El bijstand funciona como última red de protección social del sistema neerlandés, equivalente por su función al Ingreso Mínimo Vital español: solo puede percibirse cuando el solicitante carece de ingresos y de patrimonio suficiente para subsistir. La mujer empezó a cobrarlo en diciembre de 2013 como madre soltera, pero meses antes, en julio de ese año, ya había abierto una cuenta bancaria en Marruecos, un dato que el ayuntamiento desconoció durante años.
Según la resolución judicial, la beneficiaria reconoció con posterioridad la existencia de esa cuenta y alegó que la utilizaba para pagar un seguro funerario que permitiera repatriar su cuerpo o el de sus hijos en caso de fallecer fuera de Marruecos. El tribunal no cuestionó esa justificación, pero sí el hecho de que nunca la comunicara a las autoridades neerlandesas, tal y como exige la normativa de asistencia social.
Un piso en Nador a nombre de familiares
En 2017 se formalizó además la compra de una vivienda en Nador, registrada a nombre de la hermana de la beneficiaria y, después, de su hija. El ayuntamiento de Den Bosch consideró que se trataba de una titularidad simulada, y el tribunal dio por plausible que fuera la propia mujer quien financiara la operación, pese a no figurar como propietaria formal.
La investigación que destapó el caso arrancó en mayo de 2024, después de que el ayuntamiento recibiera un aviso que apuntaba a que la mujer trabajaba de forma irregular, que disponía de una vivienda en Marruecos y que mantenía una relación de pareja no declarada. El servicio municipal de empleo e ingresos, Weener XL, abrió entonces una investigación social para verificar esos extremos.
El denunciante llegó a precisar que la mujer habría realizado dos pagos de 37.000 y 30.000 euros por el piso marroquí y que obtendría unos 2.000 euros mensuales limpiando de manera informal. El tribunal no dio esas cifras por acreditadas, a diferencia de la falta de declaración de la cuenta bancaria y de la titularidad económica del inmueble, que sí consideró probadas.
En julio de 2025 el tribunal concluyó que la opacidad financiera mantenida desde 2013 impedía determinar si la mujer tuvo en algún momento derecho real a la prestación, y ordenó la devolución íntegra de lo percibido hasta septiembre de 2024. Tras agotar la vía administrativa, su recurso fue desestimado en julio de 2026, lo que confirmó la reclamación completa, si bien en el cobro se respetará el mínimo inembargable que marca la ley neerlandesa.
Los ayuntamientos de los Países Bajos han intensificado en los últimos años el cruce de datos con administraciones extranjeras para detectar patrimonio no declarado por beneficiarios de prestaciones. La normativa obliga a declarar cualquier vivienda o terreno situado fuera del país, y casos similares, con reclamaciones de hasta 177.000 euros, se han multiplicado en los últimos meses. En España, el control de las prestaciones ligadas a colectivos migrantes también ha generado controversia, como reflejan las denuncias de sindicatos sanitarios de Ceuta sobre circuitos diferenciados para migrantes.
