El CNE es el organismo encargado de la organización electoral en Colombia junto con la Registraduría Nacional del Estado Civil, y le corresponde vigilar la financiación de las campañas, reconocer personerías jurídicas de partidos y movimientos políticos y resolver conflictos internos de las organizaciones políticas, entre otras funciones establecidas en la Constitución Política. El tribunal saliente había ganado un peso inusual en el debate público durante los últimos cuatro años a raíz de las investigaciones que adelantó contra la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, procesos que mantuvieron al organismo en el centro de la disputa entre el Gobierno y sectores de oposición.
El primer asunto que deberán resolver los nuevos magistrados, una vez se reúnan en Sala Plena en Bogotá, será la elección de su presidente. El magistrado Plinio Alarcón, avalado por el partido cristiano Mira, aparece como uno de los nombres con más opciones para asumir ese cargo, gracias a una alianza con sectores del uribismo que le habría dado los votos necesarios. Resuelta la presidencia, la Sala Plena deberá elegir también a su vicepresidente, en un procedimiento interno que replica la misma correlación de fuerzas que determinará la conducción del organismo durante los próximos cuatro años.
Nada está definido de antemano. El Pacto Histórico, que cuenta con dos magistrados en la nueva corporación —Ana Jimena Bautista y Cielo Rusinque—, buscará mover fichas al interior del tribunal, aunque por ahora no tendría los votos suficientes para imponer un candidato propio. En los días previos a la posesión se registraron acercamientos entre magistrados de partidos cercanos a la Casa de Nariño, en un intento por construir una alianza alternativa.
Entre los primeros temas de fondo que abordará el nuevo CNE figura la reposición de votos de los candidatos que participaron en las pasadas elecciones presidenciales, un mecanismo mediante el cual el Estado reembolsa parte de los gastos de campaña en proporción a la votación obtenida, siempre que se supere el umbral fijado por la ley. El asunto genera controversia porque el CNE anterior ya había reconocido un pago superior a $5.000 millones a favor de la candidata Claudia López, pese a que su votación no superó los 225.000 votos, cifra considerada baja frente al umbral habitual de reposición.
A ese debate se suma el resultado de la consulta que López realizó junto con Leonardo Huerta, que registró una participación reducida y que también será objeto de revisión por parte de los nuevos magistrados. La reposición estatal de gastos de campaña, prevista en la legislación electoral colombiana, condiciona el reembolso a la obtención de un porcentaje mínimo de votos, lo que sitúa el caso López en el terreno de la interpretación jurídica sobre el cumplimiento de ese requisito.
El nuevo tribunal deberá además pronunciarse sobre el reconocimiento de personerías jurídicas de cara a las elecciones de 2026. Entre las solicitudes pendientes está la de Carlos Alonso Lucio, uno de los principales asesores de campaña del presidente De La Espriella, que busca el reconocimiento del Movimiento Bolivariano como partido con personería propia. El CNE saliente ya había otorgado esa condición al movimiento Defensores de la Patria en meses anteriores.
Otro expediente de peso es la solicitud de escisión de la Alianza Verde, partido que continúa dividido internamente y cuya fragmentación fue determinante para que el magistrado Gersel Pérez, avalado por Cambio Radical, llegara a ocupar un lugar en la corporación. La petición de separación es liderada por la representante a la Cámara Catherine Juvinao, cercana al proyecto político de Claudia López y de la exsenadora Angélica Lozano.
El tribunal también deberá decidir sobre la situación del partido La Fuerza, fundado por el exsenador Roy Barreras, que cuenta con personería jurídica vigente pero que no alcanzó el umbral mínimo de votación en las últimas elecciones legislativas. Barreras ha enviado varias comunicaciones al organismo justificando por qué considera que su partido debería conservar esa personería a pesar del resultado electoral. Ni López ni los demás actores implicados en estos expedientes han fijado por ahora una posición pública frente al arranque de la nueva Sala Plena.
En paralelo a la instalación del nuevo CNE, un grupo de congresistas radicó en las últimas horas un proyecto de ley que busca modificar el mecanismo de elección de los magistrados de ese tribunal, actualmente designados por el Congreso en pleno con base en el respaldo de los partidos con representación parlamentaria. La iniciativa plantea sustituir ese modelo por un concurso de méritos, con el argumento de que la actual fórmula favorece cuotas políticas por encima de criterios técnicos.
El debate sobre la naturaleza política del CNE no es nuevo en la historia institucional colombiana: el organismo, en su forma actual, deriva de la Constitución de 1991 y ha sido objeto de críticas recurrentes por integrarse con representantes designados a partir del peso de los partidos, un diseño que sus defensores justifican como garantía de pluralismo y que sus detractores señalan como fuente de bloqueos en decisiones sensibles. Iniciativas para despolitizar su composición han sido discutidas en el Congreso en distintas legislaturas sin prosperar.
La correlación de fuerzas dentro de la nueva Sala Plena —con mayoría de magistrados afines a partidos de oposición al Gobierno y solo dos representantes del Pacto Histórico— anticipa que buena parte de las decisiones sobre reposición de votos, personerías jurídicas y escisiones de partidos se resolverán con votaciones ajustadas. El calendario inmediato marca la elección de presidente y vicepresidente en la primera Sala Plena tras el traslado a Bogotá, mientras el trámite del proyecto que busca cambiar la forma de elegir a los magistrados dependerá de las mayorías que logre articular en el Congreso de cara al ciclo electoral de 2026.
