La legislación suspendida lleva el nombre del fallecido senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, y fue promulgada por el propio Trump apenas el 18 de septiembre. Un mes después, el mandatario eximió de manera temporal la aplicación de varias de sus disposiciones más severas: las sanciones contra personas y entidades vinculadas al gobierno ruso, las restricciones financieras y comerciales, y los aranceles previstos tanto para productos rusos como para mercancías de países que compran hidrocarburos a Rusia.
La orden no elimina las sanciones que Washington ya había impuesto a Moscú mediante decisiones previas del Ejecutivo, pero sí congela la entrada en vigor del paquete más reciente aprobado por el Congreso de EU. Las exenciones permanecerán vigentes hasta que Trump o el secretario de Estado, en consulta con el secretario del Tesoro y el representante comercial de ese país, determinen que corresponde adoptar nuevas medidas. La orden delega además en varios departamentos del gobierno la aplicación de las disposiciones que sí continúan vigentes.
La medida se produce después de que Washington autorizara de forma temporal las operaciones comerciales con diésel de origen ruso, incluida su importación a territorio estadounidense, hasta el 7 de abril de 2027, pese a las sanciones todavía vigentes contra Moscú. Trump había anunciado el 9 de octubre un acuerdo con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para el suministro de ese combustible a los mercados internacionales, con el objetivo declarado de contener los precios de la energía.
Según el propio mandatario, Rusia entregaría en una primera etapa más de 300 mil toneladas de combustible, con envíos adicionales condicionados en parte al estado de sus refinerías. El esquema ha despertado críticas de legisladores de ambos partidos en el Congreso de EU, que cuestionan tanto sus efectos sobre la presión económica contra Moscú como su compatibilidad con la legislación vigente.
Los detractores advierten que los ingresos derivados de la venta de combustible ruso podrían terminar financiando el esfuerzo bélico de Moscú contra Ucrania, mientras la administración defiende que la prioridad es contener el costo de la energía para los consumidores estadounidenses. La controversia se suma a otros episodios en los que Trump ha mostrado una postura cambiante hacia la guerra: el mandatario calificó de "una vergüenza" que Ucrania retomara ataques contra refinerías rusas, al tiempo que ha insistido en que existe una tregua entre ambos países.
Mecanismo de exención a la ley Graham
El uso de una orden ejecutiva para suspender sanciones recién aprobadas por el Congreso de EU no es un recurso frecuente en la política exterior estadounidense. La Constitución de ese país otorga al Ejecutivo amplios márgenes de discrecionalidad en materia de sanciones, pero el Congreso suele reservarse cláusulas de revisión cuando legisla sobre sanciones económicas, para evitar que una administración las desactive sin más trámite. La ley Graham incluía ese tipo de condicionamiento, de ahí que la exención presidencial requiera la justificación formal del "interés nacional" que ahora invoca la Casa Blanca.
El antecedente más cercano de un choque de este tipo entre el Congreso y la Casa Blanca sobre sanciones a Rusia se remonta a 2017, cuando el Congreso aprobó la Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) precisamente para limitar el margen de maniobra del Ejecutivo frente a Moscú, ante el temor de legisladores de ambos partidos de que una administración pudiera flexibilizar unilateralmente la presión sobre el Kremlin. La situación actual reproduce esa misma tensión institucional casi una década después, con el control legislativo buscando de nuevo imponer límites que el Ejecutivo ahora sortea mediante una orden ejecutiva.
La decisión se da en un contexto en el que México ha mantenido una política exterior de no intervención directa en el conflicto entre Rusia y Ucrania, aunque el país sigue de cerca las decisiones de Washington por su impacto en los mercados energéticos globales y en la relación comercial bilateral, particularmente cuando persisten fricciones arancelarias entre ambos gobiernos. En ese frente, trascendió que Lutnick, secretario de Comercio de EU, se habría opuesto a un acuerdo arancelario con México, lo que ilustra la complejidad de la política comercial que despliega la Casa Blanca en distintos frentes simultáneos.
La exención a la ley Graham no ha sido recibida de manera unánime ni siquiera dentro del propio Partido Republicano. Legisladores de ambas bancadas en el Capitolio han cuestionado públicamente que la administración flexibilice sanciones aprobadas con apoyo bipartidista apenas semanas antes, en un momento en que la guerra entre Rusia y Ucrania continúa sin resolución visible pese a los anuncios de treguas parciales hechos por el propio Trump.
El trasfondo geopolítico de la medida remite a la dependencia energética europea del gas y el petróleo rusos, que llevó a Washington y a sus aliados en la Organización del Tratado del Atlántico Norte a construir, desde 2022, un andamiaje de sanciones destinado a cortar el financiamiento de la maquinaria bélica del Kremlin. La reaparición del diésel ruso en los mercados internacionales, ahora con el aval tácito de la Casa Blanca, representa una grieta en ese andamiaje que varios legisladores estadounidenses consideran contraria al espíritu original de la legislación.
El episodio se inscribe en un escenario multilateral más amplio, en el que distintos organismos internacionales han enfrentado sus propias tensiones de gobernanza, como ocurrió en la sexta ronda de votaciones en la ONU donde Grynspan, Rodrigues-Birkett y Grossi recibieron dos vetos cada uno, un recordatorio de que las disputas entre grandes potencias atraviesan hoy múltiples foros diplomáticos.
La orden ejecutiva no fija un plazo cerrado para revertir la exención: establece que las suspensiones continuarán vigentes hasta que Trump o el secretario de Estado, en consulta con el secretario del Tesoro y el representante comercial, determinen que corresponde aplicar de nuevo las disposiciones congeladas de la ley Graham.
