El ataque en Asnazú dejó siete víctimas: cuatro menores de 9, 10, 15 y 16 años, y tres adultos de 18, 33 y 59 años. Cinco de los heridos fueron trasladados a la Fundación Valle del Lili, en Cali, para recibir atención de mayor complejidad, mientras que los otros dos permanecieron en observación tras ser estabilizados.
El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, condenó el episodio y confirmó que las víctimas eran población civil. "Condenamos el ataque criminal con un dron ocurrido en Suárez, afectando de manera directa a nuestra población civil, con un saldo de 7 personas lesionadas, entre ellas 4 menores de edad, hasta el momento", señaló el mandatario departamental.
El hecho de Suárez no fue un episodio aislado. Durante la misma semana se reportaron hostigamientos contra la Policía en los municipios de Jambaló y Almaguer, así como un ataque con drones contra la estación de Policía de Caloto. La violencia también cobró víctimas fatales: fueron asesinados dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección —entidad encargada de resguardar a líderes sociales y personas en riesgo— y un firmante del acuerdo de paz junto a su padre, en zona rural del municipio de Cajibío.
El acumulado de hechos violentos llevó al gobernador Guzmán y a los alcaldes de los municipios afectados a solicitarle al Gobierno Nacional que fortalezca la capacidad de respuesta estatal frente al uso de drones cargados con explosivos por parte de los grupos armados, una modalidad que representa un desafío operativo distinto al de los ataques convencionales con armas de fuego o artefactos improvisados.
Un departamento en disputa desde antes del Acuerdo de 2016
El Cauca es, desde hace más de una década, uno de los departamentos con mayor intensidad de conflicto armado en Colombia, particularmente en su franja norte y en el macizo caucano, donde disputan el territorio disidencias de las antiguas FARC, estructuras del ELN y otros grupos armados organizados, en medio de economías ilegales ligadas al narcotráfico y la minería. La zona ha sido escenario recurrente de hostigamientos, atentados contra la Fuerza Pública y desplazamientos forzados desde antes de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, que puso fin al enfrentamiento con la entonces guerrilla de las FARC pero no clausuró la violencia en los territorios que esa estructura controlaba.
El uso de drones con fines ofensivos por parte de grupos armados ilegales se ha documentado en Colombia en los últimos años, pero su concentración en el Cauca ha obligado a las autoridades a replantear los protocolos de seguridad de la Fuerza Pública, incluida la detección e interceptación de aeronaves no tripuladas, un reto tecnológico que también enfrentan cuerpos de seguridad de otros países de la región golpeados por economías criminales.
Ante la escalada, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella anunció una nueva estrategia de defensa orientada a recuperar el control territorial en el departamento. Las medidas fueron analizadas durante el consejo de seguridad del sábado, en el que se acordó, entre otros puntos, reforzar la capacidad antidrones de las Fuerzas Militares y de Policía desplegadas en la región.
Leonardo González, director de Indepaz, sostuvo en diálogo con Noticias RCN que la respuesta a la crisis del Cauca no puede limitarse al despliegue de tropas. "El Cauca continúa enfrentándose a una situación crítica y lo que debe hacer el Gobierno es recuperar la presencia territorial, una presencia integral, de todo el Estado; es decir, más justicia y más educación", afirmó, al advertir que hay zonas del departamento donde la institucionalidad estatal prácticamente no logra hacer presencia.
El caso del Cauca no es el único foco de tensión que enfrenta el Gobierno Nacional en materia de orden público. En el departamento del Cesar también se registró una ola de ataques que obligó a anunciar un refuerzo militar, lo que evidencia la dispersión geográfica de los desafíos de seguridad que la administración De la Espriella afronta de manera simultánea en distintas regiones del país.
La persistencia de la violencia en el Cauca se inscribe en el debate más amplio sobre la implementación del Acuerdo de 2016 y la seguridad en los antiguos territorios de las FARC. El Congreso de la República dispone del debate de control político como mecanismo para exigirle al Ministerio de Defensa y a la Presidencia un balance de la situación, una herramienta que las bancadas han empleado de forma recurrente frente a episodios anteriores de escalada en el suroccidente del país.
De cara a los próximos días, se espera que el Ministerio de Defensa concrete los detalles operativos del plan antidrones anunciado tras el consejo de seguridad, mientras las autoridades locales mantienen la alerta ante la posibilidad de nuevos hostigamientos. La evolución del estado de salud de las víctimas del ataque de Suárez, en particular la de los menores trasladados a Cali, seguirá marcando la agenda del departamento en las próximas semanas.
