Durante 32 años, Panamá fue la nota a pie de página de una tragedia ajena. El atentado con coche bomba contra la Asociación Mutual Israelita Argentina dejó 85 muertos y 151 heridos en Buenos Aires el 18 de julio de 1994; la explosión del vuelo de Alas Chiricanas causó 20 muertos —21 con el atacante suicida— al día siguiente, en cielo panameño. Dos expedientes, dos países que durante tres décadas no necesitaron cruzar sus investigaciones. Ahora Rafecas sostiene que fueron un mismo plan ejecutado en dos días consecutivos, y la bisagra entre ambos pasaba, según su resolución, por una caseta telefónica en Colón.
El juez atribuyó la coordinación de los dos ataques al grupo Ansar Allah, al que describe como fachada de la organización paramilitar Hezbollah. Según las sumarias del juzgado, un hombre identificado como Salman Raouf Salman —ciudadano colombo libanés conocido también como Samuel Salman El Reda y por el que Estados Unidos ofrece desde 2023 una recompensa de $7 millones— realizó la primera llamada a Colón el 6 de julio de 1994, repitió el 8 y el 11, y ese mismo día se compró en Buenos Aires la camioneta Renault Trafic usada en el atentado. El vendedor identificó al comprador como Ramón Martínez, un hombre con acento centroamericano.
Para Rafecas, las tres llamadas a Colón tenían el propósito de coordinar las fases preparatorias de ambos atentados para que se ejecutaran en fechas próximas, como efectivamente ocurrió. La resolución señala además comunicaciones entre el grupo que planificó el ataque contra la AMIA y personas que se encontraban en la provincia de Colón en esas mismas fechas.
La triple frontera como retaguardia
La reconstrucción judicial sitúa la decisión de atentar en agosto de 1993, cuando —según la resolución— las máximas autoridades del gobierno iraní encomendaron la operación a Hezbollah. La organización articuló una red de apoyo con base en la triple frontera de Argentina, Brasil y Paraguay: Puerto Iguazú, Foz de Iguazú y Ciudad del Este como retaguardia operativa, Buenos Aires como blanco y Beirut como referencia de las comunicaciones. La investigación añade que los operativos se comunicaban solo por teléfonos públicos, sin llamar desde sus domicilios ni mantener rutina doméstica, para no dejar rastro.
Rafecas dictó el procesamiento de siete iraníes y un libanés: Alí Fallahijan, Alí Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Asghari y Salman Raouf Salman. Todos están prófugos. La decisión abre el camino a un juicio en ausencia, la fórmula que permite procesar al que no comparece. Conviene no confundir la tesis judicial con la sentencia: Rafecas ha procesado, no condenado.
El expediente panameño sigue abierto
En Panamá, la Fiscalía Superior de Homicidio de Descarga, a cargo de Geomara Guerra, investiga a Ali Zaki Hage Jalil por su presunta participación en la explosión del avión de Alas Chiricanas. El imputado permanece detenido tras ser extraditado desde Venezuela el 20 de abril de 2026, luego de ser localizado en la isla de Margarita en una operación de cooperación internacional en la que participó el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). Que la pieza panameña del caso avance por fin con un detenido es una noticia; que haya tardado 32 años en producirse es la medida de una deuda judicial.
El riesgo es que la causa panameña repita el patrón de tantas investigaciones que nacen con detenido y mueren sin sentencia, como ha ocurrido con otras demoras institucionales que han dejado a los más vulnerables pagando de su propio bolsillo. El expediente de casi 600 páginas coloca a Panamá en un lugar incómodo: territorio de paso para coordinar un atentado ajeno.
Treinta y dos años después de que una camioneta estallara en Buenos Aires y un avión cayera en cielo panameño, la justicia argentina ha concluido que ambas historias eran una sola. A la justicia panameña le corresponde ahora decidir si acompaña esa conclusión con algo más que un expediente abierto.