El GAFI, organismo internacional encargado de combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, justificó la salida de los cuatro países en la mejora exhibida en "su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo". La lista gris agrupa a las jurisdicciones que, sin estar en la categoría más severa —la "lista negra"—, quedan sometidas a un seguimiento intensificado por deficiencias estratégicas en sus controles financieros.
La permanencia en ese listado no implica sanciones automáticas, pero sí un escrutinio reforzado que encarece el acceso de esos países al sistema financiero internacional: las entidades extranjeras aplican controles adicionales a las operaciones vinculadas a jurisdicciones marcadas, lo que eleva los costos de transacción y desalienta la inversión. Salir de la lista revierte buena parte de ese estigma reputacional.
Para Mónaco, la exclusión cierra un periodo de vigilancia iniciado tras las evaluaciones que detectaron debilidades en la supervisión de su plaza financiera. Bulgaria, único país de la Unión Europea que figuraba en la lista, había sido incorporada en 2023, lo que generó presión política dentro del bloque comunitario. República Democrática del Congo y Costa de Marfil, por su parte, habían sido incluidas más recientemente en el marco de la vigilancia reforzada sobre economías del África subsahariana.
En la misma sesión, el pleno acordó acelerar significativamente la aplicación efectiva de las Normas del GAFI sobre activos virtuales en las jurisdicciones con actividad relevante en este ámbito. El organismo apuntó directamente al papel de las criptomonedas y otros activos digitales en las operaciones de lavado.
El GAFI "reconoció la necesidad de fortalecer urgentemente las defensas de los países frente a la creciente amenaza que supone el uso indebido de activos virtuales para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo", según el comunicado del pleno. El mensaje subraya el desfase entre la velocidad de innovación del sector cripto y la capacidad regulatoria de los Estados.
El pleno aprobó además un "informe histórico que eleva la lucha contra el fraude y las estafas a la categoría de prioridad mundial". El organismo sostuvo que este documento proporciona una base sólida para que el GAFI y su Red Global intensifiquen sus esfuerzos:
"Para que el GAFI y su Red Global intensifiquen sus esfuerzos para identificar, desarticular y privar a las redes criminales que operan tras estas actividades de sus ganancias ilícitas", señaló el organismo en su comunicado plenario.
El viraje hacia el fraude como prioridad responde a la magnitud del fenómeno. El propio GAFI ha advertido sobre la "epidemia" del fraude, que deja pérdidas anuales estimadas en un billón de pesos, una cifra que evidencia la escala económica de las estafas digitales a nivel global.
Normas del GAFI y Red Global
El GAFI fija los estándares internacionales contra el lavado de dinero mediante sus Recomendaciones, el marco de referencia que los países adoptan en su legislación interna y que después se evalúa en rondas periódicas. México es miembro pleno del organismo y ha sido objeto de evaluaciones mutuas que han señalado áreas de mejora en su régimen antilavado.
El propio diseño del sistema genera tensiones con los países evaluados. Como se ha argumentado desde el sector financiero, el GAFI "no tiene que ser dogma ni camisa de fuerza, hay recomendaciones imposibles en la práctica", una crítica recurrente sobre la rigidez con que se aplican los estándares a economías de distinta capacidad institucional.
El caso ilustra la dinámica de entrada y salida que caracteriza al mecanismo: la lista gris no es una condena permanente, sino un instrumento de presión destinado a forzar reformas verificables. La exclusión de los cuatro países llega después de que cada uno completara los planes de acción acordados con el organismo, bajo verificación técnica del propio GAFI.
La presión internacional sobre las jurisdicciones con controles débiles tiene antecedentes directos en la región. En México, el escrutinio sobre la transparencia de las finanzas públicas y el combate al lavado ha derivado en señalamientos recurrentes, como el reciente caso en que un diputado priista acusó a Morena de frenar la comparecencia de un titular estatal, muestra del peso que las instituciones de control han adquirido en el debate público.
La decisión mantiene el foco regulatorio desplazándose hacia los activos virtuales y el fraude digital, los dos frentes que el pleno de este viernes identificó como prioridades de la próxima etapa de trabajo del organismo y su red de socios en todo el mundo.