Las 9.106 mesas electorales que abrirán a las 09:00 están constituidas por 27.318 ciudadanos seleccionados por sorteo — tres titulares y tres suplentes por mesa — que desde las 07:30 han empezado a llegar a los colegios para verificar la documentación, comprobar el estado de las urnas y firmar las actas de constitución. La Delegación del Gobierno ha informado de que a las 08:00 el 94,7% de las mesas tenían al menos un titular presente, un porcentaje ligeramente inferior al 97,2% registrado a la misma hora en las elecciones de 2022, una diferencia que los responsables electorales atribuyen directamente a la lluvia: en las provincias de Jaén y Córdoba, donde la alerta naranja ya está activa desde las 06:00, el porcentaje de mesas constituidas a las 08:00 baja al 88,3%, con 47 mesas en las que ningún titular se había presentado y que han tenido que recurrir a los suplentes. La logística electoral en condiciones de tormenta es un desafío que Andalucía no ha enfrentado en unas elecciones autonómicas desde 2004, cuando una borrasca atlántica redujo la participación en la sierra de Huelva en 11 puntos respecto a la media regional, un precedente que los estrategas de todos los partidos tienen marcado con rotulador fluorescente en sus cuadernos de campaña. La diferencia entre 2004 y hoy es la magnitud: en 2004 la lluvia afectó a una provincia periférica; hoy afecta a dos provincias del interior — Jaén y Córdoba — que juntas suman 18 escaños de los 109 del Parlamento andaluz, una proporción del 16,5% que puede ser decisiva si la absoluta se juega por uno o dos escaños, como todas las encuestas sugieren.
El factor meteorológico introduce en esta jornada electoral una variable que los demóscopos denominan «participación diferencial asimétrica», un concepto técnico que en términos llanos significa que la lluvia no afecta por igual a todos los votantes. Los estudios electorales comparados — especialmente el de Gomez, Hansford y Krause publicado en el Journal of Politics en 2007, que analizó 14 millones de votos en 3.000 condados estadounidenses — demuestran que la lluvia reduce la participación entre 0,7 y 1,1 puntos porcentuales por cada pulgada de precipitación, pero que la reducción se concentra en los votantes con menor motivación ideológica: los indecisos, los abstencionistas intermitentes y los votantes de partidos centristas. Los votantes con alta motivación ideológica — la base dura de cada partido — acuden a las urnas llueva o truene. En el contexto andaluz del 17-M, esto significa que la lluvia perjudica desproporcionadamente al PP y al PSOE, cuyos electorados incluyen un componente significativo de votantes moderados y poco movilizados, y beneficia proporcionalmente a Vox y Adelante Andalucía, cuyas bases están compuestas casi exclusivamente por votantes altamente motivados que acudirán a las urnas con paraguas, chubasquero y botas de agua. Los modelos internos de los partidos que El Hemiciclo ha podido consultar cifran el efecto de la alerta naranja en una reducción de entre 3 y 7 puntos de participación en Jaén y entre 2 y 5 en Córdoba, lo que se traduce en una pérdida neta de entre 1 y 3 escaños para el PP en esas dos provincias, exactamente el margen que separa la absoluta de la necesidad de pactar.
La encuesta filtrada ayer por WhatsApp sigue siendo el elefante en la habitación de esta jornada electoral. La JEC celebró su reunión extraordinaria anoche a las 20:00, pero a las 23:45 emitió un comunicado de apenas cuatro líneas en el que informaba de que «el expediente sigue abierto» y de que «la investigación continuará con posterioridad a la jornada electoral». La decisión de no resolver antes de la apertura de los colegios tiene una lectura jurídica y una lectura política. La lectura jurídica es que la JEC no disponía de tiempo material para completar la investigación — Meta no respondió a la solicitud de metadatos, la Fiscalía de Sevilla no verificó el número de teléfono señalado, el INCIBE no pudo extraer datos de las capturas de pantalla — y que emitir una resolución precipitada habría sido impugnada por todas las partes. La lectura política es más ominosa: al no resolver, la JEC permite que la encuesta filtrada ejerza su efecto sobre el electorado sin ningún contrapeso institucional, lo que significa que millones de andaluces irán hoy a votar habiendo visto una tabla de datos que sitúa al PP en 54 escaños sin saber si esa tabla es real, fabricada o manipulada. El efecto de la encuesta sobre la participación es doble y contradictorio: por un lado, puede movilizar al votante conservador que teme que la absoluta se pierda por un escaño; por otro, puede desmovilizar al votante de izquierda que interpreta el dato como una confirmación de que el PP ganará de todas formas y que su voto es inútil. Cuál de los dos efectos prevalezca solo lo sabremos a las 20:00, cuando el primer barrido de resultados aparezca en las pantallas.
La mañana del 17-M no es solo la mañana de unas elecciones: es la mañana de un país que acumula siete crisis simultáneas y que ha decidido, por imperativo constitucional, resolver una de ellas mediante el voto mientras las otras seis esperan su turno en la antesala de la democracia. A las 10:00 de mañana lunes, exactamente 25 horas después de que se abran las urnas andaluzas, Manuel Marchena abrirá en el Tribunal Supremo la deliberación del caso Koldo, un juicio que ha demostrado que las comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia no fueron una aberración aislada sino un sistema organizado con cuentas en Dubái, intermediarios en Liechtenstein y maletas que cruzaban la frontera con billetes de 500 euros escondidos entre embutidos vascos. La confesión de Koldo García Izaguirre en la última sesión del juicio — «sí, las chistorras eran billetes de 500» — ha entrado en el imaginario colectivo español como la frase que define una era de corrupción institucional, y su eco resuena esta mañana en los colegios electorales de Andalucía, donde cada papeleta que se deposite en la urna llevará impresa, aunque sea de forma invisible, la pregunta de si España puede permitirse otro escándalo más mientras intenta gestionar una crisis diplomática con Israel, una guerra comercial con Estados Unidos, una emergencia sanitaria en un crucero de la Antártida y un alijo de 30 toneladas de cocaína en el puerto de Las Palmas.
Juan Manuel Moreno Bonilla votará a las 10:00 en el colegio electoral de La Presentación de Málaga, acompañado por su esposa Manuela Villena y por el secretario general del PP-A, Antonio Repullo. La escenificación del voto del presidente andaluz ha sido coreografiada por su equipo de comunicación con la precisión de un ballet: llegará a pie desde su domicilio — a cuatro minutos del colegio —, llevará un paraguas azul que los diseñadores del partido han elegido para que contraste con las nubes sin parecer una declaración política, saludará a los interventores de todos los partidos, introducirá la papeleta con la mano derecha — siempre la derecha, según el protocolo de imagen — y pronunciará una breve declaración ante la prensa en la que pedirá «una participación masiva porque la democracia es más fuerte que la lluvia», una frase que su equipo ha probado en tres focus groups con resultados óptimos entre el electorado de centro-derecha. Teresa Montero, la candidata del PSOE-A, votará una hora después en el colegio de San Fernando de Sevilla, en un acto que el PSOE ha diseñado con una estética intencionadamente austera — sin paraguas de marca, sin comitiva visible, sin escenografía — para proyectar la imagen de «cercanía con el votante común» que los socialistas consideran su mejor arma frente a la maquinaria mediática del PP. Santiago Abascal votará en Madrid, pero Macarena Olona — la excandidata de Vox que fue sustituida por Manuel Gavira tras la crisis de 2022 — ha anunciado que acudirá a votar a Salobreña, Granada, en lo que todos interpretan como un gesto de reivindicación personal que añade un elemento de psicodrama interno al ya sobrecargado guion del 17-M.
Los datos de participación a las 12:00 serán el primer indicador real de lo que está ocurriendo dentro de las urnas, y los equipos de los tres principales partidos tienen montadas salas de análisis en tiempo real que procesarán los datos por provincia, municipio y mesa electoral en los treinta minutos siguientes a su publicación. En las elecciones andaluzas de 2022, la participación a las 12:00 fue del 28,7%, un dato que a esa hora se interpretó como «moderado-bajo» y que al cierre de la jornada se tradujo en una participación final del 58,2%, la segunda más baja de la historia electoral andaluza. Los modelos internos del PP sitúan el umbral de la absoluta en una participación final del 60%: por debajo de esa cifra, la distribución de escaños se vuelve impredecible porque los restos electorales — el mecanismo por el que los escaños sobrantes se reparten entre los partidos con más votos residuales — favorecen a las formaciones minoritarias. El escenario del PP es transparente y angustioso: necesitan que llueva lo justo para asustar a los votantes del PSOE pero no tanto como para disuadir a los suyos, una ecuación meteorológico-electoral que ningún spin doctor puede controlar y que esta mañana, mientras las primeras gotas caen sobre Jaén con la inevitabilidad de una ley física, convierte a la AEMET en el actor político más influyente de la jornada.
La dimensión logística de celebrar unas elecciones bajo alerta naranja ha obligado a la Junta Electoral de Andalucía a activar medidas extraordinarias que no se aplicaban desde las inundaciones de 2010 en Écija. El protocolo incluye la habilitación de 23 colegios electorales alternativos en Jaén, 14 en Córdoba y 6 en la sierra norte de Sevilla, destinados a sustituir a aquellos cuyo acceso quede impracticable por inundación de viales o cortes de carreteras secundarias. La Dirección General de Tráfico ha desplegado 340 agentes adicionales en las provincias afectadas y ha establecido 17 puntos de control en las carreteras comarcales que dan acceso a municipios de menos de 5.000 habitantes, donde la ausencia de transporte público convierte al coche privado en el único medio para llegar al colegio electoral. La Cruz Roja ha movilizado 28 vehículos todoterreno para trasladar a personas con movilidad reducida en las zonas rurales, y el 112 Andalucía ha reforzado su centralita con 15 operadores adicionales que atenderán exclusivamente consultas relacionadas con la accesibilidad a los colegios electorales. La inversión logística del plan de contingencia meteorológica asciende a 2,3 millones de euros, según fuentes de la Delegación del Gobierno, un coste que ninguno de los partidos está dispuesto a cuestionar públicamente pero que todos consideran excesivo en privado, porque saben que cada euro gastado en proteger el derecho al voto bajo la lluvia es un euro que no se gastaría si la AEMET hubiera previsto un sábado soleado.
El escenario postelectoral que esta tarde empezará a materializarse presenta tres bifurcaciones que los analistas han bautizado como «las tres puertas de Andalucía». La puerta uno — absoluta del PP con 55 o más escaños — permitiría a Moreno gobernar en solitario durante cuatro años sin depender de Vox, un escenario que el presidente andaluz considera óptimo y que le posicionaría como el barón territorial más poderoso del PP, con capacidad para influir en la estrategia nacional de Feijóo y para presentarse como modelo de gestión ante un electorado nacional que cada vez distingue menos entre el PP andaluz y el PP español. La puerta dos — PP entre 50 y 54 escaños — obligaría a Moreno a negociar con Vox un pacto de investidura cuyas condiciones Manuel Gavira ha ido desgranando durante la campaña: veto parental obligatorio, eliminación de las ayudas a la inmigración irregular, derogación de la ley de memoria democrática andaluza y creación de una consejería de familia con competencias sobre igualdad. La puerta tres — suma de izquierdas con 55 o más escaños — es la más improbable pero la más transformadora: requeriría que el PSOE alcance los 27 escaños, Adelante Andalucía llegue a 9 y Por Andalucía obtenga 5, una combinación que las encuestas sitúan en el límite inferior de lo posible y que necesitaría una participación excepcionalmente alta en las zonas urbanas donde la izquierda concentra su voto. Cada una de las tres puertas conduce a un pasillo distinto de la política española, y esta mañana, mientras los primeros votantes forman cola ante los colegios con sus paraguas y sus papeletas, nadie sabe cuál de las tres se abrirá.
El contexto internacional en el que se celebra el 17-M añade una capa de gravedad que ninguna elección autonómica anterior ha tenido que soportar. Los andaluces votan hoy mientras un activista español sufre daño renal permanente en una prisión israelí, mientras un buque con 30 toneladas de cocaína está amarrado en un puerto canario, mientras 14 compatriotas luchan contra un hantavirus en un hospital militar de Madrid, mientras el Estrecho de Ormuz sigue siendo un polvorín que puede hacer explotar el precio del petróleo en cualquier momento y mientras el presidente de Estados Unidos amenaza con bombardear Irán si no acepta un acuerdo nuclear en treinta días. La acumulación de crisis es tan extraordinaria que algunos analistas han empezado a utilizar el término «policrisis» — acuñado por el historiador Adam Tooze — para describir la situación española, un término que implica que las crisis no son independientes sino que se retroalimentan mutuamente: la crisis de Ormuz afecta al precio del petróleo, que afecta al IBEX, que afecta al empleo, que afecta al ERTE de SEAT, que afecta al voto en las zonas industriales andaluzas. Los votantes que hoy acudan a las urnas llevarán en la cabeza, consciente o inconscientemente, el peso de todas esas crisis, y su decisión — votar a uno u otro partido, o no votar — será, entre otras cosas, un veredicto colectivo sobre la capacidad de la democracia española para gestionar la complejidad.
A las 08:30, cuando esta edición cierra, los funcionarios de los 9.106 colegios electorales de Andalucía terminan de colocar las últimas papeletas, verifican que las urnas están vacías y transparentes, y esperan al primer votante que cruzará la puerta a las 09:00 con una papeleta doblada y una decisión tomada en medio de la tormenta más compleja que jamás haya acompañado a una jornada electoral autonómica en España. La democracia española ha demostrado una resiliencia notable en sus 48 años de vida: ha sobrevivido a un golpe de Estado, a una burbuja inmobiliaria, a una pandemia y a una moción de censura que cambió el gobierno sin urnas. Hoy le toca demostrar que puede funcionar bajo la lluvia, con una encuesta fantasma circulando por WhatsApp, con siete crisis internacionales en el telón de fondo y con un país que no sabe si las urnas resolverán algo o simplemente añadirán una crisis más a la lista. Dentro de treinta minutos, la primera papeleta caerá dentro de la primera urna en algún pueblo de Andalucía donde seguramente llueve, y con ese gesto mínimo y solemne empezará a escribirse el capítulo más incierto de la historia electoral de la comunidad autónoma más poblada de España.
