Feijóo ha centrado su intervención en la falta de apoyos parlamentarios del Ejecutivo y en el cúmulo de causas judiciales que afectan tanto al PSOE como al propio Gobierno, en un ejercicio de balance que coincide con el ecuador del año y con el cierre del periodo de sesiones ordinario en las Cortes Generales antes del parón estival, que se prolonga habitualmente hasta principios de septiembre.
La citación de Narbona ante la comisión del Senado obedece a las pesquisas sobre Leire Díaz, exmilitante socialista investigada por su presunta participación en una trama orientada a boicotear causas judiciales que pudieran salpicar al Gobierno. El PP pretende que la presidenta socialista explique el alcance de su relación con Díaz. El caso Koldo, escándalo de contratación pública vinculado al exasesor Koldo García que estalló a comienzos de 2024, ha derivado en múltiples ramificaciones judiciales y parlamentarias.
Una comisión sin efecto jurisdiccional
Las comisiones de investigación en el Senado, amparadas por el artículo 76 de la Constitución y por el Reglamento de la Cámara Alta, carecen de capacidad sancionadora: sus conclusiones no tienen valor jurisdiccional, aunque sí pueden trasladarse a la Fiscalía si se detectan indicios de delito. Esta limitación es habitualmente esgrimida por el PSOE para restar trascendencia judicial a las comparecencias, mientras el PP defiende su utilidad como herramienta de control político al Ejecutivo, un debate recurrente en la política española.
En paralelo, la Audiencia Nacional ha retomado este miércoles el juicio del caso Kitchen, la presunta operación parapolicial destinada a sustraer documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas. La sesión ha estado dedicada a los informes finales de las defensas, entre las que figura la de Jorge Fernández Díaz, titular del Ministerio del Interior entre 2011 y 2016 bajo los gobiernos de Mariano Rajoy. La fase de informes finales precede al fallo, si bien la Sala de lo Penal no ha fijado públicamente una fecha para la sentencia.
Para el PP, el caso Kitchen ha supuesto una de las causas judiciales más incómodas de la última década, al sentar en el banquillo a antiguos altos cargos del Ministerio del Interior y de la cúpula policial. El PSOE ha rechazado en ocasiones anteriores el intento de equiparar ambos frentes, subrayando que Kitchen se circunscribe a una etapa de gobierno del PP y que las causas relacionadas con el caso Koldo se encuentran aún en fase de instrucción, sin sentencia firme sobre ninguno de los implicados.
Una aritmética parlamentaria ajustada
La legislatura arrancó tras las elecciones generales de julio de 2023, que desembocaron en la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de ese año con los apoyos de ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria. Esa mayoría ajustada ha obligado al Gobierno a negociar voto a voto cada iniciativa legislativa relevante, desde los Presupuestos Generales del Estado hasta las reformas sectoriales, un condicionante que Feijóo ha situado como uno de los ejes de la inestabilidad del Ejecutivo de cara al curso que se abrirá en septiembre.
El uso de las comisiones de investigación como arma de control político cuenta con antecedentes notorios en la democracia española. La comisión sobre la financiación del PP derivada del caso Gürtel ocupó la Cámara Alta durante la pasada década, mientras que el caso de los ERE de Andalucía fue objeto de investigación en distintas cámaras autonómicas y nacionales; en ninguno de esos casos las conclusiones parlamentarias tuvieron efecto jurisdiccional directo sobre las causas judiciales paralelas.
Ni la Fiscalía General del Estado ni el Tribunal Supremo han fijado hasta la fecha plazos concretos sobre la resolución de las piezas separadas del caso Koldo que afectan a distintos cargos del entorno socialista, mientras que el caso Kitchen entra en su fase final ante la Audiencia Nacional. Ambos procesos, junto con el balance político trazado por Feijóo, marcarán la agenda de las próximas semanas antes de la reapertura del curso parlamentario en septiembre.
