La reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta fija un tope de 96.6% a la deducibilidad de gastos y fue planteada para combatir prácticas como el uso de facturas falsas. Pero en la distribución automotriz, donde los márgenes son estructuralmente reducidos, el efecto recae también sobre negocios que operan conforme a la ley, según la AMDA. En una actividad que genera unos 180,000 puestos directos en el país, el organismo cifra en 70,000 los empleos en riesgo.
El argumento central del sector es que facturar mucho no equivale a ganar mucho. Eduardo Sverdlin, director de Grupo Kasa Automotriz, lo ilustra con una operación elemental sobre la distancia entre el ingreso y la utilidad:
"Yo le compro a la marca por 100 y lo vendo en 110. Bueno, ahí está mi margen bruto. Pero luego de esos 10 pesos tengo que pagar salarios, comisiones, la luz, la electricidad, ¿cuánto me queda? Muy poco", plantea Eduardo Sverdlin, director de Grupo Kasa Automotriz.
Sverdlin precisa que ni siquiera las marcas con mejor desempeño comercial traducen ese volumen de ventas en rentabilidad alta. "En ninguna marca tenemos un margen neto del 10%. Exactamente. Las mejores marcas tenemos un margen del 5%", afirma el directivo, en referencia a la utilidad neta que queda en caja tras cubrir la operación.
La AMDA sitúa la utilidad antes de impuestos del conjunto del sector en un rango de entre 1% y 3% sobre las ventas: por cada 100 pesos vendidos, una agencia obtiene entre uno y tres pesos de utilidad antes de impuestos. Esa franja tan estrecha deja a las agencias con poco colchón ante cualquier cambio en sus costos fijos, desde el financiamiento del inventario hasta la nómina o las comisiones de venta.
El efecto sobre la tasa efectiva
Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA, describe el mecanismo que, según el organismo, convierte el tope en una carga desproporcionada para los negocios con menor rentabilidad. "Al tratarse de una fórmula algebraica, la medida no considera la capacidad contributiva, al contrario, a menor margen, mayor tasa efectiva", señala Rosales Zárate.
Las proyecciones del organismo, elaboradas a partir de distintos escenarios de margen, no modifican la tasa legal del ISR, que se mantiene en 30%. Lo que cambiaría, según sus cálculos, es la relación entre el impuesto pagado y la utilidad real: una distribuidora con 2% de margen pasaría de una tasa efectiva de 30% a 50%; con 1% de margen llegaría a 100%; y con apenas 0.5% de utilidad, la tasa efectiva alcanzaría 200%.
Ese salto implicaría que una agencia pagaría en impuestos más dinero del que efectivamente ganó en el periodo, obligándola a cubrir la diferencia con recursos destinados a inventario, nómina o inversión. Para los concesionarios con márgenes de apenas un peso por cada 100 vendidos, el espacio para absorber ese costo adicional sin comprometer su liquidez es prácticamente nulo.
Más puntos de venta y márgenes más apretados
El ajuste fiscal llega en un momento de expansión acelerada de la red de distribución automotriz. Sverdlin señala que el número de establecimientos pasó de 3,091 al cierre de 2025 a 3,301 en lo que va de 2026, un incremento de 7% según la base de datos que consulta el sector. La apertura de 210 nuevos puntos de venta responde en parte a la llegada de marcas chinas al mercado mexicano.
Esa expansión fragmenta la demanda entre un número creciente de competidores y obliga a cada agencia a un esfuerzo mayor para sostener su volumen de ventas y cubrir sus costos fijos. En un negocio donde vender más no garantiza ganar más, la combinación de márgenes reducidos, mayor competencia y un tope fiscal más estricto estrecha el espacio para el error.
La presión sobre la rentabilidad no es exclusiva del sector automotriz: otros giros de consumo en México han reportado el encarecimiento de insumos, como la turbosina, que subió 26.2% en un año según Pemex. La diferencia, insiste la AMDA, es que en la distribución de autos el margen estructuralmente bajo convierte un cambio contable en una amenaza de cierre.
La discusión no es inédita en el diseño fiscal mexicano. La deducibilidad de gastos ha sido un terreno recurrente de fricción entre el fisco y las empresas desde la creación del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) en 2007, un gravamen que también limitaba deducciones para ensanchar la base recaudatoria y que fue derogado en 2013 por los efectos que, según sus críticos, provocaba sobre compañías con márgenes bajos. La AMDA sostiene que el tope de 96.6% reproduce esa distorsión al no distinguir entre la evasión mediante facturación apócrifa y la baja rentabilidad propia del negocio.
La reforma se encuentra en la revisión constitucional que corresponde a la Cámara de Diputados, luego de que el dictamen fuera modificado en el Senado. De esa revisión depende, plantea la industria, si el ajuste termina golpeando a una cadena de distribución que, según la AMDA, genera unos 180,000 empleos directos en el país.