La ironía se sirve sola. En abril, la propia universidad comunicó que se posicionaba, por cuarto año consecutivo, como institución líder en el Ranking Scimago 2026, la clasificación de SCImago Lab y Elsevier que pondera calidad de publicaciones, impacto científico y colaboración académica. Seis meses después, sus investigadores explican que llevan más de un año adelantando con recursos propios pagos que corresponden a la institución. El impacto social, resulta, empieza por no dejar a un científico rogando que una licencia no caduque antes de que llegue el reembolso.
El diagnóstico técnico es sencillo de enunciar y difícil de disculpar. La universidad debía completar en marzo de 2026 la incorporación de todas sus unidades académicas a Istmo. En septiembre todavía hay unidades sin habilitar, y la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado —que administra buena parte de estos fondos— no dispone, según las mismas fuentes consultadas por La Prensa, de las condiciones para tramitar las compras. Las planillas, eso sí, siguieron pagándose sin contratiempos: el problema aparece exactamente donde empieza la ciencia, en insumos, mantenimiento de equipos y licencias.
Que el aparato salarial funcione sin fricciones mientras la ejecución de proyectos de investigación se congela hace que la explicación de un "atraso en la plataforma" empiece a sonar insuficiente. Los $750,000 destinados en 2024 a 120 proyectos de la Convocatoria Universitaria a Fondos de Investigación (CUFI), y los $780,000 asignados en 2025 a otros 126, no son cifras abstractas: son maestrías en Ciencias Biomédicas y Entomología, programas de movilidad y publicaciones ya aceptadas por revistas especializadas que aguardan el pago del cargo editorial.
El atraso obliga a los investigadores a poner dinero propio. En el caso de las licencias de software para análisis estadístico, han pagado para evitar que expiren y esperan los reembolsos. También permanecen pendientes pagos de publicaciones aceptadas y el mantenimiento o reemplazo de equipos de laboratorio, que —según las fuentes— no ha podido gestionarse oportunamente.
Un rector que se va el 30 de septiembre
El rector Eduardo Flores Castro, cuyo período concluye este 30 de septiembre, respondió con una fórmula conocida: reconocer el problema sin comprometer un calendario. Señaló que "todos estos temas se están atendiendo", pero no precisó cuánto tiempo tomará resolver las dificultades. La pregunta que queda abierta es cuándo los $2 millones estimados volverán a moverse, y quién asumirá esa tarea cuando él ya no esté al frente.
La promesa de que un problema "se está atendiendo" sin fecha ni responsable designado equivale, en la práctica, a trasladarlo al sucesor. Solo que aquí el sucesor no hereda un expediente administrativo abstracto, sino investigadores que llevan meses financiando con su salario lo que corresponde al presupuesto universitario. Es el mismo patrón que la fiscalización pública reprocha en otros terrenos del Estado, donde la ejecución tardía convive con presupuestos que nadie termina de presupuestar.
Lo que está en juego no es la comodidad de un puñado de académicos, sino la credibilidad del modelo que la propia universidad exhibe como carta de presentación internacional. Ese prestigio se construye, en la práctica cotidiana, con reactivos de laboratorio comprados a tiempo y licencias que no dependen de la liquidez de quien investiga. El argumento técnico —implementar una plataforma de compras lleva tiempo— se agota cuando el plazo de marzo de 2026 ya quedó atrás por seis meses y nadie ofrece uno nuevo. Entre la excusa y la certeza del investigador que paga de su bolsillo, la diferencia la marca quien tiene menos margen para esperar.