conforme al calendario legislativo del segundo semestre.
Un segundo frente se concentra en el mercado laboral. La senadora del Centro Democrático Zandra Bernal anunció una citación a la Comisión Séptima para revisar las cifras de desempleo, informalidad y empleo juvenil, en la que deberán participar la ministra de Trabajo, Natalia López, junto con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Bernal sostuvo que existe una «brecha distorsionada en las cifras» y afirmó que «no cuadra» que el Estado sea el mayor empleador del país. Según los datos citados para sustentar el debate, la tasa de desempleo se ubica en 8 %, mientras que la informalidad laboral alcanza el 57,6 %, indicadores que las entidades convocadas deberán contextualizar y, en su caso, controvertir con cifras propias. Los citantes plantean, además, que el gobierno exponga qué mecanismos prevé para reducir la informalidad, una de las variables estructurales más persistentes de la economía colombiana.
Justicia y hacinamiento carcelario
El tercer debate compromete al ministro de Justicia, Iván Cancino, citado por el representante de Cambio Radical Julio César Triana ante la Comisión Primera de la Cámara. El llamado busca que el ministro explique en qué condiciones recibió la cartera y cuál es el estado actual del sistema penitenciario y carcelario, uno de los asuntos más señalados por organismos de control durante los últimos gobiernos. A la citación también fueron convocados el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Daniel Fernando Gutiérrez, y el director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Fidel Ignacio Espitia.
Según cifras presentadas por Triana, el gobierno de Gustavo Petro prometió la creación de 10.000 nuevos cupos carcelarios, de los cuales solo se habrían habilitado 378, una diferencia que, de confirmarse en el debate, expondría un rezago frente a las metas oficiales. El representante también señaló niveles de hacinamiento que, según sus datos, superaron el 246 % en algunos establecimientos y el 88 % en otros.
El hacinamiento carcelario es un problema estructural reconocido por la Corte Constitucional, que en distintas sentencias —entre ellas la T-388 de 2013— declaró el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario colombiano, figura jurídica que obliga al Estado a adoptar medidas urgentes y sostenidas para garantizar los derechos fundamentales de la población reclusa. El debate en la Comisión Primera buscará establecer qué medidas concretas plantea el nuevo gobierno.
El uso intensivo del control político en las primeras semanas de un nuevo Congreso no es inédito en la historia legislativa colombiana: tras cada cambio de gobierno, las comisiones permanentes han citado tradicionalmente a los ministros entrantes para establecer el punto de partida de la nueva administración, una práctica que se amplió a partir de la Constitución de 1991, que reforzó las facultades de control del Legislativo frente al Ejecutivo.
Ni la Casa de Nariño ni los ministerios citados se han pronunciado de manera oficial sobre el contenido de las citaciones. Se espera que los funcionarios convocados asistan a los debates en las fechas que definan las respectivas mesas directivas de comisión, conforme lo establece el reglamento del Congreso, que ampara el derecho de los citados a responder ante las corporaciones.
En las próximas semanas se conocerá el calendario definitivo de las sesiones, que coincidirán con el trámite de otros proyectos prioritarios para el gobierno de De la Espriella. El resultado de estos debates —sin fuerza vinculante directa, pero con alto valor político— podría marcar el tono de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo durante lo que resta del año legislativo.
