Aceptemos la primera premisa, que es la buena. La libertad de prensa es, en efecto, uno de los pilares del país desde la restauración democrática de 1989, aquella que llegó tras años de censura bajo el régimen militar. Quien haya vivido el silencio sabe lo que vale una voz incómoda. Que la Asamblea lo recuerde en pleno es un servicio a la memoria. Nadie en su sano juicio discutiría que intimidar a un comunicador es un ataque a algo más grande que el comunicador. Bien. Seguimos.
Aceptemos la segunda. El marco normativo vigente contempla que cualquier agresión contra un periodista en ejercicio de su labor sea investigada por el Ministerio Público, instancia encargada de determinar responsabilidades penales con independencia de los pronunciamientos políticos. Es decir: lo que la Asamblea hizo esta semana no tiene efectos penales. Es un acto de respaldo institucional, un gesto. Y los gestos, en una democracia, también cuentan. Aceptado. Un pronunciamiento no mete a nadie preso, pero orienta, acompaña, señala un rumbo. Perfecto. Tercera premisa.
Aceptemos que los gremios tienen razón cuando documentan, década tras década, que las intimidaciones contra comunicadores se dirigen con frecuencia a quienes cubren corrupción, contratos estatales y fiscalización del gasto público. Es decir: no se intimida al que escribe de gastronomía. Se intimida al que mira las cuentas. El periodista peligroso es el que cuenta el dinero ajeno en voz alta. La Asamblea, al repudiar el atentado, está defendiendo precisamente esa función: la del que vigila cómo se gasta lo público. Magnífico. No hay fisura todavía. Sigamos un paso más.
Y aquí llegamos al tramo delicado, el que el propio razonamiento oficial nos obliga a transitar. El pronunciamiento se produjo en la misma semana en que la Asamblea retomaba el segundo debate del Presupuesto General del Estado para 2027, un plan de gastos de $35,111.7 millones, tras una sesión que se extendió por más de 16 horas. En ese mismo proceso de vistas presupuestarias trascendió otra cifra: el presupuesto propio de la Asamblea Nacional ascendería a $203 millones, el doble de lo aprobado para 2026. El doble. En el mismo expediente donde se defiende al periodista que vigila el gasto público, el órgano que lo defiende duplica el suyo. No lo decimos nosotros: consta en las vistas presupuestarias.
Conviene, llegados a este punto, apoyarse en quien supo decir las cosas antes y mejor. Escribió Ricardo Miró que la patria es el recuerdo de pedazos de vida envueltos en jirones de amor o de dolor; y uno recuerda, entre esos pedazos, que fue un periodismo tenaz el que, durante años, documentó caso por caso la intimidación a quienes cubrían contratos y fiscalización. El mismo periodismo que hoy se repudia atacar es el que, si hace su trabajo, preguntará mañana por qué el presupuesto del repudiante se duplicó. La defensa y el objeto de la defensa coinciden en la misma sesión. Y es ahí donde el argumento, seguido con todo rigor, empieza a reventar solo.
Porque sígannos hasta el final. Si la función del periodista que merece protección es, según los propios gremios, vigilar cómo se gasta lo público; y si el mismo pleno que lo protege acaba de aprobarse una partida del doble; entonces el periodista bien protegido, el que haga honor a la protección que le brindan, tendrá como primera obligación preguntar a sus protectores por esos $203 millones. El respaldo institucional, llevado a su conclusión lógica, es una invitación a ser fiscalizados por el fiscalizado a quien se protege. La Asamblea ha blindado, con un comunicado unánime, al oficio que viene a pedirle cuentas. Es un acto de generosidad tan completo que roza el sacrificio: protejo al que me va a examinar, y le pago la protección doblando mi propia caja.
Y hay un segundo tramo, por si el primero no bastara. En esa misma semana la Asamblea revisaba las objeciones del Órgano Ejecutivo a la ley de inteligencia artificial, objeciones que, según se publicó, reabrieron el debate sobre los límites regulatorios al flujo de información. De modo que el pleno defiende el flujo de información cuando toma la forma de un periodista agredido, y discute acotarlo cuando toma la forma de una ley. La información, como el agua del Canal que revirtió en 1999, solo es un bien nacional mientras fluye hacia donde conviene; cuando amenaza con fluir hacia las graderías de la propia Asamblea, el debate sobre sus límites se reabre con puntualidad notable. La coherencia, seguida a conciencia, se deshace en las manos de quien la sostiene.
Quede claro lo que no se discute: que el atentado contra Rolando Rodríguez debe ser investigado por el Ministerio Público, que es a quien corresponde establecer responsabilidades, y que ningún comunicado parlamentario sustituye esa investigación ni la adelanta. Eso es tarea de la fiscalía, no de un repudio. Lo que queda colgando es otra cosa, más modesta y más incómoda: cuando el periodismo que esta semana se repudió atacar vaya la semana próxima a pedir el desglose de esos $203 millones, de la partida duplicada del órgano que tan noblemente lo defendió, ¿quién de los que firmaron el repudio será el primero en contestar el teléfono?