Las curules de paz nacieron del proceso de paz de 2016 para darles voz propia en el Capitolio a las víctimas del conflicto armado. Mosquera, abogado nacido en Istmina especialista en Derecho Administrativo y Penal, llegó por primera vez a la Cámara en el periodo 2022-2026 y logró la reelección en marzo con el aval del Consejo Comunitario Mayor de Nóvita (Cocoman), cuya lista pasó de 13.164 votos en 2022 a 23.893 en los comicios más recientes.
Según su declaración de bienes y rentas, publicada en el portal de Función Pública, sus ingresos pasaron de $2.186 millones en 2023 a $12.418 millones en 2024. De esa cifra, $398 millones corresponden a salario, $246 millones a gastos de representación y $53 millones a cesantías. El resto, $11.719 millones, figura bajo el rubro genérico de "otros ingresos y rentas", sin mayor detalle sobre su procedencia.
El formulario de 2023 registraba una inversión en un CDT por $14.118 millones y una deuda por crédito de consumo de $2.316 millones. En el reporte de 2024, el CDT desapareció, el congresista marcó que no tiene inversiones y su deuda bajó a $7,8 millones. Sus diez inmuebles —seis en Quibdó y cuatro en Bogotá— mantuvieron un avalúo conjunto cercano a los $2.000 millones, aunque el detalle sobre su naturaleza —casas, lotes, locales y un parqueadero— desapareció del reporte más reciente, donde todos figuran simplemente como "inmueble".
Investigación en la Corte Suprema
El patrimonio de Mosquera no es el único asunto bajo escrutinio. Para aspirar a una curul de paz, los candidatos deben certificarse como víctimas ante la Unidad para las Víctimas. En noviembre de 2021, el entonces aspirante declaró que seis días antes había sido amenazado por grupos guerrilleros en Istmina y que por eso debió desplazarse. Esa misma entidad, que inicialmente lo certificó, terminó denunciándolo en 2022 ante la Corte Suprema por presunto fraude en el registro, cuando ya ejercía como representante.
Entre los documentos que apuntan al presunto fraude figura una carta de la Secretaría de Gobierno de Istmina según la cual Mosquera no residía en el municipio en la fecha en que dijo haber sido desplazado. En octubre de 2024, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió investigación formal en su contra por los presuntos delitos de fraude en el registro de víctima, fraude procesal y falsedad en documento público agravada.
Su hoja de vida incluye el paso por la secretaría de Educación del Chocó, la inspección de Policía de Istmina y la asesoría jurídica de Cajanal y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. También representó a víctimas de desplazamiento forzado y a familias de Bojayá, uno de los episodios más graves del conflicto armado en el Pacífico colombiano, aunque algunos de sus representados en ese caso aseguran que nunca recibieron la indemnización pactada.
Antes de su carrera como congresista, Mosquera trabajó con el político liberal Augusto Cicerón y luego con el exgobernador del Chocó Patrocinio Sánchez Montes de Oca, condenado en 2010 por peculado culposo tras un convenio de salud por $150 millones con pagos dobles que afectó las finanzas de Quibdó. En su primera campaña al Congreso, el gerente de su lista fue su hermano, Sócrates Mosquera, exalcalde de Istmina por el Partido Liberal.
La ley exige a todos los congresistas publicar cada año su declaración de bienes y rentas y reportar posibles conflictos de interés, el mismo mecanismo de control que en comisiones como la Primera —donde se tramitan proyectos sensibles como el que corre contra el reloj por la Ley de Sometimiento antes de que venza la 418— sirve de filtro al escrutinio público. En el caso de Mosquera, su formulario de 2024 no registra sociedades, juntas directivas ni actividades económicas privadas que expliquen los $11.719 millones consignados como "otros ingresos y rentas".