La reclamación no constituye una decisión de la OCDE ni de ninguno de sus países miembros: es una petición formulada unilateralmente por un despacho de abogados privado ante la organización internacional que coordina la cooperación tributaria entre jurisdicciones. El anuncio se dirige a los países que mantienen con España acuerdos de intercambio automático de información fiscal, el instrumento con el que las administraciones tributarias se comunican datos sobre cuentas, rentas y patrimonio de contribuyentes con actividad transfronteriza.
Amsterdam & Partners sustenta su petición en las conclusiones del 36 Congreso de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, celebrado en Toledo, donde los inspectores denunciaron injerencias políticas en la gestión del organismo, revelaciones de información confidencial de contribuyentes por parte de responsables ministeriales y un sistema de objetivos de gestión que calificaron de abusivo. Los inspectores describieron la situación de la Agencia Tributaria como «la peor crisis de su historia», una expresión que el bufete recoge ahora para fundamentar su reclamación ante la OCDE.
El despacho añade a su argumentación datos de la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales (SBEES), entidad vinculada a la patronal catalana Foment del Treball, según los cuales España ocupa el puesto 24 de los 27 países de la Unión Europea en el índice de complejidad fiscal. El mismo organismo cifra en 21.900 millones de euros anuales el coste derivado del exceso de complejidad tributaria y la conflictividad asociada, una cantidad que equivaldría aproximadamente al 1,3% del PIB español.
Para Amsterdam & Partners, estas cifras confirman los problemas de un modelo que perjudicaría tanto a los contribuyentes españoles como a los inversores extranjeros que buscan desarrollar actividad económica en España. El bufete reclama, entre otras reformas, la eliminación del sistema de incentivos que, a su juicio, premia a los funcionarios de Hacienda por incrementar el volumen de liquidaciones tributarias practicadas.
«No se puede confiar a España la información fiscal de los contribuyentes», sostiene Amsterdam & Partners LLP en el anuncio publicado en el Financial Times.
El despacho exige además acabar con las exigencias de pago previo para recurrir determinadas decisiones fiscales, una práctica que considera lesiva para los derechos de los contribuyentes y que, según defiende, prolonga durante años los litigios con la Agencia Tributaria. Este requisito —que obliga al contribuyente a desembolsar la cantidad reclamada antes de que un tribunal se pronuncie sobre el fondo— ha sido objeto de controversia reiterada en el ámbito tributario español. La jurisprudencia del Supremo sobre derechos de los contribuyentes ha venido matizando prácticas de la Administración en asuntos como el derecho de repetición de las aseguradoras.
El mecanismo de intercambio automático que ahora señala el bufete arranca del Estándar Común de Información (CRS) impulsado por la OCDE en 2014 y adoptado por España, que obliga a las entidades financieras a reportar las cuentas de no residentes para su cruce entre administraciones tributarias. Hasta la fecha, la crítica al funcionamiento de Hacienda procede del ámbito empresarial y de los propios inspectores; la reclamación de suspender ese intercambio no cuenta, por ahora, con respaldo institucional alguno recogido en el anuncio.