La Fiscalía había impugnado el fallo de Jaén para mantener asegurado el inmueble, de casi 650 metros cuadrados, como parte del expediente sobre el patrimonio de Carrizo. Tras escuchar a las partes, el tribunal respaldó la postura de la juez de garantías y ratificó la devolución del bien.
El abogado defensor Roberto Moreno sostuvo ante el tribunal que la propiedad fue adquirida con fondos aportados por Julieta Spiegel antes de que Carrizo tomara posesión como vicepresidente, por lo que la operación quedaría fuera del período fiscalizado por la Contraloría General de la República, cuya auditoría forense constituye la prueba central de la causa.
"Se reafirmó de que ese bien fue adquirido antes de que él [Carrizo] fuera servidor público", declaró Roberto Moreno, abogado defensor.
Según la defensa, la compra se formalizó el 24 de mayo de 2019, cuando Carrizo ya era vicepresidente electo, a través de la Fundación Carspi, de la cual él es presidente y representante legal y su esposa figura como vicepresidenta. La propiedad quedó registrada a nombre de la sociedad Nano Properties, Corp., cuya representante legal es Spiegel. La Superintendencia de Sujetos no Financieros informó a la fiscalía que Carrizo es el beneficiario del 100% de las acciones de esa sociedad.
La fiscal superior anticorrupción Patricia Herrera cuestionó ese argumento durante la audiencia, al señalar que, aunque la compra se registró en mayo de 2019, varios pagos para cancelar la deuda del inmueble se realizaron en septiembre de ese mismo año, cuando Carrizo ya ejercía como vicepresidente.
"Varios pagos para cancelar la deuda del bien se llevaron a cabo en septiembre cuando Carrizo era vicepresidente", afirmó Patricia Herrera, fiscal superior.
El apartamento en disputa fue adquirido poco después de que Carrizo asumiera la vicepresidencia en 2019. Antes, el exvicepresidente y su esposa residían en una vivienda modesta en Villa Belén, vía Chigoré, en Penonomé. Carrizo, que cumple detención domiciliaria, fue trasladado a la sala de audiencia bajo custodia policial, donde lo esperaba su esposa.
La causa se suma a la carga que enfrentan las fiscalías anticorrupción, que acumulan unos 6,500 casos abiertos según cifras oficiales. La Fiscalía indicó que, de resultar responsable de los delitos que se le atribuyen, Carrizo podría enfrentar una condena de hasta 24 años de prisión.
La próxima cita procesal está fijada para el 13 de octubre, cuando se celebrará la audiencia de acusación del exvicepresidente, instancia en la que el Ministerio Público deberá formalizar los cargos que sustentan la investigación por enriquecimiento injustificado.