El caso Azud nació como una investigación centrada en el Ayuntamiento de Valencia, donde se habría producido el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública, presuntamente mediante facturas ficticias emitidas por empresas adjudicatarias. Con el paso de los años, la instrucción se ha ido extendiendo a otras piezas, entre ellas la que ahora sitúa el foco en la financiación de la campaña electoral del PSPV de 2007.
El pago a cinco empresas de campaña
Según el auto de la magistrada instructora, las comisiones habrían sido abonadas a José Luis Vera, abogado vinculado al PSOE valenciano, con el objetivo de obtener recursos hídricos para el Programa de Actuación Integrada (PAI) del Espartal, en Jijona. La operativa habría implicado a Aquamed, sociedad estatal de gestión del agua, y a uno de sus altos responsables, Joan Navarro, quien —según recoge la resolución judicial— «procuró y consiguió» que el Ayuntamiento de Jijona firmara un acuerdo de intenciones sobre suministro hídrico.
La juez señala también que la intervención de Aquamed resultó «altamente beneficiosa» para el empresario promotor del PAI, Jaume Febrer, en la medida en que el Estado asumió el coste de ampliar la desaladora vinculada al proyecto, en beneficio de los intereses mercantiles de este último. A cambio de esa actuación, indica el auto, «se tuvo que pactar con el PSOE una serie de gastos consistentes en un abono de 484.480,46 euros a cinco empresas que realizaron los actos electorales para el PSOE en la campaña del año 2007».
El escenario temporal es central en el relato judicial. El 3 de febrero de 2007, el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, participó en un acto en el Polideportivo de la Universidad Carlos III de Leganés (Madrid) en el que se proclamó «inflexible» frente a la corrupción urbanística, uno de los asuntos que entonces concentraba mayor atención mediática y judicial en España durante los años de mayor expansión inmobiliaria.
En ese mismo acto, Zapatero elogió a la conductora del evento, Carmen Alborch, entonces candidata del PSPV a la alcaldía de Valencia en las elecciones municipales de mayo de 2007. Alborch, fallecida en 2018, encabezaba una candidatura en la que figuraban, entre otros, José Luis Ábalos —más adelante secretario de Organización del PSOE— y Rafael Rubio, que ocupó el número dos de la lista, justo detrás de la propia candidata.
Rubio, que llegaría a ser subdelegado del Gobierno en Valencia durante la etapa de Pedro Sánchez, figura entre los 38 investigados para los que la instructora ha solicitado ahora la apertura de procedimiento abreviado en el caso Azud. Su presencia en la lista electoral de 2007, en el número inmediatamente posterior a la candidata, sitúa su perfil político en la pieza relativa a la financiación de aquella campaña.
El procedimiento abreviado es la fase procesal previa a la apertura de juicio oral en el proceso penal ordinario, regulada en los artículos 780 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Su dictado no implica condena ni supone, por sí mismo, la culpabilidad de los investigados: traslada a las partes acusadoras —Ministerio Fiscal y, en su caso, acusaciones particulares— la decisión de formular escrito de acusación, tras lo cual corresponderá a un tribunal decidir sobre la apertura del juicio.
El caso Azud se inserta en una larga serie de causas de corrupción urbanística que afectaron a distintos ayuntamientos españoles durante el ciclo inmobiliario previo a 2008. Precedentes como el caso Gürtel, que salpicó a estructuras del PP en varias comunidades, o el llamado caso Malaya en Marbella —con la disolución del consistorio en 2006— ilustran cómo la adjudicación de suelo y licencias se convirtió en un foco recurrente de instrucción penal en aquellos años.
Ni el PSOE ni el PSPV han remitido hasta el momento una posición pública detallada sobre este auto concreto, más allá de las declaraciones generales que en su día formularon representantes del partido sobre otras piezas del caso Azud, en las que apelaron a la presunción de inocencia de los investigados y a su colaboración con la Justicia. Ábalos, por su parte, se encuentra inmerso en otros procedimientos judiciales derivados de su etapa como secretario de Organización, en los que ha reivindicado su inocencia.
La gestión de recursos hídricos en la Comunidad Valenciana, marcada por la escasez estructural y la dependencia de infraestructuras de desalación, ha sido objeto de escrutinio recurrente por parte de tribunales y órganos de control en distintos ejercicios. La sociedad estatal Aquamed, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, gestiona buena parte de las infraestructuras de desalación del arco mediterráneo, cuya financiación con fondos públicos aparece ahora en el centro del relato judicial.
El proceso sigue su curso con el traslado del auto a las partes, que dispondrán de plazo para presentar sus escritos de calificación. De confirmarse la apertura de juicio oral, la causa entraría en una nueva fase en la que se determinaría qué órgano judicial asumiría el enjuiciamiento de los 38 investigados, en función de la naturaleza de los delitos finalmente imputados, entre los que la instrucción ha apuntado a cohecho, malversación y falsedad documental. Contra el auto de procedimiento abreviado cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Valencia.
