La ley Graham endurece las restricciones financieras y comerciales sobre sectores clave de la economía rusa, desde el energético hasta el bancario, con el objetivo declarado de limitar la capacidad de Moscú para financiar la invasión de Ucrania, iniciada en febrero de 2022. Su suspensión temporal supone la primera pausa significativa en el régimen sancionador estadounidense impulsado por el Congreso.
El mecanismo de "interés nacional" que invoca la Casa Blanca es una cláusula habitual en la legislación de sanciones de Estados Unidos, que permite al Ejecutivo suspender o aplazar su aplicación cuando considera que la seguridad o los intereses diplomáticos del país lo requieren. Esa facultad ya se ha empleado respecto a sanciones contra otros países, aunque rara vez afecta a una norma que honra la memoria de un legislador conocido por su posición de firmeza frente a Moscú.
Para el Kremlin, que definió la decisión como un "momento histórico", cualquier relajación del cerco sancionador estadounidense representa un activo político de primer orden, tanto ante su opinión pública interna como frente a sus socios comerciales, entre ellos China e India, que han mantenido el comercio con Rusia pese a las restricciones occidentales. La medida se produce en un contexto de contactos diplomáticos sobre el futuro de la guerra que se extienden desde hace meses sin un desenlace definido.
La suspensión llega apenas días después de que los líderes europeos cerraran filas con Zelenski y rechazaran relajar las sanciones a Rusia, en una reunión que subrayó las diferencias de enfoque entre Washington y las capitales europeas sobre cómo presionar a Moscú. Esa divergencia transatlántica se agudiza con una decisión que mueve a Estados Unidos en dirección opuesta a la posición europea.
El Congreso, que aprobó la ley Graham con respaldo de ambos partidos, conserva mecanismos para fiscalizar el uso que el Ejecutivo hace de la cláusula de interés nacional, incluidas comparecencias y solicitudes de informes clasificados. Washington registra precedentes de fricción entre el Legislativo y la Casa Blanca por estas prerrogativas: durante la Administración Obama, el Ejecutivo recurrió a renuncias periódicas a sanciones contra Irán en el proceso que desembocó en el acuerdo nuclear de 2015.
Las sanciones occidentales contra Rusia, en vigor de forma escalonada desde la anexión de Crimea en 2014 y reforzadas tras la invasión de 2022, han afectado a la banca, la energía y el acceso a tecnología de doble uso. Su eficacia y alcance han sido objeto de debate constante, en paralelo a episodios de tensión en el entorno del conflicto, como el ataque con drones a dos buques en el mar Negro que Rumanía confirmó e investiga.
La decisión sobre la ley Graham se enmarca en la exploración por parte de la Administración estadounidense de vías de acercamiento diplomático con Moscú para avanzar en una posible negociación sobre Ucrania.
