El concejal señaló como foco de atracos la zona de la Autopista Norte, en inmediaciones de las calles 165 y 170, donde según la Policía Metropolitana se han denunciado robos a conductores atrapados en los trancones. El 7 de noviembre un hombre fue víctima de un hurto a la altura de la calle 165: de acuerdo con las denuncias, dos sujetos que simulaban ser vendedores ambulantes se acercaron a los vehículos detenidos por la congestión para cometer el atraco.
Frente a esa modalidad, Cubides propuso aumentar el pie de fuerza policial en los horarios de mayor trancón y, sobre todo, identificar a las estructuras que coordinan los robos, comercializan los elementos hurtados y financian la actividad delictiva, en lugar de limitar la respuesta institucional a la captura de quienes ejecutan materialmente los atracos.
Las cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad respaldan la preocupación: entre el 1 de enero y el 13 de julio de 2026 fueron hurtados 1.424 automóviles y 2.068 motocicletas en Bogotá, un total de 3.492 vehículos. En la localidad de Puente Aranda se reportaron 182 vehículos hurtados hasta octubre, de los cuales 32 fueron robados mediante atraco a sus conductores.
El otro frente que puso sobre la mesa Cubides es la extorsión a transportadores. El 2 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación informó sobre la judicialización de seis presuntos integrantes de una estructura vinculada al grupo conocido como Satanás, señalada de extorsionar a transportadores informales en la localidad de Bosa. Según la investigación, los propietarios de los vehículos debían entregar $13 millones mensuales.
De acuerdo con la Fiscalía, entre septiembre de 2023 y junio de 2026 las víctimas habrían pagado más de $270 millones a la estructura. El expediente también vincularía a este grupo con el asesinato de un conductor y su hijo menor de edad, ocurrido el 24 de septiembre de 2023, y con las heridas que sufrió la compañera sentimental de la víctima; según la Fiscalía, el ataque habría sido una retaliación por el incumplimiento de los pagos exigidos.
"Estamos hablando de trabajadores que salen todos los días a buscar el sustento de sus familias y que terminan sometidos a estructuras criminales que pretenden controlar su actividad económica mediante el miedo", afirmó el concejal Nelson Cubides Salazar.
El control político que Cubides reivindica es una de las funciones centrales del Concejo de Bogotá, que según la Constitución y el régimen distrital puede citar a secretarios y autoridades para exigir explicaciones sobre la gestión. El concejal insistió en ejercer esa facultad frente a la seguridad en la movilidad.
"Desde el Concejo de Bogotá debemos insistir en el seguimiento a las políticas de seguridad, exigir explicaciones a las autoridades y promover acciones que permitan proteger a quienes diariamente se movilizan por la capital", agregó.
El llamado se suma a una serie de hechos de inseguridad reportados recientemente en distintas regiones, como el ataque con motobomba que dejó un policía muerto y varios heridos en Algeciras, Huila, que dan cuenta de la presencia de estructuras criminales organizadas en diferentes frentes del territorio nacional.
